Pendientes de Luxemburgo

El equipo legal de Puigdemont le recomienda que evite España sea o no inmune

Sus abogados consideran que no debe pisar España tenga o no la especial protección que puede ofrecerle la decisión de Luxemburgo

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su abogado Paul Bekaert (i). (Reuters)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su abogado Paul Bekaert (i). (Reuters)

Como en Caperucita. El regreso de Puigdemont a España recuerda la frase del cuento. Ese 'que viene el lobo' que se ha ido transmitiendo en distintas ocasiones a lo largo de los más de dos años que lleva afincado en Waterloo, huido de la Justicia española, que le ha procesado por su participación en el 'procés'. La próxima decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de otro electo como eurodiputado, Oriol Junqueras, parece alentar, otra vez, la repetición de la misma idea. Sin embargo, el equipo legal de Puigdemont lo tiene claro: no debe pisar España tenga o no tenga la especial protección que puede ofrecerle la decisión de Luxemburgo.

Los últimos encargados de ampliar la amenaza de la llegada del 'lobo' fueron Laura Borràs y el presidente del partido en el Parlament, Albert Batet. Tras el encuentro celebrado el fin de semana en Bélgica, ambos insistieron en esa inmunidad que parece rozarse con los dedos. "Tendría libertad de movimiento y podría entrar en Cataluña con todos sus derechos políticos", dijo uno. A su lado, Borràs quiso aparentar prudencia, pero dejando caer el cebo. Indicó que no abordaron en la cita la posibilidad de forma expresa pero remachó, al hilo de una hipotética convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña: "Él es nuestro candidato permanente y legítimo".

En ocasiones, el terreno de la política y el de la estrategia judicial no confluyen. Y esta es una de ellas. Los abogados del 'expresident' consideran que debe permanecer lejos suceda lo que suceda. Pese al inevitable triunfalismo que ha generado la primera valoración del tema elaborada por el abogado general, que 'compraba' todos los argumentos desgranados por el equipo legal y avalaba la libertad de movimientos desde el mismo triunfo en las urnas el pasado mayo, los expertos no las tienen todas consigo.

En primer lugar, no quieren vender la piel del oso antes de cazarlo. Puigdemont y sus abogados son conscientes de que el TJUE puede declinar pronunciarse en el caso Junqueras, indicar que la cuestión prejudicial elevada ha perdido objeto a la vista de los acontecimientos posteriores: una sentencia condenatoria que ya implica, además de la pena de cárcel, una inhabilitación.

El equipo legal de Puigdemont le recomienda que evite España sea o no inmune

En segundo lugar, valoran los tiempos del suplicatorio. Si se le considerara inmune, el instructor del Supremo, Pablo Llarena, reclamaría al Parlamento Europeo permiso para proceder en su contra. La orden europea quedaría paralizada en el entreacto, pero no existe certeza alguna sobre el tiempo que emplearía la Eurocámara para concederlo. En tercer lugar, se dan otros aspectos "imponderables" que hacen desconfiar a los defensores. No hay seguridad al cien por cien de que soslayaría una detención en territorio español. Y ante la duda, mejor la prudencia, indican las fuentes consultadas.

Sobre el papel, las conclusiones del abogado general del tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras son demoledoras para los intereses de la Justicia española. El dictamen, no vinculante y sobre el que fallará el Tribunal de Justicia de la UE el próximo día 19, tendrá, en caso de avalarse, indudables efectos sobre su actual situación.

Tantos que le conferiría una inmunidad inmediata por su elección como eurodiputado y obligaría a permitir su desplazamiento a España sin detención posible, su entrada en el Congreso de los Diputados para jurar el cargo del Parlamento Europeo y el ejercicio de esta función. Al menos durante un tiempo más o menos breve que arrancaría después de que el juez Pablo Llarena instara el suplicatorio ante el Parlamento Europeo, figura que implica pedir permiso parlamentario para proceder penalmente contra uno de sus miembros.

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