El Supremo repudia las acusaciones de "venganza" de los políticos secesionistas

Los dirigentes independentistas se pusieron de acuerdo este lunes en tildar de “venganza” la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del ‘procés’. Desde entonces, la palabra 'venganza' ha salido de los labios de todos los responsables políticos que han criticado el fallo. “Acto de venganza y no de justicia”; “esto no es justicia, es venganza”; “estrategia de represión y venganza”… Cual letanía orquestada.

A primera hora de la tarde del lunes y desde la ‘embajada’ de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea, el ‘expresident’ Carles Puigdemont aseguraba que “la sentencia confirma la estrategia de la represión y de la venganza” del Estado español.

La declaración del político huido de la Justicia forma parte del coro de independentistas que se han sumado a la idea de que los jueces del Supremo han actuado con ánimo de represalia. El ‘president’ Quim Torra calificaba el fallo como “acto de venganza y no de justicia”. En ese mismo sentido se expresaba Gabriel Rufián. “Lo que se acaba de publicar no es una sentencia, es una venganza, y las venganzas en la política y en la vida siempre salen mal”, manifestó el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana en el Congreso.

Por su parte, Oriol Junqueras aseguraba en un audio publicado por ‘Newtral’ y grabado en la prisión de Lledoners lo siguiente: “Lo que te podías esperar. Esto no es justicia, es venganza. Todos sabíamos que no tendríamos un juicio justo. Lo ha visto todo el mundo. Se han ensañado”. Así se expresaba Junqueras sobre la arbitrariedad que él supone a los jueces del Supremo.

Ada Colau, en una declaración institucional desde el ayuntamiento de la capital catalana, asumía como propia la idea de una venganza del Estado contra el movimiento independentista. "Necesitamos alzar la voz para que no se normalice esta situación de injusticia. Este juicio ha sido un retroceso en el Estado de derecho. Respondía más a la venganza que a hacer justicia", afirmó la alcaldesa de Barcelona.

Los togados de la Sala de lo Penal del alto tribunal esperaban esta reacción, ya que durante el proceso judicial hubo hasta siete recusaciones contra nueve jueces de esa sala. Esas recusaciones pusieron en solfa la imparcialidad de los jueces del Supremo. Los siete redactores y firmantes del fallo dedican más de 30 páginas a rebatir esas acusaciones de imparcialidad previas a la publicación de la sentencia y también ‘a posteriori’.

Las defensas han presentado a un “grupo de siete disciplinados funcionarios dispuestos a ejercer la venganza del Estado por el proceso secesionista”

Los jueces que han condenado a los 12 líderes independentistas juzgados a penas de entre 10 meses de multa y 13 años de prisión aseguran en la redacción de la sentencia que la parcialidad de los magistrados esgrimida por las defensas no tiene razón de ser. “Este argumento no se sostiene” o “el argumento es descabellado”, se lee en el texto de la resolución judicial.

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Los jueces, liderados por Manuel Marchena, sostienen que algunas defensas han seguido “una estrategia de demonización” de los magistrados del Tribunal Supremo que han juzgado a los investigados y los han relacionado con un “grupo de siete disciplinados funcionarios dispuestos a ejercer la venganza del Estado por el proceso secesionista”. Añaden que algunos de los acusados se presentaron “como víctimas de un proceso político, sin que faltara quien consideró que su enjuiciamiento solo se explicaba por su nombre y apellidos”.

El juez Marchena y sus seis compañeros son contundentes en mostrar y defender su imparcialidad y profesionalidad. Exponen que solo en el periodo 2014 a 2018 los mismos magistrados recusados por las defensas de los políticos y activistas secesionistas despacharon hasta 2.503 asuntos judiciales originados en Cataluña. Sin embargo, “en ninguno de esos procedimientos se ha promovido la recusación de alguno de los magistrados que integran la sala”, arguyen los juristas.

Los jueces del Supremo muestran su estupor por la “manera contumaz” en que las defensas de los líderes ‘indepes’ han querido deslegitimar al alto tribunal. Su objetivo esencial, en opinión de los magistrados, ha sido convertir el desarrollo del juicio en “un tedioso y prescindible trámite para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, única instancia habilitada para aceptar un recurso del Supremo y enmendar su decisión.

Los magistrados concluyen que “los procesados han gozado del derecho constitucional a un juez imparcial” y descalifican que los ya condenados y sus letrados hayan intentado “prefabricar una apariencia de parcialidad que, mediante su reiteración pública, laminara la credibilidad de la sala”.