Una condena más favorable sería retroactiva

El plan de Sánchez sobre referéndums rebajaría varios años la pena a Junqueras

Una reforma legal más favorable a los políticos presos provocaría una inmediata aplicación retroactiva en caso de encajar en sus conductas, como garantizan tanto el Código Penal como la Constitución

Foto: Pedro Sánchez. (EFE)
Pedro Sánchez. (EFE)

Fue una de las sorpresas del debate del 10-N. El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, anunció su intención de reformar el Código Penal para prohibir referéndums como el celebrado el 1 de octubre de 2017. "Vamos a incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el PP", lanzó. La iniciativa, sin embargo, puede tener un efecto quizá no calibrado. Una reforma penal que encaje en hechos como los que le han valido 13 años de prisión a Oriol Junqueras por sedición y malversación supondría una reducción de su pena.

La idea de Sánchez no es nueva. El delito existió durante dos años, de 2003 a 2005. Fue José Luis Rodríguez Zapatero quien eliminó la figura delictiva que había impulsado José María Aznar en 2003 para hacer frente al plan Ibarretxe. El plan fue repescado por la actual directiva del PP, quien llegó incluso a provocar una votación en el Congreso de los Diputados con base en una proposición de ley en este sentido. Curiosamente, entonces los socialistas se opusieron y el proyecto no obtuvo suficiente respaldo.

El plan de Sánchez sobre referéndums rebajaría varios años la pena a Junqueras

No obstante, sea de quien sea la autoría de la promesa electoral, el resultado sería el mismo. Empleando como baremo el rango de penas de la reforma de Aznar, introducida entonces en los artículos 206 bis, 521 bis y 576 bis, una condena por la promoción de una consulta ilegal contraria a los preceptos constitucionales alcanzaría un tope de cinco años de cárcel. Bastantes menos que los previstos para la sedición, que llega hasta los 15 para los considerados jefes, como es el caso del exvicepresidente Junqueras. Juristas consultados precisan que la entidad de ambos delitos no es comparable y que el legislador no tendría margen en una nueva tipificación para forzar al alza las penas.

Una reforma legal más favorable a los políticos presos provocaría una inmediata aplicación retroactiva en caso de encajar en sus conductas. Así lo garantizan tanto el Código Penal como la Constitución. La primera de las normas introduce ya desde el título preliminar la previsión. "Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena". La Constitución remata el precepto y garantiza el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras solo cuando sean no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Incendio con la Fiscalía

El terreno de Cataluña se le ha puesto cuesta arriba a Sánchez justo en la recta final de la cita con las urnas. Este mismo miércoles, unas declaraciones del presidente durante una entrevista concedida a RNE provocaron el enfado expreso de la Fiscalía. Y vinieron a sumarse a otra serie de declaraciones desafortunadas lanzadas en los últimos días que han ido dando argumentos a Carles Puigdemont para enfrentarse a la nueva euroorden cursada en su contra tras la sentencia del 'procés'. Tanto es así que el abogado del 'expresident' llegó a comentar en Twitter que el presidente, más que querer ganar las elecciones, parece pretender sumarse al equipo de defensa del huido.

Sánchez alardeó en la entrevista de que el Ministerio Público depende de él. Directamente. Se saltó con esas palabras el estatuto fiscal y tanto levantó las iras que la propia Fiscalía General, la misma que defendió durante el juicio y hasta las últimas consecuencias el delito de rebelión, emitió un comunicado. Breve, conciso y directo. "Todas las actuaciones desarrolladas por los fiscales en la causa especial 3/20907/2017 del Tribunal Supremo, como el resto de las que realizan a diario los fiscales, se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad", indicaba. A tres días del 10-N, la política sobre Cataluña contraprograma al presidente.

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