El TC, abierto a impugnar la moción de ilegalización de partidos separatistas

"El grupo parlamentario Vox considera necesario y vital para la unidad de la nación, y para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los españoles, la ilegalización de los partidos y asociaciones separatistas con el objeto de restaurar el orden constitucional en todo el territorio nacional. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Nación a la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello".

Este fragmento de la proposición no de ley aprobada este jueves en el parlamento madrileño, con el apoyo del PP y de Ciudadanos, se encuentra bajo estudio de la Abogacía del Estado a efectos de su impugnación ante el Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que se examina solicitar su suspensión y que el Ejecutivo ve en el texto una peligrosa "deriva reaccionaria". Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial ven recorrido a una contestación del texto en el tribunal de garantías. La formulación es contraria a la Carta Magna y, además, no se corresponde con el actual marco legal.

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La Constitución defiende el pluralismo político ya desde su arranque. En el primero de sus artículos establece las bases de la nación e indica que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el artículo 6, se desarrolla la premisa. "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", dice.

El texto aprobado en la Asamblea de Madrid reclama que se sitúe fuera de la legalidad a aquellas formaciones "separatistas" y que atenten contra la unidad del país. Sin más concreción. No habla en ninguno de sus puntos del componente imprescindible para colocar al margen de la ley un partido: la violencia. La defensa desde el terreno político de la independencia o separación de una parte del territorio entra de lleno en el terreno del pluralismo y, por ello, goza de especial protección constitucional.

La ley y la ilegalización

Estudio aparte merece la ley que establece cuándo pueden ser ilegalizados los partidos. La norma que regula la actividad de las formaciones especifica que deben respetar en las mismas los valores constitucionales. Indica, además, que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.

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Por ello, para que un partido sea ilegalizado debe vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas. O bien fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. El caso de Batasuna y sus sucesoras se refleja aquí también. Otro de los motivos de ilegalización es que el partido en cuestión complemente y apoye políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.

Las conductas quedan especificadas en apartados muy concretos y para la ilegalización es imprescindible una "repetición" o "reiteración" de las mismas. Desde dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, hasta incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo y colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una organización violenta. Las fuentes consultadas avisan también, que la actividad en cuestión debe extenderse a toda la formación y no únicamente a personas concretas.