El cementerio de narcolanchas: 144 barcas se amontonan en el campo de Gibraltar

El pasado 26 de octubre se cumplió un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto que declaró ilegales las narcolanchas, embarcaciones pequeñas pero potentes que cruzan el estrecho de Gibraltar a toda velocidad para recoger droga en África e introducirla en Europa. El problema del narcotráfico en la zona es de tal magnitud que el Gobierno trató de buscar de este modo una solución que impidiera que estas embarcaciones, después de ser incautadas y apartadas del mercado, regresaran a las bandas organizadas a través de las subastas públicas.

Su destrucción, sin embargo, en la práctica se torna extremadamente lenta. El Ministerio del Interior ya ha pulverizado algunas, pero aún muy pocas. Durante este año, de hecho, lejos de reducirse el número de narcolanchas amontonadas en dependencias de la Guardia Civil, sigue creciendo. En la actualidad, según explicó el propio Gobierno a través de una respuesta parlamentaria el pasado julio, existen 144 embarcaciones apiladas en zonas que son competencia de la Guardia Civil y que, además, no deberían ser destinadas a almacenaje. La ausencia de depósito judicial en el Campo de Gibraltar obliga a que las fuerzas de seguridad se hagan cargo de estos vehículos de forma extraordinaria pero ya normalizada.

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La misma respuesta gubernamental, realizada tras una pregunta previa planteada por el grupo parlamentario EH Bildu, admite que en este momento las narcolanchas son calificadas como "género prohibido" y que su "destrucción" se convierte hoy por hoy en "la alternativa prioritaria" para evitar que regresen al mercado negro y sigan siendo utilizadas para "el tráfico ilícito de personas y mercancías". Sin embargo, matiza, la cuestión no es tan sencilla, ya que la desaparición de cada barca necesita de la orden de un juez y en estos momentos los juzgados se encuentran atestados de asuntos vinculados al narcotráfico.

"La actuación requiere siempre de una tramitación previa con autorización de la autoridad judicial que conozca de las investigaciones en cuyo marco hubiera tenido lugar la intervención de la embarcación, pues no en vano tiene la consideración de efecto judicial, no siendo por tanto un trámite inmediato, máxime teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de investigaciones contra el narcotráfico y delitos conexos que tienen lugar en la demarcación de la comarca del Campo de Gibraltar", argumentó el Gobierno en la citada respuesta parlamentaria, que, además de aportar la cifra de las 144 narcolanchas que esperan esa orden del juez para ser destruidas, ofreció otros datos.

En concreto, la contestación del Ejecutivo de Pedro Sánchez informó que en los seis primeros meses de 2019 las fuerzas de seguridad del estado intervinieron 54 embarcaciones en la provincia de Cádiz. Una de ellas, en la Línea de la Concepción; dos, en Tarifa; y el resto (51) en Algeciras. Esta cantidad viene a rebatir los rumores que apuntaban a que había órdenes de los mandos policiales de no incautar más narcolanchas para no seguir colapsando las dependencias de las fuerzas de seguridad. El número de intervenciones sigue siendo elevado y los vehículos marítimos continúan amontonándose. Desde que el Gobierno aprobó el decreto que prohíbe las narcolanchas, hace un año, según datos que proporciona el Ministerio del Interior, Policía y Guardia Civil se han incautado de un total de 179 embarcaciones, 57 el primer cuerpo y 122 el segundo.

La acumulación de embarcaciones representa un problema no solo por el espacio que estas ocupan en dependencias policiales y que impide que sea utilizado para otras labores, sino también por el riesgo real que existe de que estas lanchas sean robadas y vuelvan a servir para fines delincuenciales. Este extremo, según explica el Gobierno en la mencionada respuesta parlamentaria, aún no lo han sufrido las comisarías y cuarteles. "No se ha producido ninguna sustracción de embarcaciones en instalaciones de la Policía Nacional o de la Guardia Civil", sentencia el Ejecutivo en el citado escrito dirigido a Bildu, que deja claro que no es competencia del Gobierno la gestión de este tipo de género en los depósitos judiciales, ocupación que depende de las comunidades autónomas.

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La Junta de Andalucía no cuenta en la actualidad con ningún depósito que pueda albergar con más garantías y seguridad las decenas de narcolanchas que están hoy día acumuladas en dependencias de la Guardia Civil. Ninguna empresa se presenta a los concursos que saca el Gobierno andaluz para cubrir este servicio porque entienden que no es un negocio rentable. Las dos últimas licitaciones, de hecho, han quedado desiertas. La firma que gestionó el último depósito que operó en el Campo de Gibraltar aún reclama deudas de seis millones de euros al Ejecutivo regional, como informó 'El Confidencial' el pasado mayo.