ACUERDO PARA EL GOBIERNO DE COALICIÓN

Subida del SMI, menos temporalidad y subsidios: planes de Podemos para Trabajo

La reducción de los contratos temporales, la limitación de la subcontratación o el fortalecimiento de los subsidios por desempleo serán algunas de las banderas programáticas

Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras la firma del preacuerdo para el Gobierno de coalición. (EFE)
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras la firma del preacuerdo para el Gobierno de coalición. (EFE)
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Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos siguen perfilando el programa de gobierno para un hipotético Ejecutivo de coalición progresista. Una acción de gobierno que surge de un punto de encuentro entre las posiciones de máximos de ambos partidos, por lo que no faltarán las renuncias de los morados en algunas cuestiones clave relacionadas con vivienda, banca o energía, pero tampoco otras de sus principales reivindicaciones históricas. No solo las relacionadas con la potenciación de los servicios sociales, competencia que estará bajo la vicepresidencia de Pablo Iglesias, sino también en materia de empleo, puesto que Trabajo es una de las carteras que estarían bajo el control de los morados. La reducción de los contratos temporales, la limitación de la subcontratación, el fortalecimiento de los subsidios por desempleo, las subidas progresivas del salario mínimo interprofesional o la derogación de las partes de la reforma laboral consideradas más lesivas son algunas de las principales cuestiones que integran el plan de Unidas Podemos para Trabajo.

Respecto al salario mínimo, la exigencia de los morados es aumentarlo a los 1.000 euros en los próximos Presupuestos y que al final de la legislatura equivalga al 60% del salario medio, en consonancia con las recomendaciones de la Carta Social Europea. A escala de contratación, se pretenden cambios de calado, llevando mucho más allá el decreto del Gobierno de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral, encaminado a endurecer la cotización para contratos de corta duración. Esto es, reducir la dualidad entre fijos y temporales, endureciendo por ley las condiciones para los segundos y revisando el tiempo máximo bajo este tipo de contratos.

En el pacto presupuestario firmado por Sánchez e Iglesias, que está sirviendo como base para este acuerdo, ya se incluían medidas en este sentido, como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Asimismo, se abogaba también por modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, "para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados". Menos consenso habría para limitar las subcontratas a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

En el capítulo de autónomos, se apuesta por incrementar la lucha contra los falsos autónomos así como por establecer modificaciones en su cotización para ajustarlas más a sus rendimientos reales. Otra de las señas de identidad pasa por fortalecer las prestaciones por desempleo, elevando al menos las mínimas.

Desde la firma del preacuerdo para el Gobierno de coalición, Pablo Iglesias ha repetido en varias ocasiones que su máxima será aumentar la seguridad y la "protección de las mayorías sociales" a través del fortalecimiento del Estado de bienestar. El pasado viernes, durante una conferencia en el Congreso junto al periodista Enric Juliana, insistía en que "esta próxima legislatura tiene que ser de reivindicación de los artículos sociales de la Constitución", apelando tanto al acceso a la vivienda digna como a la mejora del sistema sanitario o educativo para incrementar la redistribución.

Desde la firma del preacuerdo, Iglesias ha repetido que su máxima será aumentar la seguridad y la "protección de las mayorías sociales"

Un "cinturón jurídico de seguridad para proteger a las mayorías sociales", resumía, al tiempo que reconocía las limitaciones tanto de gobernar en minoría como de ser "un modesto país del sur de Europa" en el marco de las "inclemencias de la globalización". En una carta enviada a las bases tras la firma del preacuerdo, el líder de Podemos asumía ya que "nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y tendremos que ceder en muchas cosas". Asimismo, recordaba a los suyos que "los avances que más merecen la pena no se consiguen a la primera" y también reformulaba su célebre cita del congreso fundacional de Vistalegre apuntando que "el cielo se toma con perseverancia".

Entre las principales renuncias, destacan las relacionadas con la vivienda y, más concretamente, con la intervención en el mercado de los alquileres. Los socialistas se han opuesto a desarrollar medidas para el control de precios en aquellas zonas especialmente tensionadas, así como a modificar el decreto sobre vivienda para mejorar la protección frente a las subidas de alquiler consideradas abusivas o los desahucios. Renuncias por falta de consenso que se sumarían a medidas contundentes orientadas a bajar el precio de la luz e impulsar la creación de una empresa pública eléctrica, además de que la derogación de la reforma laboral sea completa, como se pretendía en un principio.

La confirmación de Nadia Calviño como vicepresidenta económica supone también un muro de contención frente a ciertas medidas de máximos de la formación liderada por Pablo Iglesias. Es por ello que la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, de salir adelante la investidura, apenas tendría consecuencias 'a priori' en el sector bancario, tras descartarse el 'impuesto a la banca' o medidas relacionadas con la Sareb que sí se habían incluido en el pacto de los PGE, como elaborar "un plan de actuación de Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales".

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