La Guardia Civil detecta que disidentes de ETA captan jóvenes para radicalizarlos

Las fuerzas de seguridad del Estado saben, desde que la banda terrorista ETA puso fin a su actividad armada, que un grupúsculo de disidentes de la organización no se pliega a las directrices de la cúpula y está dispuesto a coordinar una facción radicalizada con la intención de conseguir lo que ellos consideran sus "objetivos políticos". Por eso, los servicios antiterroristas de la Guardia Civil no han dejado de vigilar a quienes apoyan esta línea.

Durante los últimos meses, además, los agentes de Información han intensificado su celo. Fuentes del instituto armado aseguran que los radicales que respaldan la violencia están tratando de captar jóvenes a través de reuniones, charlas y otro tipo de encuentros, tal y como hacía la ETA tradicional (que contaba con grupos juveniles como Jarrai para agitar las calles mediante la 'kale borroka'). Decenas de jóvenes, según las mismas fuentes, asisten a estas citas con históricos líderes de ETA, que celebran los encuentros principalmente en poblaciones de Navarra y Vizcaya, dado que en Guipúzcoa está más extendida la línea oficial de la izquierda 'abertzale' que representa Arnaldo Otegui.

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EFE

De momento, la iniciativa se limita a tratar de 'formar' a esos jóvenes en el discurso clásico del Estado opresor y de que la salida violenta ha sido razonable, un relato abanderado por ETA durante décadas. No hay, por ahora, ningún indicador que vislumbre la consolidación a corto plazo de un grupo de disidentes que retomen la senda terrorista. En este contexto, la Guardia Civil sigue con atención cada uno de los movimientos que llevan a cabo las personas vinculadas al colectivo disidente. Los servicios antiterroristas utilizan toda esta información para aplacar cualquier maniobra desestabilizadora de los radicales.

El grupo disidente está cercano a los postulados que todavía hoy mantienen históricos terroristas como Iñaki Bilbao (en prisión). Bilbao 'capitanearía' a una docena de reclusos afines a sus razonamientos, un grupo de reos que además son quienes más años de condena tienen aún pendientes de cumplir. El histórico dirigente etarra, de 63 años, cumple pena de cárcel desde 2002 por el asesinato del concejal socialista de Orio Juan Priede, tiroteado mientras tomaba café en un bar del pueblo, y por amenazar a miembros de la judicatura. Bilbao, que estará en prisión presumiblemente hasta 2070, no tiene intención de acogerse a beneficios penitenciarios, como hacían los clásicos de la organización, ni pretende guardar las formas para mostrar buena conducta y reducir sus días entre rejas. Además, representa un símbolo para el colectivo más radical de la izquierda 'abertzale' que coquetea con la ETA más violenta.

Hay que tener en cuenta que los disidentes también son afines a los etarras que aún conforman los restos de la estructura que en su día tuvo la banda y que estarían encabezados por José Luis Eciolaza Galán, alias 'Dienteputo', que coordinaría a una treintena de miembros de la organización armada a los que la justicia aún persigue y que están distribuidos, según las fuentes consultadas, sobre todo en Francia y América. Entre ellos habría -según las mismas fuentes- un grupo de una decena de terroristas con delitos de sangre a sus espaldas y otro de casi el doble sin apenas experiencia en la lucha armada o con un escaso 'background' de 'kale borroka'. Entre estos últimos estarían David Urín o Eneko Aguirresarobe.

Tanto los huidos como los encarcelados o los que se mueven con plena libertad en el País Vasco -alrededor de un millar de personas, según los cálculos estimados por fuentes de la lucha antiterrorista- entienden que el histórico objetivo de la independencia de esa supuesta Euskal Herria aún no se ha conseguido y que los acuerdos alcanzados por la cúpula de ETA y el Estado español no derivarán en ningún caso en esos fines perseguidos por la izquierda 'abertzale' desde hace más de medio siglo.

Zulos sin armas

Por otra parte, los servicios de información de la Guardia Civil no descartan que los disidentes tengan acceso a armas de fuego. Antes de verano, de hecho, el coronel Valentín Díaz Blanco, durante un desayuno informativo en Pamplona, ya recordó que cuando la banda terrorista escenificó el fin de su lucha armada entregó una lista de 14 zulos en los que escondía diferente material explosivo y armamentístico. Dos de esos 14 escondites, dijo el oficial del instituto armado, no aparecieron nunca. Hecho que hace pensar a los responsable de la lucha antiterrorista que su contenido pudo haber caído en manos de los mencionados disidentes.

Entre los que se encuentran en esa fina línea se encuentra otro histórico del núcleo duro de la cúpula terrorista. Ion Iurrebaso, confeso miembro del denominado Amnistia eta Askatasuna, organización que vendría a agrupar a la mencionada disidencia, es junto a Iñaki Bilbao otro de los referentes (de los que atraen más seguidores dentro de este colectivo). Iurrebaso, que ya dijo en 2017 en una carta abierta que el fin de ETA no solucionaba el conflicto y llamó a la desobediencia "con todas sus consecuencias", ocupa un puesto relevante desde hace años en este grupo de extremistas.

Ya en la época de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España y durante la negociación con la banda terrorista, Iurrebaso protagonizó uno de los episodios más rocambolescos de la historia reciente. El etarra fue detenido el 28 de marzo de 2007 en Perigueux por la policía francesa junto a su conductor Kepa Mirena cuando ambos se dirigían a una reunión con representantes del Ejecutivo español. Los agentes le requisaron un papel con los teléfonos, entre otros, de Christian Lambert, (número dos de Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior francés y candidato a presidir la república francesa). Y del que por aquella época era director general de la Policía española, Víctor García Hidalgo.

La documentación intervenida a Iurrebaso fue reclamada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor en ese momento del denominado caso Faisán, que investigaba el chivatazo a ETA por parte de un grupo de dirigentes policiales. El sumario de este procedimiento incluyó parte de las actas de la negociación entre el Gobierno de Zapatero y los representantes de la banda terrorista que dieron pie al abandono de las armas por parte de la organización armada.