El papel de los tres CDR investigados por terrorismo que abandonan la cárcel

Tres de los CDR investigados por terrorismo ya han pagado la fianza de 5.000 euros para quedar en libertad provisional. Así lo decretó este viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que subraya "su falta de participación en la fabricación y tenencia de explosivos" dentro del grupo que se desarticuló en septiembre. Una vez abonada la cantidad, el tribunal les obliga ahora a comparecer los lunes en el juzgado más cercano a su domicilio y les prohíbe abandonar el territorio español, decisión que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía: la semana pasada cambió su postura y abrió la puerta a que salieran de prisión.

En sus autos, la Sala de lo Penal pondera el riesgo de fuga e indica que es mucho menor que cuando se produjo su encarcelamiento. De los siete miembros de los CDR a los que se investiga por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos, la decisión solo afecta por ahora a Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón y Xavier Buigas. En juez considera que todos ellos formaban parte de los equipos de respuesta táctica (ERT), una organización vinculada a los CDR que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas.

Duch y su "preminente posición"

El papel que jugaba cada investigado se explica en el tomo cuatro del sumario de la causa, en el que consta un informe de la Guardia Civil del 26 de septiembre de 2019. Sobre Duch, el instituto armado apunta a que "ocuparía una preminente posición en la estructura interna del equipo de respuesta táctica, siendo encargado de la guarda y custodia de los equipos de telecomunicaciones utilizados [...] para mantener comunicaciones seguras durante la realización de sus acciones". El propio juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, apuntaba también en uno de sus autos que "tenía un conocimiento avanzado de la planificación terrorista que se estaba gestando en el seno del ERT".

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Aunque la Sala de lo Penal descarta que tuviera "participación en la fabricación y tenencia de explosivos", los seguimientos y pinchazos de los investigadores les llevan a sostener que "habría acompañado al también detenido Jordi Ros a comprar material necesario para la fabricación de material, así como a reuniones clandestinas relacionadas con la fabricación y manipulación de explosivos como la celebrada el día 4 de septiembre de 2019". Sobre su relación con este otro miembro del grupo, encargado de la fabricación de explosivos, la Guardia Civil sostiene que Duch "no solo tendría conocimiento de las actividades que estaba realizando, si no que habría colaborado en las mismas".

Los investigadores le sitúan también en la que se considera una de sus primeras acciones de los ERT: el vertido de aceite en la C-55 el 1 de febrero de 2019 al paso del convoy que trasladaba a los presos del 'procés' de la cárcel de Lledoners a Madrid para ser enjuiciados. Este primer ataque, sin embargo, no tiene comparación con los que preparaban, pues la Guardia Civil apunta a que tenía pleno conocimiento del "plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y tenor ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña", una acción en que mostraba "plena disposición a participar". La conclusión es clara: Duch era "un miembro especialmente activo del Equipo de Respuesta Táctica".

Garzón, el "segundo con mayor peso"

Al igua que Duch, se trata de uno de los conocidos como 'los nueve de Lledoners', el mencionado grupo que vertió aceite en la carretera en febrero de 2019. La Guardia Civil lo define como "el segundo integrante con mayor peso dentro de la organización criminal", para lo que apunta a que coordinaba e impulsaba las acciones de los investigados. Según explican los investigadores, coordinaba "dos células" distintas: una enfocada a las "pruebas para desarrollar la termita", la otra al desarrollo de un proyecto "más avanzado".

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En cuanto a su relación con las sustancias explosivas, en los seguimientos también se advirtió que entregaba 250 euros a Ros "para realizar la compra de diverso material" y, en concreto, un destilador "para aumentar el porcentaje de pureza de ácido nítrico", lo que les permitiría "elaborar un componente explosivo distinto a la termita". Garzón ofreció entonces "mayor financiación económica para este segundo proyecto de creación de explosivos, llegando incluso a intermediar en caso necesario con empresarios afines al movimiento independentista para que éstos contribuyan a financiar la creación de explosivos".

Los investigadores sostienen que su papel "se encontraría en un nivel superior dentro de esta organización criminal": los indicios recabados apuntan a que participó en la supuesta reunión con la hermana de Puigdemont, a que lanzó una "comisión nacional de CDR" para "detectar agentes de cuerpos policiales" y a que ayudó en preparativos del Tsunami Democràtic para ocupar el aeropuerto de El Prat. Con antecedentes por robo con fuerza y atentado contra la autoridad, llegó a publicar en su Twitter una foto de un vehículo de la Guardia Civil junto a la imagen de recreación del atentado de ETA contra Carrero Blanco.

Buigas y el 'CNI Catalán'

La Guardia Civil considera que Buigas era el responsable de "planificar, desarrollar y dar los pasos necesarios" para el asalto del Parlament. En octubre de 2018, él mismo le comunicó a otro de los investigados que "un grupo secreto, denominado 'CNI Catalán', se había puesto en contacto con él para que aportase la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que pretenden ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente". En esa conversación, asegura que dicho "grupo dispone de infraestructura organizada a nivel técnico y táctico", así como de "amplios recursos económicos y capacidad para movilizar a miles de personas".

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Según Buigas, el plan era el siguiente: "La ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlament, ya que se les facilitará el acceso desde el interior. Asimismo, le indicó que él, junto a un reducido grupo de personas, cooperarán con dicho grupo 'CNI', y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionen seguridad y el establecimiento de bases de 'intendencia'. Para ello necesitarían los servicios de Ferrán Jolis, debido a sus amplios conocimientos en el apartado informático y de telecomunicaciones, a efectos de que confeccione una red securizada e indetectable que permita las comunicaciones entre el interior y exterior del Parlament".

Entre los pasos necesarios para lograrlo, se incluiría "la reducción y esposamiento de las fuerzas policiales que lo custodiaran, tratando de neutralizar de este modo el dispositivo policial, para lo cual se habría hecho un estudio pormenorizado de las técnicas y tácticas policiales, tanto uniformados como de paisano". A la vista de estas escuchas y seguimientos, la Guardia Civil apunta a que Buigas era parte del "brazo armado encargado de ejecutar los actos terroristas".