La bandera franquista es preconstitucional... ¿pero es ilegal exhibirla en público?

Juega la Selección Española, y medio país se pinta la bandera en la cara. Eurovisión, y la franja rojigualda luce en las mejillas de los sonrojados espectadores. Las banderas españolas ondean en los balcones de muchas ciudades cuando es fiesta nacional, y también cuando la situación en Cataluña toma un tinte más polémico. Sin embargo, lo que suelen tener en común todas esas banderas es que son todas la bandera nacional, la rojigualda, a veces sola o a veces acompañada del escudo de la nación. Sin embargo, no es la única bandera 'española' que se ve por las calles de las ciudades. El 14 de abril, la protagonista es la bandera republicana, que tiñe de morado una de las bandas tradicionalmente rojas; el 20 de noviembre, la que ondea es la 'del pollo', la bandera franquista; la misma que el día de la exhumación de Franco inundó el cementerio de Mingorrubio, actual camposanto en el que descanse el cuerpo del dictador Francisco Franco. Y también la misma que apareció en algún momento durante las manifestaciones convocadas por Vox en pleno confinamiento, durante la crisis del coronavirus, la peor crisis sanitaria que ha vivido el planeta en los últimos años.

La polémica de las banderas es recurrente. ¿Se pueden exhibir en público este y otros signos franquistas? Hace algunos años surgía la controversia después de que el torero Juan José Padilla saliera al ruedo envuelto en una bandera franquista. "No era mía, me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas. Con la emoción del triunfo no me di cuenta de si era constitucional o no". ¿Pero qué dice la ley sobre la legalidad de las banderas? En la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se establecen una serie de medidas con el fin de "evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra civil y de la represión de la dictadura" con respeto a los símbolos y monumentos. Tanto es así que el Gobierno actual tuvo que recordar a la familia Franco que durante el proceso de exhumación del dictador no podían emplear banderas, ni tampoco otra simbología.

En 1936, Franco recupera la bandera rojigualda en detrimento de la tricolor de la República, medida que queda confirmada en un decreto del 13 de septiembre, a la que se le añade el escudo franquista, en virtud de lo establecido en otra orden firmada por el propio Franco y su ministro de Interior, Ramón Serrano Suñer. En la definición del escudo queda patente que éste queda "sobre el águila de San Juan" —que ya había sido utilizada en época de los reyes católicos—, "pasmada, de sable, nimbada de oro, con el pico y las garras de gules: éstas armadas de oro. A la derecha de la cola del águila, un yugo de gules, con sus cintas de lo mismo, y a la izquierda un haz de flechas, de gules, con sus cintas de lo mismo. En la divisa las palabras 'Una', 'Grande' 'Libre'".

Si bien el escudo actual oficial es el borbónico, aprobado en 1981, entre el fin de la dictadura y el inicio de la denominada Transición Democrática se mantuvo vigente el emblema con el águila de San Juan, aunque con algunas modificaciones, hasta la aprobación del nuevo emblema. Esto implica que muchas documentaciones administrativas en regla presentaran el escudo del águila. No obstante, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica se podría ver "cierta inconstitucionalidad" en banderas con el escudo que se utilizó durante el franquismo, según ha explicado a El Confidencial el abogado de Legálitas Carlos Artiga, dado que la legislación vigente "habla de la represión de la dictadura en un tono muy claro".

No obstante, la ley es taxativamente clara con respecto a la presencia de este tipo de emblemas en las instituciones públicas (no solo de la bandera, sino de cualquier simbología franquista), salvo en los casos de excepción previstos en el segundo punto del artículo 15 de la citada norma, es decir, la retirada de estos símbolos no aplicaría "cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley". Esto es, precisamente, lo que ocurre con el águila que se encuentra en la plaza Mayor de la localidad de Brunete (Madrid), al formar parte sustancial de los monumentos de esta ubicación, protegidos al ser considerados Bien de Interés Cultural. En este caso, explica Artiga, "prevalece el interés arquitectónico y de patrimonio".

A la franquista se la considera una bandera preconstitucional porque era la oficial en el régimen anterior al democrático

En este contexto, hay que ver las diferencias que existen entre la presencia de simbología franquista y los actos de exaltación, que ya "entran dentro de la figura de los delitos de odio". "Aquí no es cuestión de distinguir entre banderas del águila u otras, sino de que públicamente se esté incitando al odio", algo que sí está previsto por el Código Penal. "Evidentemente, la bandera preconstitucional se asocia a una ideología, por lo que se puede ir por el campo penal". Ahora bien, aun con un escudo que se utilizó de manera legal tras el fin de la dictadura, la bandera se sigue considerando preconstitucional al ser el emblema de un régimen anterior al democrático.

Aun así, en cuanto al comportamiento en torno a esta simbología (o sin ella) existe otra ley aplicable y con la que se pueden sancionar determinados comportamientos siempre que se trate de una alteración del orden público, que es la Ley de Seguridad Nacional, la conocida como 'Ley Mordaza' aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En resumen: ¿puede ser alguien multado por llevar una bandera franquista por la calle? No, en absoluto. ¿Lo puede ser si el emblema está asociado a un comportamiento que menoscabe el orden público? Ahí es donde entra la 'Ley Mordaza' o el Código Penal.

¿Qué ocurre con la tricolor republicana?

En abril del año pasado la Guardia Civil iniciaba una investigación después de que se izaran tres banderas republicanas en los mástiles de la entrada de un instituto público de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, promovida por la denuncia de una vecina y afiliada de Vox. Años atrás, en 2017, la Justicia tumbó el uso de la tricolor en instituciones públicas en Navarra, asegurando que "no es una bandera constitucional". Obviamente, que no sea constitucional no quiere decir que sea ilegal y, en efecto, no lo es, al menos en la capital. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en una sentencia de diciembre de 2003 y notificada un mes después, dejó claro que exhibir banderas republicanas está amparado por la Constitución, concretamente por los artículos que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión. "En esta sentencia no se pronuncia sobre la franquista, pero la republicana no es ilegal".

Ahora bien, ¿por qué en un estadio de fútbol, por ejemplo, puede alguien ser multado por ondear una bandera republicana? Porque "en España esto es sancionado por la Ley del Deporte, pero no en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, sino que se trata de una designación sectorial", señala Artiga a este diario. Eso sí, la Ley del Deporte no prohíbe expresamente ninguna bandera, sino que deja a interpretación qué banderas se pueden considerar como 'sancionables'. En el artículo 2 de esta norma, se prevé que "la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas". La redacción de esta ley es tan ambigua que todo depende de quién la interprete. Esta laxa redacción es la que permitió que, en 2016, se prohibiera la entrada de 'esteladas' en la final de la Copa del Rey que el FC Barcelona jugaba contra el Sevilla en el ya extinto Vicente Calderón.

A todo esto hay que sumarle el hecho de que la apología al franquismo no está prevista como delito en el Código Penal español, al contrario de lo que ocurre en Alemania, donde la apología del nazismo es un delito previsto y sancionado por la Justicia. En este sentido, la intención del Partido Socialista es seguir avanzando en la Ley de Memoria Histórica y acabar con las asociaciones que hagan esta apología.