Kike Sarasola niega la acusación de Fiscalía: "No existe ninguna irregularidad en el caso"

El empresario hotelero Kike Sarasola asegura que la Fiscalía se equivoca. El Ministerio Público pide cuatro años de prisión para él, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Marulanda Ramírez, porun delito contra la Hacienda Pública vinculado con su padre, pero el empresario sostiene que la acusación es incorrecta. "Todas mis actuaciones en materia fiscal, tanto personales como de mis sociedades, han estado siempre ajustadas a las normas tributarias, y de forma especial en lo referente a la herencia de mi padre, cuya renuncia por mi parte está documentada", explica en un comunicado.

En el caso de la mujer, la Fiscalía se centra en el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2002, y en el caso de los dos hermanos, en el Impuesto de Sucesiones. Las cantidades reclamadas alcanzan los 4,2 millones: pide a la viuda de Sarasola Lerchundi en concepto de responsabilidad civil 2.379.758,53 euros, mientras que con sus hijos la cantidad asciende a los 916.452,10 euros cada uno. También les exige el pago de una multa que en el caso de la madre es de diez millones de euros y en el de los hijos de ocho millones (cuatro cada uno).

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"En relación con el escrito de acusación del área de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid difundido hoy, quiero manifestar en primer lugar mi sorpresa por el hecho de que veinte años después del fallecimiento de mi padre, y después de haber renunciado expresamente a la totalidad de su herencia, se siga tratando este tema", critica Kike Sarasola en un comunicado. "Desde el convencimiento de que no existe ninguna irregularidad en el caso ahora presentado por la fiscalía, mi único deseo es que este proceso sirva para aclarar los hechos y demostrar lo correcto de mis actuaciones".

El escrito de Fiscalía

El escrito de acusación sostiene que hasta el fallecimiento de Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos S. A, domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26.354.560,29 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos (entre ellos el presidente de la cadena hotelera Room Mate) en las siguientes cuotas de participación: el 32,24 % de las acciones a Enrique Sarasola Lerchundi; el 13,80% a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique, y el 40,04% a la sociedad Azulintas BV , sociedad domiciliada en Holanda, la cual está participada al 100% por la sociedad Scoupe International N.V., sociedad domiciliada en Curacao, en las Antillas Holandesas.

Esta mercantil, a su vez, pertenecía en última instancia a Enrique Sarasola Lerchundi y Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen de gananciales. De manera que a través de esta estructura "opaca" compuesta por dos sociedades holandesas la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos SA, al ser ambos las personas que en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.

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A su muerte, Enrique Sarasola Lerchundi dispone que el certificado de las acciones al portador de Scoupe Internacional NV se quedara bajo la custodia de la Fundación Lyonmar, fundación panameña constituida a instancias suyas por la madre y abuela, respectivamente, de los acusados, "con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte".

De este modo dispuso que a su fallecimiento, el Protectorado de dicha Fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de la sociedad Ficavi Holding SA, pasara a estar compuesto por su esposa y dos hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la Fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y caballos SA titularidad de Azulintas- Scoupe.International NV.

De manera que al fallecimiento de Enrique Sarasola Lerchundi, sus hijos Fernando y Enrique pasaron a ser propietarios de la mitad de ese 40,04% que correspondía a su padre de participación en Hipódromos y Caballos SA a través de la estructura Azulintas-Scoupe Internarional NV, cuyo valor neto ascendía para cada uno a 2.661.810,59 euros. "Ninguno de los acusados declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español", advierte el fiscal.