PRORROGA OTRO MES EL SECRETO

La jueza veta a Zaplana el acceso a datos de cinco países a la espera de informes

La magistrada amplía la reserva durante un mes suplementario en lo relativo "a las piezas correspondientes a las comisiones rogatorias internacionales".

Foto: Eduardo Zaplana. (EFE)
Eduardo Zaplana. (EFE)

La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia acaba de acordar una nueva prórroga del secreto de sumario sobre una parte del caso Erial, en el que se investiga al expresidente valenciano Eduardo Zaplana. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada amplía la reserva durante un mes suplementario en lo relativo "a las piezas correspondientes a las comisiones rogatorias internacionales".

En definitiva, la magistrada niega el acceso a las partes a las contestaciones formuladas por al menos cinco países a los que se pidió información: Luxemburgo, Andorra, Panamá, Uruguay y Suizal. En el auto, se justifica la medida en la necesidad de "garantizar el resultado de la investigación". También apunta que se ha recibido "ingente documentación" que exige un análisis exhaustivo. La jueza asegura que a raíz de esas contestaciones se ha ordenado "la práctica de diligencias de investigación, que de ser conocidas por las partes podrían resultar infructuosas". "A la vez que de conocer exactamente lo que se ha descubierto y ha sido remitido, y que pende de análisis, podría también perjudicarse dichas pruebas con la publicidad". El procedimiento se encuentra a la espera de la recepción de varios informes.

Además del análisis de los datos de las comisiones rogatorias, fuentes cercanas a la investigación apuntan que también está pendiente el resultado del estudio de los teléfonos móviles incautados y de las agendas de Zaplana. También se espera el informe sobre los correos electrónicos cruzados por los imputados en los meses previos a que estallara el operativo.

Las actuaciones arrancaron en secreto en 2015, hace ya más de tres años. Respecto este secreto prolongado, el auto explica que pese a la fecha de incoación de la causa, "no se pudieron materializar la mayoría de las diligencias de investigación, hasta que fueron practicadas las detenciones precisas para garantizar la investigación".

Zaplana fue detenido el pasado 22 de mayo junto a dos de sus presuntos testaferros: el empresario Joaquín Barceló y Francisco Grau, asesor fiscal del exministro y representante de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Terra Mítica. Respecto a este extremo, la jueza considera que el derecho de defensa queda protegido porque los acusados tienen conocimiento de los hechos que se les imputan ya que han tenido acceso a todas las resoluciones, atestados y documentos que obran en la causa principal, "faltándoles únicamente el acceso a lo ya mencionado".


17 millones

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Zaplana y sus colaboradores pudieron apoderarse de unos 17 millones de euros en comisiones irregulares por las adjudicaciones de la gestión de las ITV autonómicas y del plan eólico de la Comunitat Valenciana. Más de la mitad de estos fondos, unos 8,5 millones de euros, provienen de cuentas gestionadas por el abogado uruguayo Fernando Belhot en Suiza. Los investigadores sospechan, además, que Zaplana podría haber cobrado 6,4 millones de euros de la familia Cotino a través de la empresa Imison International SA, con sede en Luxemburgo

Por todos estos indicios a Zaplana y su círculo más cercano de confianza se le acusa de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir, según revelaba el auto de prisión de Zaplana.

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