Investigan a la vicepresidenta de Artur Mas por "burlar" la inhabilitación por el 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sospecha que la que fuera vicepresidenta de Artur Mas, Joana Ortega, no ha cumplido de forma efectiva la inhabilitación que le fue impuesta por su participación en la consulta del 9-N. En un escrito, el tribunal señala que ha sido nombrada asesora de la consejera de Empresa de la Generalitat en mayo de 2019 y que formalizó un contrato con la Corporación catalana de Medios Audiovisuales por el que prestó servicios entre el 3 de septiembre de 2018 y julio de este año. Percibió por ello un salario global de más de 32.000 euros.

"Ante la eventualidad de que tales ocupaciones pudieran colisionar con los efectos de la pena impuesta en firme y liquidada para el periodo señalado" se abrió una ronda de interrogatorios que, a la vista de la decisión adoptada, no se consideró concluyente. El TSJ se dirige a los Juzgados de Instrucción de Barcelona para que indague sobre los hechos.

Recuerda que la condena fue emitida en marzo de 2017 y considera que el papel de asesora aceptada supone el ejercicio de funciones de Gobierno. "La condenada ha burlado los efectos de la pena impuesta asumiendo un cargo análogo a las funciones que tenía prohibidas", dice y defiende que la consecuencia inmediata debería ser que quedara sin efecto la liquidación de la pena que debe así reiniciarse cuando se compruebe que ya no ejerce el cargo en cuestión.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo resolvió hace un año los recursos de casación interpuestos por el 'expresident' de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que les condenó como autores de un delito de desobediencia a las penas de multa e inhabilitación especial.

Confirmó entonces todos los pronunciamientos de la sentencia impugnada a excepción de la concreta duración de las penas de inhabilitación especial, que fue reducida quedando establecida en un año y un mes para Artur Mas; nueve meses para Joana Ortega y seis meses para Irene Rigau. Respecto a esta última, el TSJ ya ha procedido a la liquidación de la pena que considera, en su caso, cumplida de forma correcta.