PSOE, PP y Podemos recolocan a sus asesores para que sigan cobrando tras el 10N

Como si fueran clubes de fútbol antes del cierre del mercado de fichajes, los grupos parlamentarios apuraron hasta última hora antes de la disolución de las Cortes el pasado 24 de septiembre para contratar, recolocar y ascender de categoría a sus asistentes y asesores. El objetivo de este movimiento de peones no ha sido otro que mantener y, en algunos casos, incrementar el salario que perciben como personal eventual durante los próximos meses de 'impasse' legislativo hasta que se conforme el nuevo Parlamento que surja de las elecciones del 10-N. De esta forma, algunos asistentes se han asegurado un mayor sueldo hasta que se conforme la nueva legislatura, mientras que otros han logrado mantenerlo pese a que el cargo por el que habían sido nombrados 'a dedo' desaparecía con la Diputación Permanente.

Cuatro asistentes (el escalafón más bajo como personal eventual), dos del PSOE y dos del PP, ascendieron de puesto —y nivel salarial— en apenas 24 horas. Tal y como evidencia el boletín del Congreso del pasado 4 de octubre, estos asistentes fueron cesados el 19 de septiembre, dos días después de que el Rey constatara que ningún candidato tenía los apoyos suficientes para una segunda investidura y, por consiguiente, habría una repetición electoral. Al día siguiente, el 20 de septiembre, estos asesores fueron nombrados en una categoría superior con un incremento salarial del 25% o el 50% sobre lo que percibían hasta entonces. Así, en apenas un día, dos asistentes técnicos del PP que hasta entonces cobraban 3.040 euros mensuales pasaron a 3.547 euros al convertirse en asistentes técnicos A. Por su parte, una asistente del PSOE pasó de 2.027 a 3.040 euros al ser nombrada asistente técnica. Los cuatro cobrarán su nueva retribución hasta que se constituya la XIV Legislatura el próximo 3 de diciembre, tal y como acordó recientemente la Mesa del Congreso.

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Pero no solo se trata de ascensos de categoría sino también de asegurarse de que el personal de confianza siga cobrando durante los dos próximos meses. Los presidentes de las comisiones tienen la posibilidad de contratar asistentes adicionales al margen del cupo establecido para cada grupo parlamentario —0,90 asistentes por cada diputado— para ayudar en esa tarea. Si el diputado que preside una comisión se mantiene en la Diputación Permanente (en la que solo participan 137 —entre titulares y suplentes— de los 350 diputados electos), ese asistente seguirá trabajando. Sin embargo, si el presidente de la comisión no forma parte de este órgano, quien haya sido fichado como asistente se queda sin empleo, ya que las comisiones parlamentarias no funcionan con las Cortes disueltas. Pero los partidos se guardan un as en la manga para que estos asistentes no se queden sin cobrar: recolocarlos como personal de confianza de los miembros de la Diputación Permanente.

La diputada socialista y exministra Beatriz Corredor ejerció como presidenta de la Comisión de Justicia en la breve legislatura que finalizó el 24 de septiembre. Como titular de la comisión, había contratado a una asistente, pero como Corredor no integra la Diputación Permanente, su personal de confianza habría perdido el puesto automáticamente con la disolución de las Cortes. Justo a tiempo, el 21 de septiembre, Corredor cesó a quien había contratado y su compañero socialista José Manuel Franco, presidente de la Comisión de Educación y Formación Profesional y que sí integra la Diputación Permanente, la recontrató al día siguiente. De esta forma, la asistente mantendrá su cargo y salario hasta el 3 de diciembre.

También se dan casos en los que el presidente de una comisión cesa a su asistente, al no formar parte de la Diputación Permanente, y es el grupo parlamentario el que lo vuelve a fichar. El Confidencial detectó hasta ocho casos de este tipo, que involucran a personal eventual contratado por el PSOE, el Partido Popular y Unidas Podemos. El resto de los presidentes de comisiones (entre los que también hay diputados de Ciudadanos) continúan en el órgano y, con ellos, sus asistentes.

23 fichajes tras conocer la repetición electoral

PSOE, PP, Unidas Podemos y ERC continuaron fichando 'a dedo' a personal de confianza incluso después de que Felipe VI anunciara que no proponía a ningún candidato para una segunda investidura y, por tanto, se cerraba la legislatura y se convocaban nuevas elecciones. Desde el 18 de septiembre hasta la disolución de las Cortes seis días más tarde, los socialistas contrataron 13 asistentes; UP, cinco; el PP, cuatro, y ERC, un asistente técnico, según la información recopilada por El Confidencial de los boletines del Congreso de los Diputados. De esta forma, los grupos parlamentarios se aseguraron que estos fichajes, que son cargos de confianza, cobren su salario hasta que se conforme la nueva legislatura.

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Cuando este diario publicó que los grupos parlamentarios habían contratado 47 asistentes y asesores tras la investidura fallida de julio, la Mesa del Congreso todavía no había decidido si el personal eventual de la XIII Legislatura seguiría cobrando tras la disolución de las Cortes. Esa decisión, que no es pública, ya ha sido tomada y el personal seguirá percibiendo su salario de los fondos públicos de las Cortes hasta el 3 de diciembre, según informaron fuentes parlamentarias. De esta forma, el Congreso deberá destinar más de medio millón de euros por mes a pagar el salario de asesores y asistentes, según cálculos realizados por El Confidencial.

En total, los 350 diputados que el pasado 28 de abril fueron electos para esta breve legislatura han contratado a 261 asesores y asistentes para sus grupos, comisiones parlamentarias o para asistir a la presidencia y vicepresidencia del Congreso. Los grupos no tienen que justificar ni presentar ninguna credencial para fichar al personal eventual. Como los legisladores, estos fichajes no han tenido casi trabajo en estos meses de Gobierno en funciones.

Casi un asistente por diputado

Durante esta legislatura, los grupos tenían la posibilidad de contratar un máximo de 0,90 asistentes por cada diputado, según decidió la Mesa del Congreso al inicio del mandato. Así, por ejemplo, el grupo socialista podría nombrar hasta un máximo de 110,7 asistentes; el popular, 59,4; Ciudadanos, 51,3, y Unidas Podemos, 37,8.

Sin embargo, no vale lo mismo contratar a un asesor que a un asistente. Mientras estos últimos cobran 2.027 euros mensuales brutos, los asesores perciben el doble, 4.054 euros cada mes, por lo que un asesor equivale a dos asistentes. Entre medias, hay otros cargos que también pueden fichar asistentes A (2.533 euros), asistentes técnicos (3.040) y asistentes técnicos A (3.547).

Entre los partidos mayoritarios, Unidas Podemos, PP y Ciudadanos son los que han estado más cerca de completar el máximo de asistentes que pueden contratar. En el otro extremo se encuentra Vox.

A esta partida presupuestaria se suma otra subvención que reciben los grupos parlamentarios por el 'ejercicio de su función', que también pueden utilizar para contratar personal de confianza. En ese caso, no tienen que publicar ni cuántos ni quiénes son esos asesores contratados. Esa partida asciende a 29.026 euros por mes para cada grupo y 1.670 euros mensuales por cada diputado.