Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición

La sentencia del 'procés' que se ha podido conocer este lunes por la mañana ha condenado a 11 años y 6 meses a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por un delito de sedición, pero no de malversación.

"Las peripecias vividas en sede parlamentaria durante los días 6 y 7 de septiembre y las estrategias urdidas para eludir la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, le confieren un protagonismo de primer orden", concluye la sentencia del Tribunal Supremo sobre Carme Forcadell.

Tras cuatro meses de deliberación, los siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido de forma unánime descartar el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía y se ha decantado por el de la sedición que recogía la Abogacía del Estado, que contempla penas más bajas.

En el escrito, el Altro Tribunal destaca que en el momento de los hechos, Forcadell era la presidenta del Parlament y ha quedado "manifiestamente acreditado su relevante papel en la elaboración de un cuadro normativo, con aparente valor constitucional, llamado a dar cobertura a un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional". Los magistrados del Supremo señalan también en la sentencia el papel destacado de Forcadell en "una movilización ciudadana dirigida a hacer visible la pérdida de capacidad jurisdiccional de los órganos judiciales radicados en Cataluña".

[VÍDEO: Estas son las condenas impuestas por el Tribunal Supremo]

Por ese motivo, ha condenado a Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión y de inhabilitación absoluta con "privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos , o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

En su escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía destacaba "la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos" en el 'procés': el parlamentario, el ejecutivo y el social. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, se erigió como máxima responsable del primer eje. La política de ERC estaba acusada de ser promotora de la rebelión por la Fiscalía, que pedía 17 años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta para ella. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicitaba por su parte que fuera condenada a 10 años de prisión y a 10 de inhabilitación por un delito de sedición, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pedía 62 años de cárcel por dos delitos de rebelión y uno de organización criminal.

"La acusada Forcadell, aun siendo plenamente consciente de que incumplía su deber de inadmitir y paralizar aquellas actuaciones contrarias al orden constitucional, [...] como Presidenta de la Mesa votó, en unión de la mayoría de sus miembros, sistemáticamente a favor de la admisión, permitiendo de ese modo que se tramitaran las resoluciones parlamentarias y las normas legales que se dirán, todas ellas tendentes a crear el marco legal que sustentara la construcción de la República catalana, a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales", sostenía la Fiscalía.

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El 26 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', la política de ERC acusó al Tribunal Constitucional de cambiar su jurisprudencia a su antojo y actuar desde la política y no desde la ley, asegurando además que su voto favorable para la tramitación del referéndum del 1 de octubre estaba protegido por la "inviolabilidad parlamentaria". "No participé en ninguna estrategia, me limité a cumplir con mis obligaciones", defendió. Su abogada, Olga Arderiu, insistió a su vez el 12 de junio en que "se le juzga por quien es y no por lo que ha hecho", para lo que dijo no entender "la diferencia entre Forcadell y el resto de miembros de la Mesa", que no tuvieron que sentarse en el banquillo del Supremo.

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