Los detenidos son la pieza "de una estrategia global del independentismo más radical"

Solo una pieza de "una estrategia global". Cuatro días después de que la Guardia Civil detuviera en la operación Judas a nueve miembros de los CDR, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decretó este jueves el ingreso incondicional en prisión de siete de ellos por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos. Según indica el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, no eran un grupo aislado que actuara por iniciativa propia. Formaban parte de una táctica mucho más amplia.

Las investigaciones realizadas desde hace 15 meses permiten asegurar al magistrado que hay indicios "claros" de que "todas y cada una" de las acciones que llevó a cabo el grupo desarticulado pretendían "lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas". Actuaban "dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo".

García-Castellón asegura que las intervenciones telefónicas y seguimientos practicados durante el último año han aportado pruebas suficientes para sostener que pertenecen a los CDR y, dentro de estos, al sector más comprometido y clandestino que encarnan los denominados 'equipos de respuesta táctica' (ERT). Esta ala, que fuentes de la investigación no dudan en calificar como el embrión o germen de un grupo terrorista, dispone de una estructura jerarquizada. La gravedad de los hechos respalda el envío a prisión de todos los detenidos sin posibilidad de eludirla con el pago de fianzas.

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Cada uno de los miembros de esta célula cumplía una función. Planificación, logística, información. "Tal y como se ha venido acreditando, el ERT es una organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización", destaca el auto, que desvela la existencia de un plan trazado "en la máxima clandestinidad", dirigido a que los detenidos se encontraran con "una persona" que no se identifica en el escrito. "Por la reacción de los integrantes al conocer su identidad, debía tener un componente peligroso".

"A través de la información obtenida y contrastada en el presente procedimiento, se ha podido constatar la existencia de una organización criminal que cumple con las premisas consideradas como características de la criminalidad organizada", indica también. El juez destaca además que se encuentran pedientes de análisis gran número de dispositivos informáticos a partir de los cuales prevé hallar vínculos y conexiones de los investigados con otros miembros de la organización.

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El auto ha sido la culminación de una operación que se abrió el lunes de madrugada. Desde un inicio, tanto los investigadores como la Fiscalía trasmitieron su "certeza" de que los arrestados planeaban cometer distintos ataques para los que contaban con material para la elaboración de explosivos. Tenían muy avanzada la fase de prueba e incluso fueron grabados mientras ensayaban la capacidad de deflagración de los artefactos. Disponían también de una lista de objetivos. Fotos áreas de un cuartel, también de vehículos policiales. Uno de sus objetivos era la ocupación durante días del Parlament para tratar de forzar la escisión de España.

Ratificación en el juzgado

Pese a que, tras el operativo, actuaron en un inicio como un bloque compacto, dos de ellos se desligaron de la estrategia de defensa del resto y dieron la sorpresa. Ante la Guardia Civil, se decidieron por declarar y lo hicieron durante nada menos que nueve horas. Este jueves en la Audiencia Nacional, fueron los únicos que contestaron al fiscal, representados por abogados de oficio y no por los letrados de Alerta Solidaria, que defienden al resto. Ni siquiera hubo contacto entre los defensores de uno y otro lado. Permanecieron separados durante las más de cuatro horas que se prolongó la declaración. Los restantes detenidos se limitaron a exponer su situación personal de forma escueta.

Fuentes del caso informan a El Confidencial de que los que hablaron reconocieron, en parte, los hechos. Pusieron el acento en su intención de sabotear infraestructuras. Por ejemplo, indicaron que habían visitado varias torres de alta tensión. No han reconocido, no obstante, que hubieran pretendido colocar explosivos. Se limitaron así a señalar que las acciones formaban parte de un intento de montar jaleo, hacer ruido o "liarla" coincidiendo con la publicación de la sentencia del 'procés', que se espera para mediados de octubre. Uno de ellos adquirió productos químicos y el otro participó en la planificación del asalto a la sede parlamentaria.

Tras escucharles, la Fiscalía pidió prisión para todos, aunque retiró el delito de rebelión que imputaba indiciariamente en un principio. El delito, pero no la intención, ya que durante las declaraciones, según indicaron fuentes de las defensas, se expuso que el ilícito podría encajar. El juez tardó unas horas en decidir y acabó apoyando la solicitud del Ministerio Público.