FINALIZA LA INSTRUCCIÓN

La Audiencia propone juzgar a la excúpula de iDental por estafa y organización criminal

De la Mata apunta a dos organizaciones criminales diferentes que han desarrollado distintas actividades delictivas y que coincidieron en la transmisión del Grupo iDental

Foto: Registro de la sede iDental en la ciudad de Valladolid en septiembre de 2018. (EFE)
Registro de la sede iDental en la ciudad de Valladolid en septiembre de 2018. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación en torno a los posibles delitos económicos del caso iDental. En un auto notificado este martes, el magistrado propone juzgar a 35 personas por apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, organización criminal y estafa continuada. Entre los investigados se encuentran tanto los fundadores de la empresa como los principales miembros de su antigua cúpula.

La instrucción de De la Mata se sostiene sobre dos líneas de investigación: por un lado, en cómo se enriquecieron a través de préstamos que perjudicaban al inversor. Por otro, en las propias operaciones fraudulentas relacionadas con el Grupo iDental. El auto explica además cómo se erigieron dos organizaciones criminales que coincidieron cuando la primera, encabezada por Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, vendió iDental a la segunda, que lideraban Luis Sans y los hermanos Garrido López. Estos últimos son los que, según De la Mata, obtuvieron más de 50 millones de euros con el desvío de los préstamos.

"La sofisticación acreditada en el procedimiento diseñado y confeccionado para la sistemática e 'industrial' comisión masiva de toda clase de delitos graves [...] revela la concurrencia de dos organizaciones criminales con estabilidad, estructura jerárquica, claros fines criminales y reparto de tareas", afirma el juez en su auto. Sobre García Pellicer y su mujer Beatriz Megía Marín, el juez apunta también a que "han amortizado de manera anticipada distintos préstamos que solicitaron para la adquisición de inmuebles de su propiedad con fondos procedentes directamente de la explotación de las clínicas de iDental".

El juez explica además que la estrategia de los investigados consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a precios irrisorios, "con el engaño de que existían subvenciones o ayudas oficiales que cubrían la mayor parte" y "con pleno conocimiento de la incapacidad del grupo para proporcionar los servicios odontológicos comprometidos". La conclusión del juez es tajante: "Total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios".

En la parte principal del procedimiento, todavía en fase de instrucción, se investigan los delitos de lesiones contra la salud pública, pero en su auto de este martes, De la Mata ya deja caer un párrafo sobre la situación en la que dejaron a algunos de sus pacientes: "Perforación del tabique nasal, perforación del tímpano, fractura de mandíbula, extracciones de piezas sanas o infecciones y/o alergias provenientes por los materiales utilizados".

Sobre el personal que atendía a los clientes, el juez subraya también que gran parte eran "facultativos en prácticas" o "con baja o nula experiencia", por lo que no son pocos los pacientes que "presentan lesiones causadas por una mala praxis y por el mal asesoramiento del que fueron objeto, ya que antes de efectuarles las intervenciones quirúrgicas nadie les recomendó que debían de tomar antibióticos en previsión de posibles infecciones posteriores".

Una vez captado el cliente, el juez apunta además a que "se le presionaba muy agresivamente para hacerle firmar los presupuestos y los correlativos créditos al consumo, obviando también los requerimientos económico-financieros de solvencia establecidos por las compañías de crédito". "La finalidad real era captar como fuera al máximo número de clientes y, por tanto, el mayor número de recursos económicos procedentes de los créditos al consumo, con plena conciencia de la incapacidad de la empresa de prestar el servicio comprometido".

Según sostiene el juez, este sistema se desarrolló durante la etapa de Pellicer y Castañer, pero se mantuvo "exactamente" con Sans y los hermanos Garrido hasta que iDental se declaró en quiebra: "Continuaron la misma política de captación de clientes, aun a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos". "No eliminaron las ayudas, continuando la política de obtener la mayor cantidad de dinero posible en el menor plazo de tiempo". "Los tratamientos médicos continuaron sin finalizarse, y continuaron aplicándose las mismas estrategias para abaratar los costes". "La captación de clientes se mantuvo hasta el final, pese a la evidencia de que el grupo no era viable".

La investigación sobre los delitos económicos es la segunda pieza de la macrocausa que el instructor da por concluida, después de acordar el pase a procedimiento abreviado de la relativa al fraude a la Seguridad Social, que se presume que habrían cometido tanto los primeros administradores de iDental como el equipo que compró la empresa. La Fiscalía solicita hasta seis años de cárcel para los principales acusados en esa pieza, así como multas que alcanzan los 90 millones de euros.

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