Un juzgado madrileño expulsa a Venezuela de la pieza sobre el lavado de dinero del petróleo

El Gobierno de Maduro ya no puede ejercer como acusación en la pieza que instruye un juzgado de Madrid sobre el lavado de dinero del petróleo venezolano. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a ex altos cargos chavistas por el presunto blanqueo que perpetraron en España, causa en la que se aceptó el pasado junio la personación de Venezuela como parte acusadora. La decisión, sin embargo, ha sido ahora anulada mediante un decreto al que ha tenido acceso El Confidencial: "Requiérase a la representación procesal del Estado de la República Bolivariana de Venezuela para que devuelva el soporte con el contenido de la causa que se le entregó", ordena el letrado de la Administración de Justicia.

En la pieza se encuentran imputados el que fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, y su mujer, Milagros Coromoto, a los que se investiga por el presunto blanqueo de dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal PDVSA. Otro de los nombres que figuran en la lista de imputados es el del empresario venezolano, José Roberto Rincón Bravo, acusado de lavar en España parte de la fortuna que supuestamente amasó su familia a través de acuerdos irregulares con la petrolera. Tras aceptarse la personación del Gobierno de Maduro en la causa el pasado junio, los tres recurrieron la medida, postura a la que la propia Fiscalía terminó por sumarse.

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Cada parte alega argumentos distintos para que Venezuela no pueda ejercer como acusación, pero el juzgado ha terminado agarrándose a un tecnicismo para atender su solicitud. Según explica el letrado de la Administración de Justicia, el procedimiento que se siguió para aceptar la personación del Gobierno de Maduro es contrario a la ley, pues se dio luz verde a la medida mediante una diligencia de ordenación y no mediante un decreto: "La diligencia de ordenación recurrida excede en su contenido la previsión legal [...], por lo que procede, de conformidad con lo establecido en el art. 240 y 241 L.O.P.J., declarar la nulidad", señala el decreto que se emitió el 20 de septiembre, contra el que no cabe interponer recurso.

Al apoyar la decisión en este razonamiento, el juzgado evita responder al resto de alegaciones, entre las que destaca uno de los argumentos esgrimidos por Rincón Bravo. El magnate venezolano, representado por el despacho Business & Law, presentó un escrito el 7 de julio en el que defiende que Maduro ya no tiene legitimidad en España: si el Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido a Juan Guaidó como "presidente encargado de Venezuela", el chavismo ya no puede personarse entonces en un juicio que se celebra en Madrid. "Esta actuación procesal indebida podría conllevar una invasión de las competencias que, en política exterior, solo el Ejecutivo tiene atribuidas, con las consecuencias constitucionales que de ello se derivarían", sostiene.

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La Fiscalía, por su parte, se posiciona en contra de la personación de Venezuela porque considera que no está legitimada para ejercer ni como acusación popular ni como acusación particular. A la hora de rechazar la primera opción, apunta a que no cumple el principal requisito que exige la ley: "No se trata de un ciudadano español". Respecto a la segunda, defiende que "carece de un interés legítimo que lo faculte" para presentarse como acusación particular porque "ni es perjudicado ni el procedimiento se dirige contra él mismo". "En el supuesto de que el Estado de la República Bolivariana de Venezuela se sintiera perjudicado, deberá incoar un procedimiento ante los tribunales de Venezuela", concluye el Ministerio Público.

Tras estudiar los escritos, el juzgado ha optado por expulsar al Gobierno de Maduro de la pieza, pero como lo justifica por un error de trámite, en ningún momento responde a las alegaciones de las partes. Pese a ello, los razonamientos de las partes quedan ahí para futuras piezas en las que Venezuela quiera ejercer como acusación. Como recuerda la Fiscalía en su escrito, esta ya es la segunda vez en lo que va de año que las autoridades chavistas quedan fuera de un procedimiento: "En contra de la personación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, ya se han pronunciado los juzgados españoles; en concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 2, mediante auto del 1 de marzo de 2019".