La 'exconsellera' Meritxell Borrás se libra de la cárcel

La 'exconsellera' de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás, fue considerada culpable de desobendencia en la sentencia del 'procés', un delito que no implica la pena de prisión. En su escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía apenas menciona a la 'exconsellera': su nombre solo aparece tres veces.

Borrás deberá pagar una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por tiempo de 1 año y 8 meses.

Este delito está regulado por el artículo 410 del Código Penal, que castiga a las "las autoridades y funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de respectiva competencia y revestidos de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

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Según se lee en la sentencia, la duración del tiempo de inhabilitación de Borrás y los demás condenados por desobediencia (Carles Mundó y Santi Vila) ha sido fijada "tomando como referencia en el juicio ponderativo precedentes ya sentenciados por esta Sala, en los que la gravedad de los hechos no fue tan intensa y la contumacia de los acusados en desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional no adquirió el significado y la relevancia que ahora expresan los hechos declarados probados".

El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Borrás no quiso protagonizar un choque de trenes e incluso soltó alguna lágrima al recordar la muerte de su padre durante el interrogatorio. La política se distanció del tono agresivo de otros acusados y aceptó contestar a todos salvo Vox. Para ella, la declaración unilateral de independencia del Parlament no fue más que "un preámbulo" que "no obliga a nada ni establece nada".

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El 12 de junio, en su turno de última palabra, la política lanzó entonces una petición directa a los magistrados: "Alguien debería tener en cuenta, y pienso humildemente que también este tribunal, que hay nuevos políticos y que el anhelo de una buena parte del pueblo de Cataluña de definir su encaje en la Europa moderna continuará. En democracia debemos encontrar entre todos una solución adecuada, dialogada y que nos pueda satisfacer a todos".

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