De la prescripción al dolo

Imputados en la pieza de Inassa se agarran a la sentencia del 'procés' para pedir el archivo

Acusados como el ex director gerente del Canal de Isabel II han presentado esta semana una serie de recursos ante la Audiencia Nacional que basan sus argumentos en el reciente fallo del Supremo

Foto: Sede central del Canal de Isabel II. (EFE)
Sede central del Canal de Isabel II. (EFE)

La sentencia del 'procés' empieza a tener sus primeros efectos en causas ajenas al independentismo. La resolución sienta jurisprudencia y no son pocos los abogados que la analizan estos días, entre ellos los del caso Lezo. El 29 de mayo, la Audiencia Nacional dio por finalizada la fase de instrucción respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II se hizo con la empresa colombiana Inassa en 2001, decretando así la apertura de una pieza separada en la que siguen imputadas otras 22 personas por malversación. Fuentes jurídicas apuntan sin embargo a que al menos cuatro acusados, entre ellos el ex director gerente del Canal de Isabel II Arturo Canalda, han presentado esta semana una serie de recursos en los que, apoyándose en la sentencia del 'procés', apuntan a que los hechos investigados han prescrito y la pieza debe ser archivada.

El razonamiento de las defensas parte de la explicación que ofrece el Tribunal Supremo sobre el delito de malversación entre las páginas 288 y 291 de la sentencia. Según se explica en las mismas, da igual que el Govern no pagara a terceros los servicios que prestaron de cara a la celebración del referéndum del 1 de octubre, pues "a efectos de determinar si se ha producido o no un perjuicio en las arcas públicas", basta con que los proveedores llevaran a cabo el trabajo. En otras palabras: por mucho que las empresas contratadas renunciaran a cobrar, se considera que la Generalitat incurrió en malversación desde "el momento en que el acreedor realiza correctamente la prestación a su cargo", por lo que aquello que "sucede con posterioridad no elimina el dato real de que el gasto ya se realizó".

Con este razonamiento sobre la mesa, acusados como Canalda defienden que el juicio por la compra de Inassa llega demasiado tarde, porque los hechos investigados ya han prescrito: no importa cuándo se materializó la compra, si no cuándo se cerró la misma. En sus recursos, destacan para ello el 14 de noviembre de 2001, fecha en que el Canal de Isabel II envió su oferta a los colombianos y estos la aceptaron. Basándose en la sentencia del 'procés', sostienen que ese es el día a partir del cual empieza a correr el plazo de prescripción de 15 años que conlleva el delito de malversación agravada, y que, por tanto, el tiempo para que los juzgados comenzaran a investigar la operación finalizó el 14 de noviembre de 2016.

En el recurso que se ha presentado ante la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso El Confidencial, la defensa del exdirector del Canal de Isabel II destaca la fecha en que el juez le citó a declarar: "El primer acto procesal con potencial virtualidad interruptora de la prescripción [...] sería el auto de 26 de diciembre de 2017, por el que se acuerda dirigir un procedimiento penal contra Canalda, al objeto de prestar declaración en calidad de investigado. Lo anterior debe llevar a esa Ilustrísima Sección a acordar el archivo de las actuaciones por concurrir el instituto de la prescripción", argumenta. Fuentes cercanas a la causa apuntan a que al menos otros tres acusados han presentado recursos similares, todos ellos basando su petición de archivo en la sentencia del 'procés'.

No es la primera vez que imputados por la compra de Inassa alegan que los hechos han prescrito, pero confían en que la sentencia del 'procés' termine por convencer a la Audiencia Nacional. En el recurso de Canalda, su defensa va un paso más allá y destaca también otra parte de la resolución en la que, según defiende, el alto tribunal "condena a unos y exculpa a otros, teniendo en cuenta su posición de gestión y administración de los caudales públicos malversados". Tras exponer esta idea, el ex director gerente del Canal subraya que él "no ostentaba la condición de autoridad o funcionario" y "no tenía entre sus funciones la gestión de patrimonio público", por lo que "no realizó acto material, nuclear o de ejecución en relación con los hechos investigados" y "procede decretar el archivo de la causa respecto" a él.

En la misma línea, el tercer y último argumento que recoge su escrito se apoya también en la sentencia del 'procés'. Canalda incide así en el "dolo requerido para condenar por el delito de malversación", razonamiento que remarca con las frases que el Supremo utiliza para dejar claro que los líderes independentistas eran conscientes de la ilegalidad en que estaban incurriendo: "Su actitud de rechazo a todos los requerimientos que le fueron notificados personalmente es bien expresiva de la clara conciencia de ilicitud que filtraba su actuación", "se disimulaba así su específico destino a la ilícita consulta"... A diferencia de ellos, el ex director genente del Canal sostiene que "esta descripción tan detallada del dolo exigible en este tipo de conductas" no se desprende de la acusación que mantiene la Fiscalía contra él, insistiendo así una vez más en el archivo de las actuaciones.

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