Tres años de prisión para dos miembros de la Manada por grabar la violación de Pamplona

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años y 3 meses de prisión y 5.670 euros de multa, como autores de un delito contra la intimidad, a dos de los cinco miembros de La Manada por grabar la violación grupal de los Sanfermines de 2016.

En abril de 2018 la Audiencia les absolvió de este delito sin haber entrado a valorar las pruebas practicadas en el juicio, pero esa decisión fue revocada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ordenó a la Audiencia dictar sentencia sobre este delito, una resolución emitida este miércoles y que suma estas penas a sus condenas por violación.

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Agencias

Los dos acusados, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Cabezuelo, grabaron siete vídeos y realizaron dos fotografías de la violación grupal continuada perpetrada por ellos y por los otros tres procesados el 7 de julio de 2016 en Pamplona, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que indica que los otros tres encausados han sido absueltos.

En la sentencia, que puede ser recurrida, los magistrados han impuesto las penas máximas de prisión solicitadas por las acusaciones, la particular, ejercida por la víctima, y las dos populares, ejercitadas por el Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, así como la mayor multa, reclamada en este caso por las dos acciones populares.

Los cinco miembros de La Manada fueron condenados a nueve años de prisión cada uno por la violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.

La defensa recurrirá el fallo

El abogado defensor de los miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha mostrado su "estupefacción por que a una persona le vayan a caer 20 años y tres meses por los hechos ocurridos en Pamplona" tras conocer una nueva condena a dos de sus cinco defendidos que, según ha anunciado, va a recurrir. Martínez, que asiste también en Córdoba a la vista oral de de la otra causa que surgió de la investigación de los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 y en la que están acusados cuatro de sus clientes, ha defendido que "el principio de proporcionalidad debe regir en cualquier tipo de sanción penal".

En declaraciones a los periodistas, el letrado ha anunciado que recurrirá la sentencia. Para el letrado, "aún admitiendo, porque no puede ser de otra manera porque así el Supremo lo ha dictado, que se produjesen esos hechos, me da la sensación de que absolutos criminales que han acabado con la vida de personas de manera absolutamente execrable, van a tener una pena inferior a la que a estas personas les han caído", en referencia a sus defendidos. En su opinión, "si unos hechos se han cometido se debe pagar por ellos", pero para encontrar "veinte años y tres meses para una persona habrá que buscar en los anales de las condenas".

Sobre el caso que se juzga en la capital cordobesa, ha lamentado que la lentitud en su tramitación en un Juzgado de Instrucción de Pozoblanco diese ocasión a la víctima de Pamplona a corregir el defecto de la ausencia de denuncia que motivó un primer archivo de la causa por el delito contra la intimidad por la Audiencia de Navarra, una acción que ha acabado ahora con esta nueva condena. Este martes, la víctima, que declaró a puerta cerrada y separada de los cuatro acusados por una mampara, afirmó no recordar nada de lo que ocurrió en el vehículo, lo que ha venido a abundar en la teoría de que pudo ser drogada. La Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno de los cuatro acusados por el delito de abusos sexuales y otros cuatro años por el delito contra la intimidad.

Agustín Martínez, antes de entrar a la Ciudad de la Justicia de Córdoba, ha rechazado la versión de la víctima: "Sí quedó claro, por todos los testigos, incluso amigos de ella, que se baja en Pozoblanco por su propio pie", por lo que "no ocurren los hechos como ella dice".

Este miércoles declaran en la vista oral los miembros de la Policía Foral que instruyeron el caso y que descubrieron el vídeo que ha dado lugar a este proceso, prueba cuya nulidad solicita la defensa al entender que carecían de autorización judicial para analizar el teléfono móvil más allá de los días 6 y 7 de julio de 2016, cuando sucedieron los hechos en Pamplona.