El juez Llarena emite una nueva euroorden para la detención inmediata de Puigdemont

El instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha emitido este lunes una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por sedición y malversación. Tras notificarse la sentencia del Supremo que condena a Junqueras y a otros tres líderes independentistas por ambos delitos, el magistrado ha atendido la petición de la Fiscalía y ha dictado una nueva orden internacional para lograr el arresto inmediato del 'expresident'.

Llarena recuerda para ello que la simple imputación del líder independentista procipió su fuga en 2017, por lo que las condenas que se han notificado este lunes conllevan el riesgo de que busque reforzar su huida y se refugie en países que no formen parte de la Unión Europea.

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"Sin perjuicio de lo que del estudio de la sentencia resulte oportuno respecto de otros procesados rebeldes, puede concluirse que la publicación de la sentencia potencia el riesgo de fuga del encausado", sostiene el magistrado. "No porque la sentencia pueda impulsarle a ponerse fuera del ámbito de actuación directa de este instructor, pues su situación de prófugo de la justicia ya se materializó al inicio del procedimiento y persiste en la actualidad, sino porque las graves responsabilidades que se ciernen sobre él, y la solidez de su atribución, pueden impulsarle a nuevas iniciativas para dificultar su captura".

Llarena destaca además que la sentencia de este lunes se basa en los hechos que se imputan a todos los procesados, entre ellos el propio Carles Puigdemont, que ejerció como líder del 'procés'. Apoyándose en esta idea, el juez subraya que, más allá de lo que pueda averiguarse en el propio juicio oral, la sentencia apuntala la acusación que se mantiene contra el 'expresident': "No puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad".

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Llarena ratifica así la declaración de rebeldía de Puigdemont y pide que la nueva euroorden sea notificada a las autoridades de Bélgica. Ante el riesgo de que abandone Bruselas, incide también en "su difusión en el sistema de información Schengen", así como en su envío a Interpol por si se le localiza "en un país que no pertenezca a la Unión Europea, con el compromiso de que se remitirá vía diplomática a través del Ministerio de Justicia conforme a la normativa de la Extradición la oportuna solicitud de extradición".

"Con todo lo expuesto, se muestra plenamente justificada la petición cursada por el Ministerio Público en su escrito de 10 de octubre de 2019, acordándose la búsqueda e ingreso en prisión del procesado Carles Puigdemont i Casamajó, emitiéndose orden nacional, europea e internacional de detención y entrega, por las alegaciones que aquí se expresan, por los delitos de sedición y de malversación de caudales públicos", concluye el magistrado. El auto solo implica por el momento reactivar la euroorden contra Puigdemont, pero el Ministerio Público podrá reclamar nuevas ordenes de detención para el resto de huidos una vez analicen en profundidad la resolución.

Retiró la euroorden en julio de 2018

Llarena retiró las euroórdenes contra Puigdemont y el resto de huidos en julio de 2018, después de que la justicia alemana acordará la extradición del exvicepresidente catalán solo por malversación y no por rebelión, como pedía el magistrado. El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein consideró que los actos que se le imputan en esta causa al expresidente catalán no se corresponden en Alemania con este delito ni con el de perturbación del orden público o el de alta traición.

El magistrado del Supremo rechazó entonces la entrega solo por malversación y argumentó que el tribunal alemán se había anticipado a un enjuiciamiento. Según defendió, el los magistrados deberían haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania y si, de haberse cometido rebelión, se impulsaría una investigación penal semejante a la que se sigue en el Tribunal Supremo.