El prior no autoriza la exhumación de Franco y el Gobierno advierte de que la ejecutará

El Gobierno se enfrenta a un escollo que cree superable en su camino para la exhumación de Francisco Franco. Tiene una sentencia del Supremo absolutamente favorable en la mano, pero eso no es todavía suficiente para el prior del Valle de los Caídos. El monje benedictino administrador de la basílica, Santiago Cantera, no autoriza al Ejecutivo entrar al templo. Desde la Moncloa calificaron la respuesta del religioso de "última maniobra" que no surtirá efecto, pues cuenta con el aval del alto tribunal y también con el plácet del Vaticano. "Entraremos en la basílica", indicaron a este periódico fuentes gubernamentales, quienes recordaron que el conjunto pertenece a Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. El Consejo de Ministros podría de hecho acordar la fecha de la exhumación en su reunión de este viernes, aunque la decisión política no está aún tomada.

El prior administrador del Valle de los Caídos respondió este miércoles por carta [aquí en PDF] a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, quien le dirigió una misiva por correo electrónico el pasado 3 de octubre (fechada el día 2) en la que le preguntaba si acataría la sentencia del Tribunal Supremo o no. Le daba cinco días para comunicar su decisión. La contestación de Cantera es rotunda: "En defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas (que es inseparable de nuestra libertad religiosa), le comunico que esta abadía no autoriza el acceso a la basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una 'res sacra' (sepultura)".

[Consulte aquí en PDF la carta del prior a Carmen Calvo]

Cantera asegura que la resolución del Supremo "no resuelve" las alegaciones planteadas en el recurso de la abadía y, "muy especialmente, la vulneración de la libertad religiosa" al pretender acceder a un lugar sagrado "sin la preceptiva autorización eclesiástica". "Los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz y parte de ellos (entre los que se encuentra la basílica) fueron cedidos en administración a esta abadía y el templo", por lo que su configuración como "lugar de culto" y el carácter de 'res sacra' de las sepulturas que se encuentran en su interior es "indiscutible".

El religioso, candidato falangista en 1993 y 1994, señala que "la última palabra" no la tiene el Supremo sino el Constitucional o el TEDH

El prior había manifestado hace casi un año que acataría las decisiones judiciales. Pero ahora añade que la "última palabra" del caso "no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional", como máximo intérprete de la Carta Magna, "y, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo". "El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales", sostiene el monje, que fue candidato falangista en las generales de 1993 y las europeas de 1994.

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"Inadmisible entendemos que para la Iglesia"

La comunidad benedictina considera que las razones por las que se negó a permitir la exhumación de Franco —no hay consentimiento de la familia y sí violación, dice, de los "principios religiosos y morales afectados"— se han visto "agravadas" porque supondría que la "inviolabilidad de los lugares de culto depende de lo que decida una ley nacional" (en este caso, el decreto ley 10/2018 que impulsó la salida del dictador del Valle de los Caídos), y eso, a juicio de Cantera, es "inadmisible". "Inadmisible para esta abadía y entendemos que para la Iglesia católica", escribe, deslizando una sutil crítica a la jerarquía eclesiástica que no ha puesto reparos a la decisión del Ejecutivo.

El Ejecutivo no acepta la última "maniobra" del monje y alega que tiene a su favor la sentencia rotunda del TS y el plácet del Vaticano

El prior defiende que han de agotarse todos los recursos jurídicos a su alcance, "tanto a nivel nacional como internacional". Y argumenta que si los religiosos custodios del templo autorizaran la exhumación, no solo dejarían sin "finalidad legítima" los recursos de amparo que se producirán, sino que carecerían de justificación para oponerse —"como nos opondremos"— a la exhumación de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía.

El Gobierno se manifiesta tranquilo pese a la negativa del prior. Desde la Moncloa ya advierten de que no se detendrán ante la "última maniobra" y "pataleta" del prior, aunque sí se manifiestan "sorprendidos" por su decisión de desobedecer una resolución del Supremo —que es firme aunque se impugne ante el TC y el TEDH—, máxime cuando él mismo afirmó que acataría lo que resolvieran los tribunales. "Pero entraremos en la basílica. Con la sentencia en la mano", indican fuentes gubernamentales. Recuerdan que el Valle de los Caídos pertenece a Patrimonio Nacional, dato que también subraya el fallo del Supremo.

Depende del Papa

Se prevé que este jueves el Supremo remueva el último obstáculo que impide ejecutar la exhumación: la suspensión cautelar que el TS dictó en junio contra el acuerdo del Consejo de Ministros y que aún pesa sobre los demás recursos interpuestos, los de la comunidad benedictina, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Pero la sentencia [aquí en PDF] por la que los magistrados desestimaron la impugnación de la familia ya fue suficientemente elocuente. De hecho, el TS se pronunció este miércoles sobre la petición de aclaración formulada por los nietos. Estos preguntaron qué ocurría si el prior no autorizaba al Gobierno el acceso a la basílica, y si en ese caso haría falta un permiso judicial, y a qué órgano le correspondería.

El Ejecutivo podría poner fecha a la exhumación este viernes, una vez decaiga la suspensión cautelar, pero la decisión corresponde al presidente

En un auto dictado este miércoles [aquí en PDF], la sala señala que "la sentencia es clara" y la aclaración que demandan los recurrentes "no es necesaria". Explica que la negativa del prior se tiene por "decaída", dado que condicionaba su posición a lo que resolviera el Supremo. Es decir, que Cantera debe colaborar y permitir el acceso. Advierte además la resolución de que "a ningún otro judicial distinto de esta sala [la de lo Contencioso-Administrativo del TS] corresponde conocer las actuaciones del Consejo de Ministros [...] ni de la ejecución de esta sentencia". El aviso también parecía dirigido al juez de Madrid José Yusty, que paralizó la licencia de obras, que según ratificó el Supremo no es necesaria.

La comunidad del Valle de los Caídos no depende de la Archidiócesis de Madrid ni de la Conferencia Episcopal Española, que ya habían advertido de que no se oponían a la exhumación. Cantera tiene como superiores jerárquicos al abad de Silos, Lorenzo Maté; a la congregación benedictina de Solesmes (Francia), y al propio Papa. El Gobierno entiende que no ha de formular nueva aclaración al Vaticano, puesto que la Santa Sede, a través del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ha reiterado que no se opone a la salida del dictador de Cuelgamuros. Su último pronunciamiento coincidió con la sentencia del TS.

La cobertura de los medios

Una vez el Supremo haga decaer la suspensión cautelar, el Gobierno entiende que tiene definitivamente el camino expedito. El último paso se dará en los próximos días: el Consejo de Ministros tendrá que aprobar la fecha de la exhumación. Ese acuerdo podría adoptarse este viernes, según indicaron fuentes de la Moncloa a este periódico, aunque la última palabra la tendrá el presidente. Pedro Sánchez aseguraba esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' que la salida del Valle de los Caídos se hará "cuanto antes". "Es cuestión de días ponerlo en marcha", afirmó, advirtiendo también de que se informará a la familia por si quiere estar presente en todo el procedimiento.

La Moncloa no ha dado a conocer aún los detalles del operativo técnico. La Guardia Civil expresó su preferencia por un traslado en helicóptero

La decisión pondrá fin a un largo proceso y es de enorme calado simbólico para los socialistas, cuya materialización coincidirá previsiblemente con el final de la precampaña del 10-N. El Ejecutivo está ultimando el operativo técnico, pilotado por Calvo y por el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. La maniobra abarca desde el desenterramiento del dictador hasta su traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, hasta la cripta donde yace su mujer, Carmen Polo. Como avanzó 'El Periódico de Catalunya', la Guardia Civil sí manifestó su preferencia por que el cuerpo se condujese a su nuevo destino en helicóptero, aunque para la Moncloa esa es solo una alternativa.

Según manifestó la vicepresidenta en marzo, la exhumación se haría de manera decorosa, sin que los medios pudieran tomar imágenes del instante de la exhumación, del momento en que se levante la pesada losa que cubre al cadáver embalsamado de Franco. El Ejecutivo desconoce en qué estado se hallan los restos, si bien la basílica está aquejada de fuertes humedades que podrían haber alcanzado al dictador. Las cámaras sí podrían recoger la salida del templo, a cuyos pies se abre una enorme explanada, y el trayecto hasta El Pardo. Las imágenes recorrerán el mundo y supondrán, para el Gobierno, el cierre de un capítulo "oscuro" de la historia reciente de España. Lo resaltaba el presidente este miércoles: "La memoria, la dignidad, la justicia y la reparación fortalecen los cimientos de nuestra democracia".