La sentencia de 1990 por la que se pueden añadir coletillas al acatar la Constitución

Por España, por la república catalana, por el planeta e incluso por las Trece Rosas. El arranque de la XIV Legislatura en el Congreso ha dejado todo tipo de alternativas al habitual 'sí, juro' o 'sí, prometo' a la hora de acatar la Constitución. Una vez finalizada la sesión, el PP y Vox han anunciado acciones legales contra las fórmulas empleadas por algunos diputados, polémica que no es nueva para los jueces: hace 29 años, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que no hay problema en añadir frases al juramento siempre y cuando el acatamiento sea claro.

La sentencia de 1990 analiza precisamente una de las coletillas que nacionalistas e independentistas siguen utilizando a día de hoy al jurar la Constitución: "Por imperativo legal". Durante el comienzo de la IV Legislatura, el socialista Félix Pons expulsó del hemiciclo a tres miembros de Herri Batasuna por añadir esta frase y les negó la "condición plena" de diputados, polémica que terminó en manos del Constitucional. Lejos de dar la razón a Pons, los magistrados echaron por tierra su medida al considerar que "la expresión añadida no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa", poniendo así punto y final al 'sí, juro' y 'sí, prometo' como únicas opciones.

El tribunal, con Francisco Tomás y Valiente como presidente, entró además en el fondo del asunto a la hora de razonar su decisión: "En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata".

Mientras el juramento no deje lugar a dudas, el Constitucional defiende por tanto que se pueden añadir frases al mismo, incluso cuando estas tengan una connotación política. Esta última idea queda clara en la parte final de la sentencia, en la que se subraya que "los diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito", por lo que están en su derecho de "afirmar públicamente que solo por imperativo legal acatan la Constitución".

Críticas contra Batet por permitirlo

A la vista del sinfín de fórmulas que se estaban utilizando este martes para acatar la Constitución, el PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Los dos primeros partidos han anunciado que recurrirán esta decisión ante el Tribunal Constitucional, a lo que la socialista no ha dudado en responder que es precisamente este tribunal el que permite ir más allá del 'sí, juro' o 'sí, prometo'. Batet también ha subrayado la reciente resolución de la Junta Electoral Central que, tras la toma de posesión de los eurodiputados, concluyó que las fórmulas son admisibles porque el Constitucional permite "expresiones que tienen un sentido modal o causal" y que no implican "condición alguna".

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Para defender su postura, la presidenta del Congreso se ha apoyado en la sentencia anteriormente mencionada y ha leído los párrafos en los que se afirma que no se puede primar "una interpretación excluyente frente a otra integradora" de la Constitución. Pese a ello, PP, Ciudadanos y Vox consideran que las fórmulas empleadas por algunos de los diputados no son comparables al "por imperativo legal".

En la anterior constitución del Congreso también se vivió una escena similar a la de este martes, por lo que el PP y Ciudadanos recurrieron ante el Constitucional. El tribunal todavía no ha admitido a trámite sus escritos, pero tanto los populares como Vox ya han anunciado que presentarán nuevos recursos ante el mismo. 29 años después del primer "por imperativo legal", el TC tendrá que decidir si pone coto a las fórmulas con las que se puede acatar la Constitución.