La confesión de un narco de Miñanco: el abogado de Puigdemont blanqueó 900.000 €

La Audiencia Nacional investiga al abogado Gonzalo Boye después de que uno de los hombres del capo Sito Miñanco lo haya acusado de blanquear dinero del narcotráfico. Tras pasar más de un año en prisión provisional, el imputado en cuestión pidió a la jueza María Tardón que le permitiera aclarar varios puntos de su primera declaración. El 24 de julio se celebró así un nuevo interrogatorio en el que aseguró que el abogado había trabajado para la organización criminal en 2017, cuando el narcotraficante gallego le ordenó recuperar 900.000 euros incautados por la Policía en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Según explicó, la misión de Boye, que también ejercía como abogado de Miñanco, pasaba por blanquear el origen de este dinero para que las autoridades se lo devolvieran.

La confesión del investigado se refleja en un escrito que el propio Boye entregó a la jueza María Tardón el 30 de julio, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Venimos a efectuar algunas precisiones, en relación a la declaración prestada el día 24 de julio de 2019 [...] en la que se realizan imputaciones contra dos de mis defendidos, Jose Ramón Prado Bugallo [Sito Miñanco] y Luis Enrique García Arango, e incluso contra el letrado que suscribe", explica en el mismo. En un intento de quitar credibilidad a sus palabras, el abogado subraya que el declarante "se encuentra en prisión provisional desde hace 17 meses", pero sus argumentos no convencieron a la jueza: Tardón ordenó este lunes registrar el domicilio y el despacho de Boye en Madrid, tras lo que tendrá que declarar el próximo miércoles ante la Audiencia Nacional.

La investigación en torno a Boye, que también ejerce como abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, se basa así en la incautación de 900.000 euros en el aeropuerto de Madrid-Barajas en febrero de 2017, dinero que se halló en el equipaje de cinco ciudadanos colombianos que regresaban a su país. Según explican fuentes cercanas a la investigación, una de estas supuestas 'mulas' era precisamente la pareja del investigado que incriminó a Boye el pasado 24 de julio, cuando aseguró que el dinero que llevaban a Colombia pertenecía a Miñanco. Lejos de darse por vencido, el investigado apunta a que el capo gallego les pidió entonces reunirse con Boye para que este blanqueara los 900.000 euros y pudieran recuperarlos, encargo que el abogado supuestamente aceptó.

"El investigado ha manifestado que el letrado Gonzalo Boye habría urdido una trama para crear una apariencia de realidad negocial que justificara el origen del dinero incautado, la cantidad de 900.000, a fin de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) devolviera el dinero incautado", explica Boye en el escrito que entregó a la Audiencia Nacional. Frente a esta acusación, el abogado asegura entonces que "fue contratado para recuperar un dinero incautado por la autoridad competente y utilizó para ello documentación proporcionada por quien reclamaba en el expediente administrativo", subrayando en todo momento que reclamó "a su cliente que aportara documentación que acreditara el origen del dinero intervenido". En otras palabras: si la documentación que aportó resulta ser falsa, la culpa es de Sito Miñanco.

Respecto a las supuestas reuniones en las que se cerró el encargo, Boye solo se centra en cómo el investigado mencionó un encuentro "en un VIPS de la calle Orense el día 28 de junio de 2017", tras lo que subraya que esta afirmación "se contradice con el acta de vigilancia de la fuerza atenuante". "Sin pretender dar validez al atestado, lo que esta parte evidencia es la absoluta falta de coincidencia, respecto a los partícipes de dicha reunión", sostiene. Las fuentes consultadas explican sin embargo que los primeros indicios apuntan a que el abogado también se reunió en su despacho con Miñanco para cerrar el trabajo, hipótesis sobre la que se le preguntará el próximo miércoles en la Audiencia Nacional. Además de Boye, otras dos personas también están citadas a declarar como investigadas ese mismo día.

A preguntas de El Confidencial sobre cómo encara la declaración, Boye mantiene la misma línea que en el escrito que presentó el pasado julio ante la Audiencia Nacional: como abogado de Miñanco, reconoce que uno de los objetivos pasaba por recuperar el dinero incautado en el aeropuerto, pero asegura que el Sepblac "les sancionó por exportar divisas sin autorización y no por blanqueo". También muestra interés en que se levante el secreto de las actuaciones y carga contra el investigado que le incrimina: "Llevaba casi dos años en prisión provisional y después de declarar en mi contra quedó en libertad sin más".

La investigación, por tanto, no tiene nada que ver con Puigdemont, pero el 'expresident' no dudó en criticar la misma a través de Twitter este lunes: "Guerra jurídica a todo trapo. Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embisten sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No lo conseguirán. Todo el afecto a su familia y trabajadores del despacho". Horas después, el propio 'president' Quim Torra se sumó a la crítica y compartió un mensaje en la red social en el que muestra su apoyo a Boye y asegura que "la represión no tiene límite".