El Gobierno responde al desafío de Torra: no tolerará "ningún ataque" a la Constitución

El Gobierno actuará con contundencia contra cualquier intento de traspasar la legalidad por parte del Parlament y la Generalitat de Catalunya. Ya advirtió este jueves de que impugnará las resoluciones que llaman a la "desobediencia" institucional y civil como respuesta a la sentencia del 'procés'. Hoy viernes reiteró ese aviso: no consentirá "ningún ataque" a la Constitución ni al Estatut. De momento no activará la aplicación del artículo 155, porque considera que no hay que "extralimitar situaciones ni respuestas", pero "si se dieran las circunstancias" que exigen la Carta Magna y el propio Tribunal Constitucional, "lo haría", pero esas circunstancias aún no se dan, a juicio del Gobierno, porque no se ha infringido la legalidad, a diferencia de lo que ocurrió en 2017. Sí cree el Gobierno que las fuerzas soberanistas están caldeando el ambiente a las puertas del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O y de fallo del Tribunal Supremo contra los dirigentes que lideraron el 'procés'.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, arrancó su comparecencia de este viernes, posterior al Consejo de Ministros, con un mensaje de "serenidad y firmeza ante los últimos acontecimientos" ocurridos en Cataluña. Un mensaje, como todos, con componente electoral, pues las Cortes ya están disueltas y el país camina hacia las elecciones del 10 de noviembre. Recordó la ministra que el Gobierno ya ha tomado la decisión política de impugnar varias de las resoluciones aprobadas en el Parlament, impulsadas por las formaciones separatistas —la que pide liderar una respuesta "institucional" a la sentencia del 'procés', la que plantea impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos (con petición de amnistía total), y la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña—. Una vez que se publiquen esos textos, el Ejecutivo dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que estudie su contenido y puedan ser impugnadas, y también reclamará informe al Consejo de Estado. También verá si actúa contra la Mesa de la Cámara catalan por permitir el debate de esas propuestas, contra el aviso de los letrados.

El Gobierno entiende que varias de estas resoluciones validadas por el Parlament —algunas de las cuales recibieron la abstención de los comunes— son una "clara extralimitación y un ataque a la convivencia entre los catalanes". Por eso, el Ejecutivo no está "dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut y la Constitución". La apuesta de Pedro Sánchez, sostuvo, es y será la de la "convivencia, el respeto y el diálogo dentro de la Constitución", pero también la "aplicación de la ley" frente a quienes quieran recorrer el camino del "desorden" y la "violencia".

Para el Ejecutivo, las resoluciones aprobadas en el Parlament son una "clara extralimitación y un ataque a la convivencia entre los catalanes"

Celaá manifestó de nuevo, como había hecho el presidente desde Nueva York el pasado miércoles, que el Ejecutivo "rechaza de plano" las palabras de Quim Torra, cuando acusa al Estado de querer criminalizar el movimiento independentismo en su conjunto. La Generalitat, amonestó, ha de salir de ese "bucle de constante división". El Gobierno, en consecuencia, exige al jefe del Govern una condena "clara" a la posible violencia de los Comités de Defensa de la República y que subraya su respeto a la democracia y a la ley. Que sea "muchísimo más exigente ante una potencial violencia de los CDR", que es lo que "espera la ciudadanía catalana y del resto de España de un representante del Estado".

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"Solo cabe rechazo"

El escenario se ha vuelto más convulso esta semana en Cataluña. La Guardia Civil detuvo a integrantes de los CDR por organizar presuntamente acciones terroristas de cara al aniversario del 1-O. Siete de ellos fueron ayer enviados a prisión sin fianza por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Según el magistrado, los siete forman parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) vinculado a los CDR, una estructura "jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas".

Celaá recuerda que la Guardia Civil ha actuado por orden del juez, y añade que los detenidos, acusados de delitos "muy graves", tendrán que dar cuentas

Celaá insistió en que aunque hay que preservar la presunción de inocencia, la Guardia Civil ha actuado como Policía Judicial, realizando un trabajo profesional, "discreto y digno de reconocimiento y respeto", y los detenidos, acusados de "delitos muy graves" por presunto terrorismo, habrán de dar cuenta de sus actos ante los tribunales. A los siete encarcelados la Fiscalía les imputa la "presunta participación en los delitos delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

En ese sentido, Celaá remarcó que no se actúa "contra el independentismo", una ideología perfectamente legal mientras se ejercite dentro de los márgenes de la Carta Magna. El problema es cuando hay quienes pretenden "saltarse las leyes". "Ante una potencial violencia solo cabe rechazo, un rechazo contundente", remachó.

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El Gobierno desliza a su vez que son las fuerzas separatistas las que están caldeando el ambiente de cara al 1-O y la sentencia del 'procés'. "Obviamente" las resoluciones aprobadas ayer jueves en el Parlament "parece que van en la dirección de tensionar" a la sociedad. Pero no quiere avanzar más escenarios ni generar alarma, ni dar por hecho que lo visto esta semana es un preludio de una espiral de desobediencia o que signifique un punto de inflexión. Fuentes del Gabinete reconocieron que el propósito de los partidos independentistas parece claro. La misma Celaá señalaba en su comparecencia que la política de diálogo emprendida por Sánchez se ha demostrado "útil" porque la inflamación social ha descendido en Cataluña, igual que el apoyo a la vía unilateral. "Otra cosa es la actitud de Torra", aseguró, personalizando en él esa búsqueda de una mayor tensión.

El Gobierno remarca que no hay que "extralimitar situaciones ni respuestas", por lo que irá dando pasos en función de lo que vaya ocurriendo

Ahora bien, el Ejecutivo tampoco quiere poner en marcha toda la artillería. "Debemos ir al paso. No extralimitar ni situaciones ni respuestas, porque es mala señal", apuntó Celaá. Lo que la Cámara catalana aprobó fueron "proposiciones no de ley, no leyes", a diferencia de lo que ocurrió en 2017, cuando los diputados dieron el visto bueno a las leyes de desconexión. El Ejecutivo socialista entiende, por tanto, que todavía no hay materia suficiente para activar el 155: hay declaraciones de Torra que desautoriza el Gobierno y hay mociones parlamentarias, pero nada más por el momento. Pero no se ha vulnerado la ley ni se ha perjudicado gravemente el interés general, así que no cabe esa suspensión de la autonomía. La propia sentencia del Constitucional, de julio de este año, recuerda que el 155 ha de aplicarse con tiento y de manera temporal y limitada. Ahora bien, "no tienen que tener duda de que este Gobierno, si se dieran las circunstancias" para desplegar el 155, "lo haría".

Celaá quiso enviar asimismo un mensaje de respaldo no solo a la Guardia Civil, sino a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajan en "coordinación" con los Mossos para seguir salvaguardando la "seguridad" de todos. Por cierto que la titular de Educación sí reconoció que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sí pudo faltarle algo de "concreción" en la información que le facilitó el instituto armado sobre la operación contra los CDR.

La portavoz, ante la posible tentación, por parte de la oposición, de hacer "electoralismo" con este asunto, pidió en nombre del Gobierno a todas ellas "actitud de Estado". Es importante, dijo, que los partidos mantengan la "unidad de acción".

Celaá, desde la Moncloa y sobre Errejón: "El PSOE sale a ganar las elecciones, así de claro lo digo"

En las pasadas generales, el Gobierno fue acusado por la oposición de hacer electoralismo desde las ruedas de prensa en la Moncloa. PP y Cs incluso acudieron a la Junta Electoral Central, pero esta rechazó el recurso. No obstante, este viernes, con las Cortes Generales ya disueltas, y por tanto en pleno periodo electoral, la portavoz bordeó tal vez los límites. 

Preguntada por el salto a escena de Íñigo Errejón, Isabel Celaá respondió esto: "El PSOE sale a ganar las elecciones. Así de claro se lo digo". Tiene "vocación de gobernar en solitario" y busca para ello el respaldo de la ciudadanía. Errejón ha irrumpido "con todo derecho" en la escena política, pero ni Gobierno ni PSOE "se desvían", ya que a lo que se asiste es a la "reconfiguración del espacio de la izquierda [del PSOE], de Unidas Podemos". Análisis que ya hizo Pedro Sánchez el miércoles desde Nueva York. 

Los socialistas, subrayó, tienen programa y la "experiencia" de estos meses en el Ejecutivo, un proyecto que "solucione los problemas de las mayorías sociales" y que dé respuesta a los desafíos "endógenos y exógenos". 

Cuando se le preguntó a Celaá si no había podido caer en "electoralismo", señaló que es una "obviedad" decir que el PSOE, el partido que da "sustrato" al Gobierno, "sale a ganar". Así que es "muy subjetivo" pensar que se trata de un discurso electoralista. 

Otra cuestión saltó en la conferencia de prensa, la exhumación y reinhumación de Francisco Franco. Celaá no puso fecha. Antes el Gobierno tiene que recibir la sentencia íntegra, que le será notificada en los próximos días, y una vez cumplido ese trámite, el Consejo de Ministros agendará la operación. Si diera "tiempo", se intentará que vaya este asunto en la reunión del próximo viernes. 

En todo caso, el Gobierno quiere que se produzca todo el proceso de exhumación y reinhumación "de forma decorosa, discreta y digna y sin que se convierta en un espectáculo público, ni en una apología o exaltación de la dictadura".