El Constitucional avisa a Torra de que está a un paso de incurrir en desobediencia

El Tribunal Constitucional vigila de cerca el funambulismo de los líderes independentistas. El pasado 10 de octubre, los magistrados avisaron a las autoridades del Parlament de que están a un paso de incurrir en un delito de desobediencia, advertencia que se repite este jueves en una nueva resolución en la que se incluye al propio Quim Torra. Después de que los diputados catalanes aprobaran el 26 de septiembre una propuesta sobre la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional", el Constitucional ha acordado suspenderla y “notificar personalmente" la decisión a las autoridades parlamentarias y al 'president', "apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal".

En la resolución del 26 de septiembre, el Parlament reivindicaba el "derecho de autodeterminación" y subrayaba la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados". El texto se apoyaba además en iniciativas previas del Parlament que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez optó por acudir al Constitucional para que fuera impugnado. La solicitud ha sido ahora atendida por el tribunal, que ordena además que se notifique personalmente su decisión a las principales autoridades catalanas, entre quienes se encuentran tanto Quim Torra como el presidente del Parlament, Roger Torrent. Con este aviso, los magistrados ponen la desobediencia sobre la mesa, delito que no conlleva penas de cárcel.

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“Se requiere al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlament, respectivamente, así como al presidente de la Generalitat de Cataluña y demás miembros del Consejo de Gobierno, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015”, subrayan los magistrados. “Se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

La decisión del Constitucional llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado viernes presentar ante el tribunal dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia, relativos a determinados apartados de la mencionada resolución. El Gobierno pidió en concreto la impugnación de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 del punto I sobre 'Derechos y libertades', en los que la Cámara volvía a proclamar el derecho de autodeterminación y cargaba de forma directa contra el Constitucional: "El Parlamento de Cataluña [...] rechaza las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español y, en especial, de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, y, consecuentemente, afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional".

La impugnación de esta resolución se produce en una semana en que Torra ha defendido la desobediencia civil como respuesta a la sentencia del 'procés'. En su comparecencia ante el Parlament el pasado 9 de octubre, el 'president' aseguró que "es posible que use la desobediencia civil, que también es un derecho, como el derecho a la protesta, a la concentración, a la libertad", pero el Constitucional responde ahora que las autoridades catalanas deben "impedir o paralizar cualquier iniciativa" que se apoye en esta estrategia. Minutos después de publicarse la decisión del tribunal, el 'president' ha encabezado la marcha de la Asamblea Nacional Catalana.

Torra ya tiene un juicio por desobediencia

El 'president' ya se enfrenta a un juicio por desobediencia debido a la polémica en torno a la exhibición de símbolos independentistas en edificios públicos. El 11 de marzo, en plena campaña del 28-A, la Junta Electoral Central exigió a Torra que quitara los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los presos del 'procés' en 48 horas, subrayando para ello "la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales".

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El 'president', sin embargo, respondió con un pulso: alegó "dificultad para su cumplimiento", dijo que estaba a la espera de una aclaración del defensor del pueblo catalán e incluso llegó a cambiar el lazo amarillo del Palau por uno blanco. Ante las constantes advertencias de la JEC, el 22 de marzo terminó por retirar los símbolos, pero para entonces el caso ya estaba en manos de la Fiscalía.

El próximo 18 de noviembre, Torra tendrá que sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos hechos. El Ministerio Público pide para él un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia, precisando además que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno.