Otra losa para los Franco: Hacienda logra llevar a Francis a juicio por delito fiscal

Los Franco siguen tropezando con la Justicia. Tras perder todas las batallas contra el Gobierno por la exhumación del dictador, el mayor de los nietos, Francisco Franco Martínez-Bordiú, acaba de ver cómo la Audiencia de Madrid reabre un caso por delito fiscal que estaba archivado. La Audiencia, en una resolución del pasado 18 de noviembre, considera que hay indicios suficientes para juzgarlo por un fraude a Hacienda en la compra de un edificio de Madrid. La resolución da la razón a la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria y que se apunta un tanto en el caso porque recurrió sin apoyo de la fiscalía.

En 2006, la Fiscalía denunció a Francisco Franco, conocido como 'Francis', junto a unos socios por delito fiscal. El caso se remonta a 1999, cuando crearon la sociedad Daroca 99 para comprar un edificio en el número 10 de la calle Hernani, cerca de Cuatro Caminos. Daroca compró el edificio por 65 millones de pesetas (unos 400.000 euros). Sin embargo, Hacienda considera que Daroca no tenía los medios materiales para comprar el inmueble, por lo que cifra una cuota defraudada de 195.473 euros.

El juzgado sobreseyó el caso el pasado 29 de julio al considerar que no había indicios suficientes para mandarlo a juicio. La Fiscalía de Madrid estuvo de acuerdo, por lo que Francis Franco, mientras pleiteaba contra el Gobierno de Pedro Sánchez contra la exhumación del dictador, recibió una buena noticia. Se libraba de un frente judicial.

La Abogacía del Estado, no la Fiscalía, recurrió para sentar a Francis Franco en el banquillo y la Audiencia de Madrid le da la razón

La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que "existen indicios suficientes de criminalidad" de los investigados y que la causa debía continuar. Considera que las empresas de Franco han obtenido "una ganancia patrimonial no justificada de 71.144.809 pesetas (427.588,91 euros)" y que "el sobreseimiento provisional no puede ser objeto de la fase de instrucción, sino que los hechos deben ser enjuiciados y en base a las pruebas que se practiquen que sea el tribunal sentenciador quien emita el pronunciamiento".

La defensa de Martínez-Bordiu alegó que nunca había sido apoderado ni representante de una de las empresas investigadas, Daroca 99, y que además no había ningún delito fiscal. Su defensa es que hubo inversores que aportaron el dinero a los que se les dio un recibo y que al devolver el dinero con intereses también se intercambiaron los recibos, por lo que no quedaba rastro. Además, un robo en un garaje terminó de acabar con las pruebas que justificaban que los préstamos no eran simulados.

A la Audiencia no le salen los números: "A la vista de las cuentas de Daroca, con el saldo disponible no pudieron pagar el edificio de Hernani 10"

Pero la Audiencia considera que hay indicios suficientes "que respaldan la necesidad de continuar la tramitación". Señala que las cuentas no cuadran: "A la vista de las cuentas bancarias de Daroca, con el saldo disponible no pudieron pagar la compra del edificio de Hernani 10". Y ve endeble la versión de que no queda rastro documental de los préstamos. Considera que esas versiones "no son convincentes".

"Resulta sorprendente que todos los inversores que han declarado en estas actuaciones siguieran la misma mecánica, entregaron cantidades de dinero nada desdeñables, entre cuatro y ocho millones de pesetas, cuyo origen la mayoría sitúa en ahorros o préstamos de terceras personas, pero cuyo rastro documental es inexistente; es decir, no solo no se dispone de los recibos entregados por los responsables de Daroca cuando recibieron los préstamos para invertir en la compra del inmueble de la calle Hernani 10 de Madrid, los cuales a su vez se devolvieron una vez recuperada la inversión con creces (10% de intereses)", añade la Audiencia en una resolución de la sección séptima a la que ha tenido acceso El Confidencial.

La decisión insiste en que la falta de documentación sobre el origen del dinero es motivo suficiente para llevar el caso a juicio y que sea el tribunal el que decida: "Sorprende que una operación económica de esa envergadura careciera de un reflejo documental apropiado a las circunstancias y experiencia de alguno de los inversores". La Audiencia Provincial de Madrid tampoco compra el argumento de la defensa de Franco de que no hay pruebas de que él estuviera vinculado a Daroca. Al caso aún le falta recorrido. Previsiblemente, el juzgado debe dar traslado a las partes para que acusen aunque caben nuevos recursos.