"No quiero morir en la cárcel": Villarejo pide al juez que levante su prisión provisional

La Fiscalía ha pedido al juez que prorroge la prisión provisional del comisario José Manuel Villarejo. El policía está a punto de cumplir dos años entre rejas, límite previsto por ley, situación que ha llevado a las partes a celebrar este jueves una vista en la Audiencia Nacional en la que se le ha tomado declaración por videoconferencia. "No quiero morir en prisión", ha llegado a decir Villarejo, según explican fuentes presentes en el interrogatorio. Su lamento, sin embargo, no ha tardado en ir acompañado de una amenaza sobre los secretos que todavía guarda: "Tengo cien veces más material del que hay".

Su defensa ha alegado que la acusación contra él se basa en simples indicios y ha puesto sobre la mesa sus problemas de salud, mientras que el Ministerio Público ha subrayado el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. La decisión queda ahora en manos del juez Manuel García-Castellón, que deberá pronunciarse antes del próximo 3 de noviembre. Al comisario se le imputan delitos de organización criminal, extorsión, cohecho, blanqueo, revelación de secretos y contra la Hacienda Pública, entre otros.

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Detenido el 3 de noviembre de 2017, ingresó en la cárcel de Estremera dos días después, donde todavía se encuentra. La vista para estudiar la prórroga de la prisión provisional debía tener lugar antes de que se cumplieran los correspondientes dos años entre rejas, pero en las últimas semanas se complicó su celebración por dos cambios de fechas y un recurso de su defensa en que se pedía documentación a la cárcel sobre su estado de salud, argumento en el que se apoyaba para pedir la suspensión de la misma. La solicitud solo fue atendida en parte por el juez, que acordó que declarara por videoconferencia.

Precisamente a su salud se ha agarrado el comisario para reclamar la puesta en libertad con medidas cautelares. También ha aportado informes clínicos en los que se indica que sufre un serio problema de tensión, con fuertes subidas que se incrementan en situaciones de estrés. Pese a ello, los médicos que le han examinado consideran que esta dolencia no le incapacita, tal y como han afirmado durante su intervención en la comparecencia.

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La Fiscalía no tiene dudas: quiere mantenerle en la cárcel. Para los responsables del Ministerio Público, solo tiene una hipertensión que en ningún caso respalda su puesta en libertad. Su postura ha sido respaldada por Podemos, personado en el caso, en el que ya acumula varias piezas como acusación popular. El abogado del partido ha incidido en el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, así como en la posibilidad de que influya en otras personas que resultan clave para la investigación.

Frente a los argumentos de las acusaciones, su letrado ha ofrecido la sustitución del encarcelamiento incondicional por medidas menos gravosas. Indica que sería suficiente para evitar una sustracción a la acción de la Justicia la imposición de comparecencia diarias en el juzgado más cercano a su domicilio o en la propia Audiencia Nacional. También que para garantizar que no se escape basta con la pulsera telemática o el arresto domiciliario.