TRAS LA BRONCA DE BATET CON VOX

Podemos se alinea con PP y Cs: zancadillean al Gobierno tras avalar las ayudas al turismo

El decreto del Ejecutivo para paliar los daños por la caída de Thomas Cook es convalidado, pero la oposición se agrupa para intentar colar cambios en la norma. Pero pueden no salir por plazos

Foto: La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, este 22 de octubre en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso. (EFE)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, este 22 de octubre en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso. (EFE)

No se preveían sustos en las programadas como últimas votaciones en el Congreso de esta XIII Legislatura. El Gobierno preveía sacar adelante sin sobresaltos sus tres reales decretos leyes —sobre ayudas al turismo por la caída de Thomas Cook, de compensaciones por la gota fría que arrasó el Levante en septiembre y la liberación de las entregas a cuenta de comunidades y ayuntamientos—, y tenía los número más que amarrados. Así era. Las tres iniciativas fueron convalidadas por amplísima mayoría. Sin embargo, tropezó con una piedra con la que no contaba. Unidas Podemos se alineó con Partido Popular y Ciudadanos para forzar la inclusión de enmiendas en el primer decreto, el de ayudas al turismo.

La sesión en la Diputación Permanente de la Cámara Baja comenzó agitada por la bronca de Vox contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet —y que acabó con la expulsión de la diputada ultraderechista Macarena Olona—, y concluyó con una única votación perdida por el grupo que apoya al Gobierno. La ministra de Industria, Reyes Maroto, defendió el real decreto ley (RDL) de medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra del gigante turístico Thomas Cook en Canarias y Baleares. La norma fue convalidada por 59 votos a favor —PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, PNV y Coalición Canaria—, ninguno en contra y dos abstenciones, las de Junts per Catalunya y EH Bildu—. Hasta ahí, todo bien para el Ejecutivo, porque esa es la votación importante, ya que de ser tumbado, se enfrentaría a una derrota política y su decreto ley habría quedado derogado.

Pero los grupos pidieron tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, para poder introducir modificaciones en la letra del texto. Esa solicitud salió adelante por 35 votos a favor (PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, PNV y Coalición Canaria), 25 en contra (los del PSOE) y una abstención. Esa pequeña colleja sorprendió en el Grupo Socialista. Sabían que eran los morados los que habían requerido esa tramitación como proyecto de ley, pero tenían el compromiso del PP, dicen, de frenarlo, y al final se encontraron con que ambos votaron juntos. También la portavoz de CC, Ana Oramas, reclamó que se repitiera la votación porque no había interpretado bien a Batet, pero esta declinó que sus señorías votaran por segunda vez.

Los letrados avalaron que se aprobasen cambios con las Cortes disueltas, aunque los plazos son apurados: solo hay tiempo hasta el 2 de diciembre


En la pasada legislatura, en la que el Congreso estaba presidido por la popular Ana Pastor, los letrados de la Cámara ya ampararon que los decretos leyes se puedan tramitar como proyectos de ley incluso con las Cortes disueltas, como es ahora el caso, ya que hay unas elecciones convocadas para el 10-N. Según establecieron, es la Mesa de la Diputación Permanente la encargada de fijar los plazos, forzosamente más ajustados, tanto para la presentación de una enmienda de totalidad como para las modificaciones parciales. Se hará, dado que no hay ponencias ni comisiones parlamentarias —la disolución de las Cámaras supone que estas estén desactivadas—, a través de la Diputación Permanente, y con tiempo más cortos. Esa tramitación debería concluir el 2 de diciembre, porque el 3 se constituyen las Cortes de la XIV Legislatura, conforme a los resultados obtenidos por cada partido en las urnas. Si para ese lunes 2 no ha concluido el paso de la iniciativa por Congreso y Senado, decaería. El real decreto ley, en los términos aprobados por el Gobierno, sí que seguiría en vigor.

El decreto seguirá en vigor

El toque de atención infligido al Ejecutivo este martes, por tanto, es menor. La oposición busca forzar la introducción de enmiendas, pero puede que no haya tiempo a tramitarlas, pero en cualquier caso el decreto ley impulsado por el Consejo de Ministros seguirá en vigor.

Los socialistas restan importancia y lamentan que la oposición haya visto "la oportunidad de hacer política en campaña electoral con un RDL"

Para los socialistas, no se trata más que de una pataleta de la oposición, que ha visto "la oportunidad de hacer política en campaña electoral con un RDL". "Es la demostración de que importa más la foto que las medidas y la efectividad de la gestión", indican fuentes del grupo parlamentario, molestas por la actitud de los demás. El partido del Gobierno defiende que hay iniciativas que ya está llevando a cabo el Ejecutivo para ayudar al sector —el diputado canario Héctor Gómez, anterior director de Turespaña, destacó cómo se ha recuperado el 74% de las plazas perdidas por la caída del coloso británico Thomas Cook— y que se podrán adoptar más cuando ya hayan pasado las elecciones. Ahora se trataba, defienden desde el grupo, de paliar los daños de la quiebra de la empresa turística. Y eso es lo que queda incluido en el decreto redactado por el departamento que dirige Maroto.

Podemos se alinea con PP y Cs: zancadillean al Gobierno tras avalar las ayudas al turismo

La ministra, de hecho, destacó que el texto es "es el resultado de un trabajo intenso y coordinado con muchos actores públicos y privados, un trabajo que ha impulsado el Gobierno de España, que ha considerado prioritario dar una respuesta rápida y extraordinaria a una situación que podría tener un enorme perjuicio para el conjunto de nuestra economía". "Un Gobierno responsable que, en apenas tres semanas, ha sido capaz de aprobar un conjunto de medidas por responsabilidad, y en atención única y exclusivamente al interés general”.

La titular de Industria detalló las medidas incluidas en el decreto ley y que se vuelcan en cuatro áreas: mantenimiento del empleo, mejora de la liquidez y financiación de las empresas afectadas por impagos del turoperador británico, fortalecimiento de la competitividad del sector y mejora de la conectividad aérea. “Las medidas constituyen una muestra clara del compromiso del Gobierno con el sector turístico de nuestro país por su carácter estratégico en la generación de riqueza, empleo y bienestar social. Ha sido necesaria una actuación inmediata y extraordinaria por parte del Gobierno, coordinada con el resto de administraciones públicas [en particular, con los Gobiernos de Canarias y Baleares] y agentes sociales del sector, para atender a las empresas turísticas y trabajadores afectados, y evitar que el efecto Thomas Cook se propague indeseablemente al conjunto del sector turístico”, añadió.

"Totalmente transversal"

El decreto regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, que tiene como fin apoyar los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la adaptación y mejora de la competitividad, en especial aquellos que incorporen actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios. A disposición de las compañías se ponen hasta 500 millones de euros.

El Ejecutivo insiste en que el decreto está en vigor y ha sido refrendado por el Congreso, por lo que no hay inseguridad jurídica alguna para los operadores

Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos, a través de sus diputadas canarias Victoria Rosell y Melisa Rodríguez, criticaron el texto de Industria por "poco ambicioso". Los naranjas creen que se trata de un mero "parche", cuando hace falta un texto "totalmente transversal", y para los morados es una norma con "tintes electoralistas" tanto por las cantidades por las "personas trabajadoras afectadas". A juicio de UP, y eso explica que quieran la tramitación del texto como proyecto de ley para colar enmiendas, hay que proteger no solo a las empresas turísticas, sino también a aquellos trabajadores que se benefician de esta actividad.

Y aunque el Ejecutivo introduce la exoneración por parte de AENA del 100% de la tarifa de pasajero en los asientos adicionales en los vuelos internacionales que operen en la temporada de inverno respecto a los programados el 31 de agosto de 2019, la mayoría de los grupos entiende que esa rebaja no es suficiente para garantizar la conectividad aérea con Canarias, que es el principal problema detectado tras la quiebra de Thomas Cook, informa EFE. Así, el PP pedía rebajar todas las tasas aeroportuarias de las plazas que se incrementasen respecto a la planificación del pasado 31 de agosto, y no solo las de los pasajeros, mientras que Ana Oramas, de CC, pedía atender al hecho específico de las islas: allí, el 65% de los trabajadores del sector son fijos, puesto que la temporada alta es todo el año, mientras que en Baleares muchos empleados son fijos discontinuos.

Fuentes de Industria, no obstante, inciden en que el real decreto ley está en vigor y las medidas contenidas en él están en marcha, por lo que no se creará ningún tipo de inseguridad a los operadores turísticos y a las Administraciones concernidas. Además, el propio carácter de la norma, de medidas "urgentes", choca con la voluntad de la oposición de introducir enmiendas. En cualquier caso, es complicado que se culmine la tramitación antes del 2 de diciembre, pues ha de pasar por obtener la conformidad del Gobierno, el debate de totalidad y las propuestas de modificación parciales en lectura única en la Cámara Baja, y el tránsito por el Senado, en el que el PSOE dispone de mayoría absoluta. "Agradezco la convalidación por amplia mayoría del decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook. Ello permite su aplicación inmediata, para lo que es necesario un marco jurídico estable y predecible", indicó la ministra posteriormente en Twitter.

5.500 millones para CCAA y ayuntamientos

La Diputación Permanente del Congreso aprobó sin problemas también los otros dos decretos leyes del Gobierno. Por un lado, el que libera las entregas a cuenta para todas las comunidades del régimen común (todas salvo Euskadi y Navarra) y a los ayuntamientos, por lo que podrán disponer de más de 5.500 millones de euros. El texto, defendido por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el apoyo de todos los grupos (60 votos a favor) y solo una abstención, la de Bildu.

Salen adelante sin problemas los decretos que liberan las entregas a cuenta para ayuntamientos y CCAA que compensa los daños del temporal

Los grupos criticaron que el Ejecutivo haya procedido a la actualización de las entregas a cuenta justo en precampaña, cuando antes había negado ese dinero que corresponde por ley a las CCAA (ellas recibirán 4.682 millones) y los consistorios (821 M€). Pero explicaron el apoyo a la iniciativa del Ejecutivo para acabar con el "secuestro de recursos" a ambas Administraciones. Montero explicó que se ha llegado a dar una respuesta cuando ha sido "posible", actuando de manera "responsable" ante una situación "inédita" como lo es la de la no aprobación de unos nuevos Presupuestos del Estado y la continuidad de un Gobierno en funciones, tras la imposibilidad de formar un nuevo Ejecutivo tras las generales del 28 de abril.

El último decreto ley que pasó por la Diputación Permanente de este miércoles lo defendió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Abordaba las compensaciones, por importe de 774 millones de euros, aprobadas por el Consejo de Ministros para mitigar los daños por los incendios y las lluvias torrenciales (DANA) que afectaron a varios puntos del país durante el pasado verano. Hubo unanimidad: 61 votos a favor. También algunos grupos pidieron tramitar el texto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, pero no salió adelante esta vez: fue derrotada por 35 votos, por los 25 que recabó la oposición y una sola abstención, la de Bildu.

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