Cifuentes declarará como imputada por el caso Púnica el 9 de octubre

El juez del caso Púnica ha citado a declarar a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes el próximo 9 de octubre. Después de que su abogado pidiera la suspensión de la comparecencia que estaba prevista para este martes porque coincidía con un señalamiento anterior de otro de sus clientes, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha aplazado el interrogatorio a la próxima semana.

El pasado 2 de septiembre, el magistrado acordó su declaración y la de su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, junto al de otra cuarentena de investigados en la trama. Cifuentes declarará en primer lugar, ya que Aguirre no está citada hasta el próximo 18 de octubre, más de un mes después del inicio de las nuevas diligencias. Lo mismo sucede con el expresidente Ignacio González, citado el día 17 de octubre.

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En el caso de la expresidenta madrileña, imputada también en el caso máster, el magistrado menciona en su auto su vinculación con la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid. "Participarían en el concierto Cristina Cifuentes y una funcionaria (Tatiana Recoder), quienes integraron el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco". "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", especifica el auto.

Aunque el juez no lo menciona en su escrito, la Fiscalía Anticorrupción va un paso más allá en el informe que generó las nuevas imputaciones y apunta a un tejemaneje de la trama que "no pudo resultar ajeno" a Cifuentes. En su anexo tercero, en el que se desarrolla la presunta financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes, el Ministerio Público pide que "se reciba declaración como investigada a Cristina Cifuentes por su indiciaria participación en el desvío de fondos públicos para pago de gastos particulares". Al igual que el magistrado, la Fiscalía apunta a la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea, pero también incide en una supuesta operación fraudulenta entre el PP, Indra y una tercera empresa.

En reuniones

Según explica en su escrito, la expresidenta madrileña "asistió a las reuniones que mantuvieron los investigados Ignacio González y Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre y Borja Sarasola, con Juan Miguel Madoz Echevarria, administrador de la empresa SWAT, en las que se planteaba la estrategia política y de comunicación, muchas de ellas celebradas en la sede de SWAT". La Fiscalía considera clave su asistencia a estos encuentros, pues considera a Madoz, cuya presencia está prevista este mismo martes en la Audiencia Nacional, "uno de los cooperadores en el desvío de fondos públicos para pago de gastos electorales, que omitía el administrador electoral en la contabilidad de las campañas". Una estrategia que, según defiende, "se planeaba en las reuniones" y pasaba por emitir facturas falsas desde 2008 a la mercantil Indra "como medio de trasvase de fondos desde la Agencia de Informática de la CAM para pagar gastos electorales y otros gastos del partido".

Más allá de su presencia en estas reuniones, Anticorrupción no menciona ningún hecho que demuestre que la expresidenta fuera conocedora de este supuesto desvío de fondos, pero asegura que, "por su relevancia, no pudo resultar ajeno a la Secretaría Territorial", cargo que entonces ocupaba Cifuentes. A falta de que avance la declaración y se tome declaración a otros de los asistentes a estas reuniones, el juez ha optado por no incluir esta parte de la acusación en el auto con el que imputa a la política, pero todo apunta a que las fiscales preguntarán por este extremo cuando acuda a declarar como investigada el próximo 9 de octubre.