Una jueza investiga a Mayoral y a otros dos diputados de UP por "atentado a la autoridad"

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar como invetigados a Rafa Mayoral y otros dos diputados de Unidas Podemos, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, por "atentado contra la autoridad". Las pesquisas ponen el foco en la manifestación de trabajadores de la empresa Alcoa el pasado marzo en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, concentración a la que acudieron los tres políticos. Como diputados, todos ellos son aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo, pero fuentes jurídicas apuntan a la posibilidad de que la jueza les haya llamado a declarar para iniciar los trámites y, una vez confirmen su condición de cargos públicos, proceda a inhibirse para dejar el caso en manos del alto tribunal.

Los diputados de Unidas Podemos recibieron este lunes por la mañana la notificación y, al menos en el caso de Rafa Mayoral, se le citó a declarar ayer mismo, lo cual rehusó al entender que no puede comparecer en un juzgado ordinario al estar aforado. Todos ellos califican de “rotundamente falso” el auto sobre unos hechos acontecidos hace ahora seis meses en una manifestación de trabajadores frente al Congreso, concentración en la que se les acusa de “arengar” a los allí reunidos, tirar vallas y agredir a varios agentes de la autoridad.

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Agencias

“Nosotros tratamos de dialogar con los trabajadores y mediar”, argumenta el diputado de la confluencia gallega Antón Gómez Reino, también denunciado. Su compañera de filas, Yolanda Díaz, se ha mostrado “perpleja” por cómo se está llevando esta causa y cómo se actuó, asegurando que en realidad “los trabajadores fueron duramente golpeados”. Lamentó también que, además de los diputados, dirigentes sindicales y otros participantes sean “investigados", acusación que consideran "grave en democracia”. Entre los denunciados se encuentra también la exdiputada Ángela Rodríguez.

Díaz aduce también que, como abogada, “nunca me he visto en estas”, calificando de grave la instrucción porque la competencia la tendría el Tribunal Supremo y no un juzgado ordinario. Los tres políticos consideran que la actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, es contraria a derecho al no haberse inhibido a favor de alto tribunal para que procediera a tramitar el correspondiente suplicatorio, figura con la que el poder judicial pide permiso al poder legislativo para proceder penalmente contra un diputado o senador, solicitud que se dirige a la Presidencia de la correspondiente cámara para que decida mediante votación si se autoriza o no.

Aseguran además que hay imágenes de los hechos grabadas por los medios de comunicación y tachan la acusación como una operación “de las cloacas” para perjudicar a su formación política. "Los hechos son de de marzo y no sabemos por qué salen ahora”. “Son actuaciones propias de la policía política y de una persecución”, ha concluido el diputado Rafa Mayoral. Desde Unidas Podemos han pedido ya públicamente la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.