Bronca de la jueza al fiscal para abrir el juicio por el crimen de la viuda de la CAM

El juicio sobre el asesinato de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se abrió ayer, a pesar de las nubes, con un brillo de civilización. El acusado, yerno de la víctima, llegó a pie al juzgado y acompañado de una de sus hermanas. Llegó en libertad provisional y no solo no lo habían tenido que conducir las fuerzas del orden sino que los guardias civiles que lo recibieron —los mismos que desde hace dos años y medio lo han visto fichar cada lunes— lo saludaron mediterráneamente: sonrientes, apretón de manos y palmada en el hombro. La víctima, María del Carmen Martínez, de 72 años, fue asesinada en un concesionario propiedad de su familia en Alicante en diciembre de 2016.

Más allá del puñado de cámaras y micrófonos que lo abordaron al entrar, en cuanto Miguel López pasó el umbral de la puerta automática, que se abrió silenciosamente, se movió por el edificio donde se va a determinar el último tercio de su vida —tiene 52 años y se enfrenta a 24 de cárcel— como quien va al banco. Luego esperó a que se constituyera el jurado, angustiado, pero hablando con amigos, conocidos y saludados.

La constitución del jurado se alargó durante casi tres horas. Muchos de los candidatos iniciales fueron recusados porque sabían demasiado del caso, según fuentes presentes en el acto, hasta el punto de que finalmente, y quizá para evitar un aplazamiento, la magistrada se opuso a la recusación de uno que en el breve intercambio al que las partes los someten a puerta cerrada llegó a mencionar la “acción de oro” —la clave en la lucha por el control del emporio empresarial de la familia Sala Martínez—. Constituido el jurado y tras un receso para comer, la magistrada anunció la “audiencia pública”, algo que durante un rato a media mañana pareció peligrar, pues la defensa había solicitado que el juicio fuera a puerta cerrada para evitar un juicio paralelo. Un disparo por elevación, que no podía alcanzar el plato, pero que aseguró lo que por otra parte ya estaba previsto: que el juicio no se retransmita en directo, para evitar así que lo que unos testigos declaran en la vista oral no contamine a los siguientes.

Esas precauciones están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y solo se relajan por razones extraordinarias —el propio juicio del 'procés', cuya sentencia se conoció ayer, fue retransmitido íntegramente; como el del 11-M—. Pero en este caso adquieren una relevancia crucial, porque a falta de poder evaluar pruebas materiales, todo va a depender del acierto a la hora de construir el mejor relato. El fiscal José Llor lo sabe, pero los atajos que ayer intentó para sobreponerse al deslucido papel al que la propia dinámica del conflicto —la guerra por el control de las empresas como supuesto móvil del crimen que enfrenta a la acusación particular y la defensa— parece haberlo reducido resultaron en un callejón sin salida dialéctica. Puso por delante la supuesta imparcialidad del Ministerio Fiscal con una declaración que no sonó muy convincente, y trató de convertir el informe inicial en un acoso y derribo de la prueba de la defensa, antes incluso de que esta la propusiera.

La declaración del fiscal no sonó muy convincente y trató de convertir el informe inicial en un acoso y derribo de la prueba de la defensa

“Estoy tratando de tener toda la paciencia del mundo”, le interrumpió por segunda vez la magistrada en su informe inicial, “pero, como usted habla, parece que se haya celebrado ya el juicio”. Lejos de limitarse a justificar la prueba que la Fiscalía presenta, y amparándose en que el jurado debía entender bien en qué consiste “la prueba de indicios”, porque aunque no sea prueba directa es perfectamente válida, el fiscal se dedicó a atacar los argumentos y las alegaciones de la defensa durante la instrucción y en su escrito de conclusiones provisionales. Tras el interminable informe inicial del fiscal, la magistrada consultó con las partes y los jurados si no convendría dejar para hoy el de la otra acusación y la defensa, y pasar directamente al desplazamiento al lugar del crimen para realizar una inspección ocular.

Y así se hizo. Los informes iniciales del abogado del hijo que acusa y el de su cuñado acusado, por tanto, se han aplazado hasta hoy martes por la mañana. Luego, declarán el acusado y dos trabajadores de Novocar. Ninguno de los hijos de la víctima, ni el primogénito, Vicente Sala Martínez, que tiene que declarar como testigo en los próximos días y que acusa a su cuñado Miguel, ni sus tres hermanas, que defienden su inocencia, se han dejado ver esta mañana. La esposa de Vicente Sala Martínez, que no es testigo, sí que ha asistido a la primera jornada del juicio.

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Al final de la tarde, y desplazado el jurado, las partes y los periodistas al concesionario Novocar, para que los jurados pudiesen hacerse una composición de lugar, la magistrada reconvino otra vez al fiscal, por tratar de convertir “una inspección ocular en una reconstrucción de los hechos”. “Los jueces lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos contaminar”, le dijo con una voz aguda, pero firme, afeándole las maneras con las que el acusador público intentaba otra vez avanzar conclusiones no sometidas a contradicción ni actividad probatoria alguna. No era el momento de discutir con la defensa, a quienes ambas acusaciones interrumpieron en cinco ocasiones durante su turno de palabra, sino de situar el relato en el lugar de los hechos. “Y recuerden”, dijo mirando a los jurados que escuchaban delante del lavadero del asesinato, “aquí los jueces son ustedes”.