Los mapas que demuestran que la inundación iba a pasar... y volverá a pasar

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias a finales de la pasada semana se cobraron seis víctimas mortales, más de 4.000 evacuados por toda España y pérdidas millonarias a vecinos y agricultores de decenas de localidades de todo el territorio. En el sureste del país, donde se concentraron las mayores precipitaciones, los daños son de momento incalculables. Sin embargo, ni mucho menos es la primera vez que esto ocurre. La Agencia Española de Meteorología calificó las riadas como las más catastróficas de los últimos 70 años, lo que hace indicar que el fenómeno de las lluvias torrenciales es recurrente y se repite cada cierto tiempo.

Orihuela, que en este último episodio ha registrado 250 litros de lluvia por metro cuadrado, ya superó los 300 litros en 1987, hace 32 años. Ese mismo ejercicio, el municipio de Oliva soportó 817 litros. Hace 140 años, en 1879, otra gigantesca riada causó un millar de muertos, lo que hace pensar a los estudiosos que las precipitaciones fueron aún superiores a las citadas, aunque no hay datos oficiales al respecto. Entre estas dos últimas fechas, los mismos lugares han sido castigados una y otra vez. En 1947, por ejemplo, 31 personas perdieron la vida en Santomera (Murcia), que quedó completamente arrasada.

Las zonas más inundables de España, de hecho, están perfectamente identificadas por los ministerios de Agricultura y para la Transición Ecológica. Los técnicos del Gobierno incluso detallan los riesgos que existen de que se produzcan crecidas a 10, 50, 100 y hasta 500 años. Estos datos de probabilidad estadística sirven para concluir que determinadas zonas perfectamente delimitadas son susceptibles de ser anegadas de forma regular, con lo que no parece muy razonable que los ayuntamientos permitan la construcción de viviendas en ellas.

El físico atmosférico Fernando Jabonero, impulsor de decenas de iniciativas contra consistorios que conceden licencias para levantar inmuebles en zonas inundables, tiene claro que este comportamiento municipal es cuanto menos una "mala praxis". Jabonero remitió a la Fiscalía de Medio Ambiente información sobre 250 viviendas que habían sido construidas en una zona declarada inundable por la Confederación Hidrográfica del Tajo. En concreto, en el término municipal de Illana (Guadalajara), donde comenzaron a hacer casas a finales de los ochenta y aún hoy se siguen otorgando licencias. El ministerio público inició diligencias de investigación, pero terminó archivando el asunto, una decisión, según Jabonero, "inexplicable".

"Estas cosas las debería investigar la Fiscalía de oficio", asegura el especialista, que pone sobre la mesa un sentencia del Tribunal Supremo del pasado junio que concluye que coger las zonas inundables a 500 años para delimitar los puntos en los que no habría que construir es razonable. "La consideración del periodo de retorno de 500 años como escenario para determinar la zona de inundación y las correspondientes medidas y limitaciones asociadas (...) resulta plenamente amparada por el ordenamiento jurídico", defiende para avalar la normativa que aprobó el Gobierno al respecto y que había sido recurrida por el Ayuntamiento de Oliva, término municipal que dispone de miles de viviendas en zona inundable y que protestaba porque esto no beneficiaba su expansión urbanística.

La resolución del alto tribunal defiende incluso que tomar 500 años como referencia se queda hasta corto, dado que la directiva europea que deben transponer los Estados miembros toma las probabilidades de inundación a 1.000 años vista. Sea como fuere, lo cierto es que la norma no se cumple en España. En el municipio de Los Alcázares, que cifra en 100 millones de euros las pérdidas causadas por las fuertes riadas y donde medio millar de vecinos han sido desalojados, asegura Jabonero, todas las casas que se construyen desde 1998 han sido levantadas sobre suelo inundable.

"Las viviendas construidas en zona inundable son 'no autorizables', pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han aplicado a fondo para eludir la ley", explica el técnico. "Las leyes de aguas y las leyes urbanísticas impiden construir en suelo inundable, sobre todo en el caso de ramblas y en general en el dominio público fluvial", afirma. "Esta aberración llega al punto de que se publicó hace dos o tres años que la Junta de Andalucía daba por buena la edificación industrial en una rambla de la provincia de Málaga si los industriales asumían los riesgos", añade. "A todo ha contribuido hasta el propio Tribunal Supremo, que dio por bueno un defecto de forma, lo que es escandaloso en extremo", valora el físico, que prevé que la cosa vaya a más en los próximos años.

"El Mediterráneo es casi un lago que poco a poco se va calentando; un solo grado de elevación de la temperatura del agua puede suponer muchos millones de metros cúbicos de agua evaporados a la atmósfera", recuerda el experto, que tiene claro que esta no será la última riada. "Es previsible, y hay estudios científicos que determinan la probabilidad de que vuelva a repetirse una catástrofe así en las mismas zonas", añade. Así lo ven incluso los propios afectados. "Nos sentimos destrozados y desmoralizados, porque sabemos que esto va a volver a pasar", decía ayer una vecina de Los Alcázares a la cadena de televisión Cuatro mientras recogía los enseres de su casa que había podido salvar.

Jabonero —que pretende pedir, al amparo de la ley de transparencia, a Orihuela, Oliva, Onteniente y Los Alcáceres las licencias que estos consistorios han otorgado desde 2010 en zonas inundables— entiende que estos y otros muchos municipios han construido sobre terrenos de este tipo "por desidia o por codicia". "El suelo inundable en general no es suelo urbano, así que es rústico, mucho más barato, pero en el que no se puede construir", asegura. Por otro lado, continúa, "las administraciones locales y regionales han dejado hacer hasta extremos inimaginables, pues son muchas decenas de miles de edificaciones las que se han alzado en suelo inundable".

El especialista entiende que los alcaldes y concejales de Urbanismo de estos ayuntamientos podrían considerarse responsables penales "cuando otorgan licencias para edificar en suelo inundable, aunque este sea urbano". Por otro lado, agrega, "consentirlo en suelo rústico como el de las enormes y abundantes ramblas del Levante es como dejar construir en el lecho de un río; ahí entra en juego la responsabilidad de las autoridades de las confederaciones hidrográficas", que tienen que emitir un informe que además es "vinculante", según indicó una sentencia del Supremo de 2013.