Suspendida sin fecha la declaración de Cristina Cifuentes en Púnica

Cristina Cifuentes no declarará el día previsto para su interrogatorio como imputada en Púnica. La expresidenta de la Comunidad de Madrid debía comparecer el próximo 1 de octubre en el marco de la nueva ronda de interrogatorios que efectúa en estos días el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, su comparecencia quedará sin fecha después de que su abogado así lo reclamara al coincidir con un señalamiento anterior de otro de sus clientes en los juzgados de penal de Getafe, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El pasado 2 de septiembre, el magistrado Manuel García-Castellón acordó su declaración y la de su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, junto al de otra cuarentena de investigados en la trama. Cifuentes debía acudir en primer lugar, ya que Aguirre no está citada hasta el próximo 18 de octubre, más de un mes después del inicio de las nuevas diligencias. Lo mismo sucede con el expresidente Ignacio González, citado el día 17 de octubre.

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La intención era la de escucharles en último lugar, una vez oídos los testimonios en la pieza que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. Ahora, el orden previsto queda en el aire y el 6 tendrá que encontrar hueco en el apretado calendario que combina junto a nuevas declaraciones de otra de las causas que investiga, el caso Villarejo. La expresidenta se decantó por ser representada en el procedimiento por un abogado amigo, el letrado Rafael Pardo, y ha sido él quien ha reclamado el cambio por coincidencias en su agenda.

En el caso de la expresidenta madrileña, imputada también en el caso máster, el magistrado menciona en su auto su vinculación con la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid. "Participarían en el concierto Cristina Cifuentes y una funcionaria (Tatiana Recoder), quienes integraron el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco". "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", especifica el auto.

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Aunque el juez no lo menciona en su escrito, la Fiscalía Anticorrupción va un paso más allá en el informe que generó las nuevas imputaciones y apunta a un tejemaneje de la trama que "no pudo resultar ajeno" a Cifuentes. En su anexo tercero, en el que se desarrolla la presunta financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes, el Ministerio Público pide que "se reciba declaración como investigada a Cristina Cifuentes por su indiciaria participación en el desvío de fondos públicos para pago de gastos particulares". Al igual que el magistrado, la Fiscalía apunta a la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea, pero también incide en una supuesta operación fraudulenta entre el PP, Indra y una tercera empresa.

En reuniones

Según explica en su escrito, la expresidenta madrileña "asistió a las reuniones que mantuvieron los investigados Ignacio González y Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre y Borja Sarasola, con Juan Miguel Madoz Echevarria, administrador de la empresa SWAT, en las que se planteaba la estrategia política y de comunicación, muchas de ellas celebradas en la sede de SWAT". La Fiscalía considera clave su asistencia a estos encuentros, pues considera a Madoz, cuya presencia está prevista este mismo martes en la Audiencia Nacional, "uno de los cooperadores en el desvío de fondos públicos para pago de gastos electorales, que omitía el administrador electoral en la contabilidad de las campañas". Una estrategia que, según defiende, "se planeaba en las reuniones" y pasaba por emitir facturas falsas desde 2008 a la mercantil Indra "como medio de trasvase de fondos desde la Agencia de Informática de la CAM para pagar gastos electorales y otros gastos del partido".

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Más allá de su presencia en estas reuniones, Anticorrupción no menciona ningún hecho que demuestre que la expresidenta fuera conocedora de este supuesto desvío de fondos, pero asegura que, "por su relevancia, no pudo resultar ajeno a la Secretaría Territorial", cargo que entonces ocupaba Cifuentes. A falta de que avance la declaración y se tome declaración a otros de los asistentes a estas reuniones, el juez ha optado por no incluir esta parte de la acusación en el auto con el que imputa a la política, pero todo apunta a que las fiscales preguntarán por este extremo cuando acuda a declarar como investigada. Por el momento, su comparecencia tendrá que esperar.