La tumba del abuelo, en peligro: decenas de familias hallan un ultimátum en sus lápidas

Una semana antes del pasado día de Todos los Santos, el cementerio viejo de la localidad madrileña de Arganda del Rey amaneció como nunca había aparecido. Decenas de lápidas recibían a los familiares del difunto con una pegatina blanca que trasladaba un mensaje claro a los visitantes. "Con motivo de actualizar los datos de la concesión, les rogamos se pongan en contacto con la administración del cementerio", rezaba la frase, que desconcertaba a quienes acudían a visitar los restos de sus seres queridos, muchos de ellos con el corazón en un puño por haber perdido a alguien recientemente.

Fue el caso de Alberto Escribano, que enterró a su abuelo el pasado agosto. Su madre acudió al cementerio para limpiar la lápida y se topó con la pegatina. "Me lo contó y creí que me estaba vacilando; no puede ser, le dije; que sí, que sí, insistió ella; y tal cual, allí estaba el mensaje", describe hoy el joven, que también es concejal del PP en el Ayuntamiento de Arganda, gobernado por el socialista Guillermo Hita. El chico admite que en ese momento su madre y él comentaron que podría tratarse de algo relacionado con la titularidad, que dos meses antes habían pasado de su abuelo a su madre, pero nada de eso había. "Fuimos a hablar con la empleada de Funemadrid, que gestiona el cementerio, y nos dijo que la sepultura estaba caducada", relata Escribano, aún sorprendido.

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"Era como si se estuvieran riendo de ti", añade el edil, que en seguida sacó del bolsillo el documento que acredita que su abuelo adquirió el sepulcro en 1980 a perpetuidad y que muestra también a El Confidencial. "Es como si te compras una casa y a los pocos años te dicen que ya no es tuya, que estás de alquiler", compara el chico, que agrega que la empleada de la funeraria le explicó que la nueva ley del suelo cambiaba las reglas del juego con efecto retroactivo y que si la familia quería que su abuelo siguiera enterrado en el mismo sitio, esta debía pagar una nueva tasa. "Fue algo desconcertante, todavía no lo entiendo", confiesa Escribano.

"Nos dijeron además que la sepultura caducó cuando se cumplieron 100 años desde que se construyó en 1915, no desde que la compró mi abuelo", afirmó el concejal aún impresionado por el llamativo condicionante. "Subí luego con mi tío y dijimos que no pagaríamos nada, a lo que la empleada nos respondió que en ese caso la funeraria tenía potestad incluso para exhumar los cuerpos, que para ello no necesitaba ni orden judicial", asegura aún espantado el joven, que días después decidió elevar el asunto al pleno del ayuntamiento.

Desde el consistorio, explican a El Confidencial que tanto el alcalde como el concejal de Salud Pública, Jorge Canto, desconocían la iniciativa de la funeraria hasta que los vecinos se la contaron. Fue entonces cuando, según las mismas fuentes municipales, Canto llamó a la gestora del cementerio para pedirle una reunión. "No parecía esa la forma más indicada de comunicar nada", explican. "Les dijimos que lo que habían hecho era de muy mal gusto y que no podían seguir adelante con la iniciativa hasta que los especialistas del consistorio aclararan si la ley del suelo realmente tiene carácter retroactivo o no", añaden desde el ayuntamiento, que paralizó en ese momento el procedimiento iniciado por Funemadrid hasta que los técnicos resolvieran el conflicto de fondo.

El gerente de Funemadrid para el cementerio de Arganda, Juan Carlos Gutiérrez, admite ante El Confidencial que la iniciativa de las pegatinas pudo no ser la más acertada. "Es cierto que se armó mucho revuelo, por eso las quitamos antes del 1 de noviembre", confiesa. "Pero lo que ocurre es que muchas familias no han entendido la finalidad de las pegatinas", asegura. "Las pusimos para actualizar los datos, porque falta mucha información tanto en el registro del ayuntamiento como en nuestra base de datos", explica el gerente, que ha contabilizado "131 unidades de enterramiento sobre las que no existen datos y cuya temporalidad ya ha superado los 99 años".

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Muchas de ellas, añade, se encuentran "en estado de abandono". Para ejemplificarlo, afirma que de esas 131 sepulturas, tan solo 14 familias han respondido interesándose por el tema. De ellas, únicamente siete tienen la titularidad, como determina el reglamento. El resto no la tienen en regla. Hay casos, apunta, en los que la titularidad está a nombre del propio fallecido, algo que va contra la normativa. Los que argumentan que compraron la unidad de enterramiento a otro propietario en los años ochenta, asegura, habrían cometido una ilegalidad, porque el reglamento prohíbe la venta. "Aun así, estamos dispuestos a estudiar cada caso", añade.

"Gestionamos cientos de cementerios a nivel nacional y estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo", argumenta Gutiérrez, quien asegura ir de la mano del ayuntamiento en esta tarea. Admite que el consistorio le pidió que buscara una vía alternativa porque la iniciativa de las pegatinas no había funcionado. "Como esta no ha salido, estamos iniciando otros procedimientos, como el rastreo en los registros del ayuntamiento, pero que no van más allá de esa tarea de informar a todos los que tienen una sepultura de más de 99 años de que tienen que centralizar los datos", insiste el gerente del camposanto, que subraya que no es él quien ha puesto la ley, sino un real decreto de 1993 que además fue luego actualizado por una normativa que establece que la perpetuidad nunca va más allá de los 75 años.