Fiscalía, a favor de que el Supremo impute a Borràs por los contratos a su amigo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado este martes a favor de que el alto tribunal investigue a la portavoz de JXCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, por favorecer con 260.000 euros a un amigo y colaborador. El Ministerio Público le atribuye cuatro delitos de corrupción: prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental.

En un escrito, el fiscal Javier Zaragoza pide que se admita a trámite la exposición razonada que ha remitido al alto tribunal la jueza de Barcelona instructora del caso, a la que ha tenido acceso El Confidencial, y que cuantifica las cantidades que se embolsó Isaías Herrero durante más de cuatro años por obra y gracia de la que fuera directora del Institución de las Letras Catalanas (ILC), ahora encumbrada por Carles Puigdemont a posible candidata a la presidencia en sustitución de Quim Torra. Los contratos que atribuyó a Herrero de forma irregular rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 euros para que no saltaran las alarmas.

Coincidiendo con la constitución de las Cortes, en las que Borràs es diputada, reclama que se le tome declaración en calidad de investigada y se practiquen las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos, incluyendo posibles medidas cautelares. "En el caso que nos ocupa no cabe cuestionarse que Borràs tenía la condición de autoridad y cometió los hechos descritos abusando de sus funciones", dice el escrito que añade que lo hizo para "favorecer" a su amigo Herrero.

Agrega que "está fuera de toda duda" que tenía atribuida una disponibilidad sobre el patrimonio de la ILC y que, con objeto de enriquecer a su amigo, "dispuso de aquel patrimonio sin realizar valoración alguna a la hora de adjudicarle todos los contratos indebidamente fraccionados". "Quedan evidenciados claros y contundentes indicios de simulación documental continuada a la hora de elaborar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas", precisa, además.

En la exposición razonada se hace referencia a la intervención de comunicaciones telefónicas en las que Herrero se refiere a los contratos que recibió durante varios años. "Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. De puta madre", decía, por ejemplo, Herrero en uno de los pinchazos."Prepara la factura a ver si suena la flauta", se le escucha decir en uno de los pinchazos. También evidencia cómo sufrían porque "con la intervención" (en referencia a la aplicación del 155) hubiera una comisión económica que comenzara a mirar todos los gastos. "Comenzarán a salir marrones, porque yo tengo una de marrones, buf", añadía.

"Hombre, claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", dice en otro momento. Herrero también explica en las conversaciones intervenidas que tenía que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos". "Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora porque un cambio de director... Tú ya puedes hacerlo todo lo bien que quieras, que un director, si él quiere, puede llevarse a su equipo, y como son cargos políticos...", indica también. El colaborador de la actual portavoz de JxCAT en el Congreso recibió, en concreto, contratos vinculados con dominios y subdominios del ILC: lletrescatalanes.cat, anybertrana.cat, quellegeiexes.cat y anyllul.cat.

La operativa

"Entre los años 2013 a 2017 hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática asignados por la Institución de las Letras Catalanas a favor del investigado Isaías Herrero Florensa", indica la exposición, que menciona que el aludido empleaba tres sociedades pantalla. Fiscalía apunta a un segundo investigado, Andreu Pujol Martin, al que califica de "comparsa" y que facturó servicios "reflejando en las facturas importes totalmente inventados".

La magistrada y la Fiscalía describen que el procedimiento, "llevado a cabo con la voluntad de ocultar que el efectivo prestador de los servicios era Herrero", se realizó de forma que se asignaron tantos contratos menores como tramos de 18.000 euros a las compañías indicadas, pese a que esto contravenía las normas del ILC debido a que los servicios se prestaron durante un periodo superior a los cuatro años. Para tapar el 'dedazo', el beneficiario último aportó para cada adjudicación hasta tres presupuestos, dos de ellos falsos.