OPERACIÓN TARANTELO

La Guardia Civil apunta a que la trama del atún rojo blanqueó dinero en inmuebles

Un informe remitido por agentes del Instituto Armado a la Audiencia Nacional expone una red societaria opaca usada para “desviar y blanquear fondos de origen presumiblemente ilícito”

Foto: Ejemplares de atún rojo en una granja de engorde de Malta.(Oceana / Keith Ellenbogen)
Ejemplares de atún rojo en una granja de engorde de Malta.(Oceana / Keith Ellenbogen)

La magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se enfrenta al complejo reto de investigar a cerca de 70 actores de una red que los documentos policiales y judiciales califican como “organización criminal” y que habría generado un mercado negro de atún rojo valorado en 25 millones de euros anuales.

Los integrantes de la trama están imputados por delitos contra la fauna, contra la salud pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales, y otros delitos cometidos en el seno de una organización criminal por importar por aire y por tierra unas 2.500 toneladas de atún en ‘B’ cada año. La instrucción de la llamada operación Tarantelo, transferida a la Audiencia a comienzos de 2019 desde un juzgado de Picassent (Valencia), afecta a sociedades e individuos de en seis comunidades autónomas: Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha.

Un informe remitido a la Audiencia Nacional sobre averiguación patrimonial de 24 empresas e individuos, al que ha tenido acceso El Confidencial, apunta a que el Grupo Ricardo Fuentes e Hijos de Cartagena, “no siempre dedicado a la función principal de la pesca industrial”, habría usado “estructuras opacas sugestivas de ser utilizadas” supuestamente “para desviar y blanquear fondos de origen presumiblemente ilícito”. El Grupo Fuentes es hoy el mayor operador mundial de atún rojo, tanto de almadraba como de engorde.

El escrito cursado a la magistrada lista pruebas indiciarias de cómo esa empresa matriz, a cuya cabeza estarían los hermanos José y Juan Pedro Fuentes, habría blanqueado dinero por medio de la compraventa de fincas rústicas y urbanas. Los autores del informe de 441 páginas son guardias civiles adscritos a la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), del Ministerio de Justicia. Las averiguaciones patrimoniales se extienden también a las ramas valenciana y alicantina de la organización, muy especialmente a las empresas Marfishval SL y Pescnort Mar SL y sus directivos. La ORGA sigue investigando.

Los oficiales del Instituto Armado a cargo de operación Tarantelo situaron al Grupo Fuentes en la cumbre de la pirámide de mando de la red de comercio ilegal de atún rojo, según señalaron a este diario en diversas ocasiones. La Guardia Civil resalta que esta empresa matriz y sus propietarios tendrían una “masa patrimonial no nominal que podría resultar imputable y superior al nominal conocido”. Según los investigadores tendrían patrimonio oculto en países como Malta, Francia, Croacia, Italia, Japón y Panamá.

Los representantes legales del Grupo Fuentes presentaron alegaciones ante la magistrada en el que denuncian “claras inexactitudes del meritado informe, algunas de ellas incomprensibles porque corresponden con datos públicos”. Niegan la existencia de estructuras patrimoniales opacas y resaltan que el 100% de las sociedades que conforman el Grupo Fuentes se pueden trazar a partir de su sitio web. Por el carácter multinacional del mayor productor de atún rojo del mundo su fundador, Ricardo Fuentes, y sus seis hijos han expandido su imperio empresarial desde Cartagena hasta Barbate (Cádiz) y a países como Portugal, Francia, Italia, Chipre, Croacia, Marruecos, Túnez, Libia, Malta, Turquía o Panamá.

Dos portavoces de la compañía sostienen que desde 2008, comienzo de la crisis financiera, los Fuentes no han hecho ninguna compra de inmuebles y refutan categóricamente cualquier incriminación por operaciones de blanqueo de capitales a través de la compraventa de inmuebles.

Una de las pruebas indiciarias presentadas por los autores del oficio de la Benemérita es la cancelación sospechosa de una deuda a corto plazo de 60,2 millones de euros que mantenía la la promotora inmobiliaria Ciudad Torrealta SL en 2016 con la empresa de arquitectura Bernabéu Capital Partners SLU, según reflejan las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Ciudad Torrealta estaba controlada por la familia Fuentes y en julio de 2017 se fusionaron Ricardo Fuentes e Hijos y Bernabéu Capital Partners. Los autores del documento aseguran que esa multimillonaria deuda quedó automáticamente reducida a cero euros.

El informe de la ORGA pone el foco sobre otras operaciones de compra de inmuebles realizadas por las sociedades vinculadas a los Fuentes. Como ejemplo, los agentes relatan cómo en 2010 aparentemente se paga un sobreprecio por una finca rústica de regadío en Molina de Segura (Murcia). La cifra de su valor de tasación fue de 14 millones de euros a razón de 248 euros el metro cuadrado cuando precio medio en la región de Murcia de ese tipo de parcelas estaba entonces en 103 euros el metro.

Según ha podido saber El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción está elaborando un oficio detallado sobre los movimientos del capital originado supuestamente en actividades ilícitas de los investigados y que será enviado próximamente a la Audiencia Nacional.

Infracciones en Malta

La directora de Pesca y Acuicultura de Pesca de Malta, Andreina Fenech, fue destituida en febrero de 2019 por la primicia publicada en este diario en la que se desvelaba su implicación en la trama de mercado negro de captura y comercialización de atún rojo entre Malta, Italia, Francia y España. Fenech recibía sobornos de la red española, especialmente de directivos del Grupo Fuentes para favorecer sus intereses en Malta y en la Comisión Europea.

Nuevos documentos obtenidos por este medio contienen informes redactados por el máximo responsable de Pesca del país mediterráneo, Randall Caruana, en el que denuncia a la empresa Mare Blu Tuna Farm Ltd. por actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esa mercantil maltesa dedicada a la pesca, engorde y comercialización de atún rojo es propiedad de los hermanos Massimo Cappitta y John Sebastian Cappitta y de Ricardo Fuentes e Hijos. Dos cartas, firmadas en abril y finales de 2018 y remitidas a la policía maltesa, acusaban a Mare Blu Tuna Farm y sus directivos de hasta 12 delitos, algunos de los cuales conllevaban sanciones económicas máximas de hasta dos millones de euros y penas de prisión de hasta dos años.

En la denuncia de finales de 2018, Caruana cita expresamente como autores de siete delitos a Francisco Fuentes García, José Fuentes García y John Sebastian Cappitta, como directores de la empresa, y a Pedro Martínez González y a Peter Paul Spiteri, como gestores de la granja de engorde de atún rojo número ATEU1MLT00008. El escrito les atribuía, entre otros delitos, actividades pesqueras y de acuicultura no declaradas, atentado contra el medio ambiente, falsificación documental, capturar atún ilegalmente, comprar pescado a delincuentes, o impedir a funcionarios la inspección de las jaulas de la granja citada.

En el primer oficio, datado el 24 de abril de 2018, la Dirección de Pesca y Acuicultura de Malta solicitaba que se investigaran una serie de delitos y / o irregularidades cometidos por Mare Blu Tuna Farm y por el capitán del barco ‘Yaizatun Dos’. El pesquero era en ese momento propiedad de los hermanos Cappitta y Ricardo Fuente e Hijos. Caruana les imputaba cinco delitos por pescar atún rojo sin autorización, transportarlo y transferirlo a las jaulas de engorde de la mercantil maltesa.

El Departamento de Pesca y Acuicultura ha declinado responder a las preguntas de El Confidencial. Por su lado, portavoces del Grupo Fuentes indican que el pasado 6 de noviembre un juez de Malta dictó sentencia contra Massimo Cappitta, quien en sede judicial se reconoció culpable de haber introducido en los viveros de la empresa ejemplares de atún rojo adquiridos a terceros y de procedencia ilegal. La multinacional española duda de si ese fallo aúna la judicialización de ambas denuncias. Este diario no ha podido confirmarlo.

Un portavoz del Grupo Fuentes refiere que cuando El Confidencial comenzó a publicar informaciones sobre la operación Tarantelo, en septiembre de 2018, se produjo una inspección general en todas las granjas de Malta, no solo en la de Mare Blu Tuna Farm. Por esta razón restan importancia a las misivas firmadas por Randall Caruana. Añade que desde entonces la Dirección de Pesca y Acuicultura cursa todas las acusaciones de infracciones y sanciones directamente a la policía y a los tribunales. “Antes se resolvía todo por vía administrativa, nunca por la vía penal”, concluyen.

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