Los abogados se rebelan contra Justicia por los impagos del turno de oficio

Guerra abierta entre el Ministerio de Justicia y los abogados que cubren el turno de oficio. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) decidió ayer emprender acciones legales contra el ministerio e incluso pedir la dimisión de Dolores Delgado por cambiar el criterio aplicado hasta ahora y negarse a pagar a los abogados del turno de oficio que no fueron reconocidos posteriormente como justicia gratuita. Una decisión sin precedentes que implica no abonar más de 200.00 euros al mes en los territorios que gestiona, es decir, los que no tienen las competencias de Justicia trasladadas, y que según las asociaciones profesionales precariza aún más un turno de oficio que ya arrastraba otros problemas en el cobro. El Ministerio de Justicia alega que está atado de pies y manos y que la Abogacía del Estado y la Intervención General han detectado irregularidades en el sistema actual.

El ministerio que dirige Dolores Delgado comunicó el jueves a través de una nota de prensa que en la liquidación mensual que se realiza a los abogados este mes no se abonarán los honorarios de los casos en los que no se haya acreditado que el defendido tiene derecho a la justicia gratuita. Sin embargo, la Abogacía considera que el abogado acude a prestar un servicio a través de un requerimiento judicial que es de obligado cumplimiento y, aunque después se considere que ese cliente no tenía derecho a la justicia gratuita, la representación legal ya se ha realizado. "Muchas de esas personas son extranjeras, migrantes o tienen sus bienes embargados", cuentan desde el CGAE, por lo que los abogados en la mayoría de los casos no tienen otra forma de cobrar.

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"Gratis no vamos a trabajar"

Los letrados del turno de oficio no entienden esta decisión, que creen que va a afectar tanto a la defensa de los detenidos como a los propios abogados. "Nosotros esto lo hacemos por vocación, pero gratis no", dice el abogado Luis Álvarez, que es además socio de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). Álvarez, que ha sido abogado en la Audiencia Nacional, explica que, por ejemplo, en un caso de terrorismo o de un detenido que es reclamado por otro país este tiene derecho a que le asista un abogado de oficio. Posteriormente, se rellenan unos documentos para tramitar el acceso a la justicia gratuita, pero si esa persona ha vuelto a su país o ha sido deportada, el procedimiento se archiva o se deniega y en ese caso el abogado no cobraría nunca. Esto ocurre también en el caso de personas que llegan a Barajas pidiendo asilo y tienen derecho a ser asistidas jurídicamente.

En la mayoría de los casos, la posibilidad real de cobrar esos honorarios directamente del justiciable es una quimera

Por eso, Altodo va a convocar a los abogados del turno de oficio a una concentración frente al Ministerio de Justicia el próximo día 20 para exigir que se abonen todos los honorarios e incide en que "no trabajamos probono" y en que su minuta ya es considerablemente baja. "En la mayoría de los casos, la posibilidad real de cobrar esos honorarios directamente del justiciable es una quimera", dicen en la asociación. "Supone admitir 'de facto' la esclavización de un cuantitativo y cualitativo sector de la ciudadanía española, por cuanto se les obliga a prestar un servicio público sin percibir compensación económica alguna".

Un ahorro de dos millones anuales

Desde el ministerio argumentan que el cambio de decisión se basa en que "no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar este servicio con el fin de abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado". Y basan el argumento en un informe realizado por la Abogacía del Estado que las asociaciones profesionales consideran cuestionable porque "la Abogacía del Estado depende directamente del Ministerio". Fuentes del ministerio inciden en que con los informes contrarios de la Abogacía y la investigación puesta en marcha por la Intervención General del Estado están atados de pies y manos y que incluso podría haber responsabilidades penales en caso de aprobar los pagos.

En la práctica, esto implica que el ministerio de Delgado ahorra más de dos millones de euros anuales. El servicio de asistencia jurídica gratuita tiene un presupuesto de 44 millones anuales. En lo correspondiente a la liquidación de octubre, "conforme a la documentación recibida, el ministerio abonará 4.028.858,50€, lo que supone el 95% de lo reclamado inicialmente por los colegios. Solo un 5% del total, 228.499,11 euros, dejará de abonarse", justifica Justicia.

Este recorte afecta casos asistidos siguiendo mandato judicial por abogados del turno de oficio registrados en la denominada 'zona Ministerio', que comprende Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Islas Baleares, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal, Ceuta y Melilla. En su comunicado, Justicia detallaba que 14 de los 24 colegios de abogados del territorio que gestiona recibirán el mismo importe que habían solicitado, lo que implica que solo aprobaban la justicia gratuita cuando estaba reconocida, y el colegio de Burgos ha sido el único de todos que no ha presentado la documentación requerida, por lo que, por el momento, no recibirá importe alguno del mes de octubre.

Piden la dimisión de Delgado

Los abogados piden la dimisión de Delgado y ya han anunciado a través del Consejo que iniciarán acciones legales. El CGAE explica que "la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito" y apunta que abre la puerta a que aquellos colegios de abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.

"El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años", concluye el Consejo, que confía en que los tribunales acaben dándole la razón, porque entiende "fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez".

Devolución de pagos anteriores

Además, en Altodo temen que el Ministerio de Justicia pueda llegar incluso a reclamarle lo cobrado por este tipo de casos en años anteriores. Y es que en su nota informativa, Justicia asegura que "la Intervención delegada, el organismo que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento, ha solicitado además a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos realizados a la Abogacía por este servicio con anterioridad a que estas supuestas irregularidades fueran detectadas".

Los abogados, ante esto, no solo han anunciado movilizaciones, sino que no descartan "la posible adopción de medidas de conflicto colectivo, tales como la renuncia masiva a realizar guardias por parte de los letrados de oficio, la baja masiva en el Turno de Oficio, y la denuncia de esta situación inadmisible ante cuantos organismos nacionales e internacionales proceda".