Interior valora 'abrir' la Academia a guardias que suspendieron la polémica oposición

El director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, está valorando la propuesta que tres aspirantes a formar parte del cuerpo le han puesto sobre la mesa. Los tres suspendieron la polémica prueba de ortografía del examen de acceso al cuerpo del pasado 13 de julio junto a otros miles de opositores, pero a diferencia de la mayoría de estos últimos decidieron recurrir el resultado y reclamar la anulación temporal del ejercicio como medida cautelar hasta que el Ministerio del Interior resolviera la primera apelación.

No contentos con esta vía de protesta, los tres aspirantes —que han recibido el silencio administrativo como respuesta a sus dos primeras peticiones— han reclamado la incorporación al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid) mientras el recurso sigue abierto, ya que —argumentan— en el caso de que este resuelva a su favor ya estarían dentro de la academia y no habrían perdido clases. La reclamación, sin embargo, no ha sido respondida todavía por el responsable de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, el general Francisco Espadas, lo que ha provocado que los tres candidatos hayan decidido ir más allá.

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Los aspirantes han presentado un escrito ante el director general del instituto armado con el fin de trasladarle la petición que han hecho al jefe de Enseñanza. El máximo dirigente de la Guardia Civil tiene tres meses para responder a este escrito. Las clases del Colegio de Guardias Jóvenes comenzaron el pasado 3 de octubre, pero según los propios candidatos, y por el sistema del plan de estudios, ellos podrían incorporarse hasta el próximo enero.

La Dirección General ha tratado por todos los medios durante las últimas semanas de evitar que los aspirantes que recurrieron el examen tuvieran el silencio administrativo por respuesta con el fin de evitar esta situación que ahora plantean los tres opositores mencionados. Sin embargo, no han podido llegar a comunicar su decisión de rechazar la medida cautelar a todos los que la habían pedido. Para hacer estas comunicaciones, los responsables de la Jefatura de Enseñanza incluso llegaron a buscar a los suspendidos en casas de familiares y hasta se apostaron en la puerta de sus domicilios durante horas con coches patrulla.

La prueba de ortografía del 13 de julio fue más difícil que la que tuvo lugar solo un día después. Fue uno de los argumentos que utilizaron miles de aspirantes al instituto armado para impugnar el examen. En total, en los dos días, 10.081 aspirantes fueron declarados 'no aptos' tras no superar el test. Sin embargo, la cifra fue muy diferente según el día de la prueba. Solo el 43% de los opositores aprobó el sábado (5.024 de 11.593) por el 69% (7.991 de 11.503) que la superó el sábado, dato que resultó después de anular la palabra "javaque" de la primera prueba, decisión que también conllevó otra polémica.

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Esta diferencia de porcentajes es la que ha invitado a los aspirantes a recurrir el examen, dado que podría haberse visto quebrado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, tal y como defiende la mayoría de opositores en sus diferentes recursos de alzada. Los aspirantes apoyan su postura en la jurisprudencia de los tribunales. En concreto, en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del 3 de marzo de 2015, que resolvió el conflicto planteado por una opositora que se enfrentó al servicio de salud de la comunidad (Sescam) después de no lograr una plaza como auxiliar administrativa. La mujer presentó en 2011 un recurso de alzada ante la Dirección de Recursos Humanos de la institución, pero tras no ser atendida, optó entonces por acudir a los tribunales, que terminaron por darle la razón cuatro años después al entender que había mucha diferencia entre las personas que superaron la prueba por la mañana (un 28%) y los que lo hicieron por la tarde (un 72%).

Los suspendidos en la prueba de ortografía, sin embargo, aún no pueden acudir a la vía judicial. La Jefatura de Enseñanza no ha contestado todavía a ninguno de los recursos de alzada planteados por los aspirantes a ingresar en el instituto armado. En noviembre —algunos a primeros de mes y otros durante los 30 días— terminará el plazo para que el organismo de la Guardia Civil responda, lo que permitirá a los opositores rechazados iniciar el camino de los tribunales.