Los Franco llegarán hasta Estrasburgo si el Supremo veta su entierro en la Almudena

Los Franco no tienen intención de resignarse. Fuentes de la defensa de la familia del dictador informan a El Confidencial de que recurrirán ante todas las instancias posibles en el caso de que el Tribunal Supremo se decida este martes por avalar la integridad del plan del Gobierno de Pedro Sánchez y acepte tanto la exhumación del cuerpo del Valle de los Caídos como su traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo. "Es una cuestión de dignidad", aseguran. Mientras tanto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso se reúne a partir de las 10 de la mañana para proceder a la votación y fallo que decidirán el futuro más inmediato de un caso que ha ido arrastrándose más de un año.

Los seis magistrados no solo deben pronunciarse sobre la exhumación, sino también sobre el nuevo emplazamiento del cuerpo, con la premisa de que la familia solo ha dado una opción para enterrarle de nuevo: la cripta de que dispone en la Almudena, en pleno centro de Madrid. El primero de los puntos parece suscitar el acuerdo unánime de la sala. En el segundo, el acuerdo resulta más complejo. No obstante, los seis jueces han ido avanzando hacia un entendimiento más amplio en sus últimas deliberaciones y una mayoría apoya descartar la catedral, emplazamiento al que el Gobierno se opone alegando problemas de seguridad. La decisión queda ahora en manos de los magistrados Pablo María Lucas Murillo de la Cueva (ponente), Celsa Pico, Jorge Rodríguez-Zapata, Pilar Teso, José Luis Requero y Segundo Menéndez.

Si el Supremo da luz verde al plan del PSOE y los restos de Franco acaban en Mingorrubio-El Pardo, la familia recurrirá entonces ante el Constitucional. El nuevo pulso, sin embargo, no implicaría retrasar la exhumación en ningún caso. Uno de los argumentos que los Franco alegarán en este posible recurso será el de la "inconstitucionalidad" del real decreto-ley que aprobó el Gobierno para poder sacar adelante el proyecto: al tratarse de una vía que el poder ejecutivo solo puede utilizar en caso de extraordinaria y urgente necesidad, consideran que aprobar un real decreto para llevar a cabo la exhumación incumple la ley.

Pero si el Constitucional también dictamina que el Gobierno ha cumplido con todos los requisitos, a la familia le seguiría quedando una última instancia ante la que recurrir: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los Franco confían en que Estrasburgo les dé la razón y condene a España, para lo que destacan un fallo del TEDH que se remonta a septiembre de 2018: la condena a Polonia por la exhumación de dos hombres sin el visto bueno de sus viudas, sentencia a la que el mismo Tribunal Supremo hacía referencia el pasado diciembre en el auto con que contestaba al recurso presentado por los nietos de Franco.

La sentencia del TEDH en cuestión da la razón a las viudas del activista Leszek Solski y del parlamentario Arkadiusz Rybicki, ambos fallecidos en el accidente de avión del 10 de abril de 2010 en que también murieron el presidente de Polonia Lech Kaczynsky y varios funcionarios de alto rango. Mientras que las pruebas recabadas apuntaban a la idea de un accidente, parte de la población e incluso algunos parlamentarios comenzaron a extender la teoría de que "una explosión a bordo podría haber sido una de las causas", explica la sentencia de Estrasburgo. Esta tesis llegó a tal punto que el fiscal ordenó la exhumación de 83 víctimas, alegando para ello que las autoridades rusas, país en el que se estrelló el avión, "no habían registrado correctamente las lesiones sufridas por los muertos y, en el caso de seis personas, habían identificado erróneamente a las mismas".

Tras varios meses de recursos en los tribunales en los que ambas mujeres "invocaron su derecho a la dignidad, la obligación de respetar los restos humanos y su derecho al respeto de la memoria de un familiar fallecido", las exhumaciones de Arkadiusz Rybicki y Leszek Solski se produjeron el 14 y 16 de mayo de 2018 respectivamente. Lejos de conformarse con la decisión, las dos viudas acudieron a Estrasburgo, tribunal que el pasado 20 de septiembre terminó por darles la razón al considerar que Polonia había violado el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales:

"Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

El juez que impide la exhumación a corto plazo

Al margen de los recursos que pueda presentar la familia, un juez impide que el Gobierno ejecute la exhumación de Franco a corto plazo: por mucho que el Tribunal Supremo dé luz verde al proyecto este martes, en Moncloa quedarían a la espera de la decisión del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, que el 25 de febrero acordó la suspensión cautelar del informe con el que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aprobó las obras que tienen que llevarse a cabo en el Valle de los Caídos para sacar los restos del dictador. El juez sostiene para ello que, sin ser urgente la medida, las autoridades no han elaborado los preparativos necesarios para garantizar que la exhumación se realice con seguridad suficiente.

TE PUEDE INTERESAR

Yusty, el juez que paraliza la exhumación de Franco: "¡Viva España!"

EC

A la hora de suspender cautelarmente el informe del consistorio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 se apoya en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, quienes sostienen que "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco". Partiendo de este argumento, el auto considera "evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas", subrayando en este sentido que pueden "poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación".

Tras conocerse su decisión, la Abogacía del Estado recusó al juez Yusty en marzo por haber escrito en 2007 un artículo titulado "Gobierno y armada española en la monarquía absoluta", texto en el que acusaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de revivir "con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles". La recusación, sin embargo, fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en junio, devolviendo así el procedimiento al juez y condenando en costas a la Abogacía del Estado.