Tras su declaración

El juez de Púnica pedirá más diligencias por la debilidad de las pruebas contra Aguirre

Fuentes jurídicas la califican como "decepcionante" y avisan de que la imputación no podrá sostenerse mucho tiempo si no hay indicios concluyentes

Foto: Esperanza Aguirre, a su salida del juzgado. (EFE)
Esperanza Aguirre, a su salida del juzgado. (EFE)

Que Esperanza Aguirre acostumbra a tener el viento de popa no es ningún misterio. Sin embargo, su suerte pareció acabarse hace un mes cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, citarla como imputada en el marco de la trama Púnica. El magistrado le atribuía, junto a otros dos expresidentes —Cristina Cifuentes e Ignacio González— presuntos delitos electorales, falsedad de cuentas, prevaricación y tráfico de influencias dentro de la pieza por la posible financiación ilegal del PP de Madrid.

Su comparecencia la pasada semana, en la que hizo gala de su acostumbrado 'aguirrismo' y mezcló reproche con ironía y mala baba con las fiscales responsables en su opinión de este tropezón, debía ser el colofón de una intensísima ronda con decenas de interrogatorios. La gincana declarativa era clave para atar los indicios contra Aguirre pero, sin embargo, no ha salido como preveía Anticorrupción. Fuentes jurídicas la califican como "decepcionante" y avisan de que, si no aparecen nuevas pruebas, la imputación no podrá sostenerse mucho tiempo.

Las evidencias contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid no son suficientes por el momento y requieren de más diligencias. La Fiscalía ya está dando movimientos en este sentido y ha reclamado la incoporación de un carta remitida por Granados a su jefa. Su contenido, asegura, prueba que en las declaraciones no se dijo la verdad. Granados desde la cárcel madrileña de Estremera le pedí que desmintiera públicamente que existiera "financiación ilegal del PP de Madrid".

En la carta, que publicó Okdiario, aseguraba: "Una de tus frases preferidas, que tantas veces has repetido como consejo es: ‘Todo se puede delegar menos la supervisión’. Y todos los que hemos trabajado contigo sabemos que siempre has actuado así. Absolutamente nada, ni el en el Partido, ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno. Todo el que ha estado a tus ordenes lo sabe. Más aún, era más que habitual que tú despacharas con cargos intermedios del Gobierno para tomar decisiones ‘puenteando’ a sus jefes orgánicos",

Las pruebas reunidas hasta el momento quedaron reflejadas en el auto en el que se acordaban las citaciones. Hacían referencia a hechos más bien intuitivos. Aseguraba el escrito que Aguirre —presidenta entre 2003 y 2012 y del PP— tuvo un "papel decisivo y esencial" en la financiación ilegal en las campañas electorales organizadas durante casi 10 años, entre 2003 y 2011. Se le otorgaba una labor de supervisora y se aseguraba que "ideó la búsqueda de recursos" para costear los actos.

La prueba más evidente, indicaba aquel auto, era la colocación en puestos clave de personas de su confianza. Colocación destinada, según esta teoría, a manejar los hilos a través de figuras interpuestas. También se la situaba en el encuentro con el empresario con el que todo empezó, Horacio Mercado. La persona con la que se abrió la espita de la entrada de dinero negro en las arcas del partido regional. Uno de los principales imputados puede también tener la llave. La defensa de Francisco Granados ha asistido en silencio a todo el ciclo de testimonios sin apenas preguntar por la negativa de los acusados. Ahora puede reclamar acudir él también de forma voluntaria.

No obstante, lo único contundente que se ha escuchado a lo largo de una cuarentena de interrogatorios vino por boca del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. Y no fue contundente para nada. Dijo Lamela que Aguirre jamás dio una orden directa. Las indicaciones que recibió de la 'lideresa' en una reunión celebrada en 2004 para que distintos departamentos del Ejecutivo autonómico contrataran campañas de publicidad con una de las principales empresas de la trama Púnica, Over Marketing, fue "una invitación". Declaró expresamente que no se les ordenó contratar con Over, sino que se les aconsejó hacerlo porque esta empresa había regalado a la Comunidad de Madrid un proyecto de publicidad, la suma del logo 'Madrid, la suma de todos'.

Ironía

Aguirre no se arredró ante el juez y las fiscales y sacó su peculiar carácter durante su interrogatorio. La declaración estuvo salpicada de interrupciones, provocadas por el tono de 'retintín' que empleó con las representantes del Ministerio Público a las que llamó "fiscalas". Las acusó de exagerar la trama pensando que es "el caso Watergate". Esa 'marca de la casa' le valió varios toques de atención del juez, que incluso llegó a molestarse cuando escuchó cómo expresaba un absoluto desconocimiento de la financiación del partido. "¿Su cargo era decorativo?", le preguntó.

Aguirre lo negó todo con acidez. Defendió que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid, pues no eran las funciones del presidente. También dejó caer que ella nombraba a sus cargos en la comunidad consultando antes al expresidente Mariano Rajoy, y que al entonces tesorero, Beltrán Gutiérrez, apenas le conocía porque su nombramiento se produjo con el anterior equipo que dirigía Pío García-Escudero y a propuesta del PP nacional. Su versión choca con el auto en el que el juez acordó su imputación, en el que se considera "difícil de imaginar" que la expresidenta "no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y gerente, Beltrán Gutiérrez".

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