La Justicia espera una avalancha de recursos por claúsulas abusivas a partir de enero

La banca se prepara para una nueva avalancha efecto del revolcón de la Justicia europea sobre las cláusulas abusivas. Y los juzgados también. Llega en unos meses una nueva temporada de esta especie de serial en que se ha convertido la acción de los tribunales a favor del cliente y frente a los intereses de la banca. Aún es solo un dictamen, pero la postura del abogado general sobre el índice hipotecario (IRPH) tendrá efectos inmediatos en los tribunales, aunque no sea vinculante y todo quede en manos de la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se espera para el arranque del año.

El revolcón no solo es para los bancos. También para el Supremo. Su sala primera falló a favor del IRPH. Dio el visto bueno a la legalidad de su aplicación. Y ahora el criterio, fundamental para la futura sentencia que sí atará a los países miembros, dice justo lo contrario. El índice de referencia de préstamos hipotecarios es nada menos que "potencialmente abusivo", y el hecho de que sea oficial no lo libra de esa etiqueta. El escrito dice más. Incide en el control de la transparencia de las entidades en sus explicaciones al consumidor sobre su aplicación en las hipotecas. Es decir, diferencia cada uno de los casos, lo que obligará, si se ratifica este primer aviso de 'tormenta', a revisar uno a uno cualquier recurso que se presente contra su aplicación. Otra vez.

Solo el dictamen ya provocará mar de fondo en las dependencias judiciales. El sentido de la decisión del TJUE es, precisamente, el de unificar criterios que han sido dispares. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que la acogida del dictamen también lo será. Algunos juzgados preferirán dejar congeladas las resoluciones que deban afrontar hasta conocer, de forma definitiva, el sentido del fallo del TJUE. Otros no considerarán el dictamen significativo, ni siquiera como pista, y continuarán aplicando el criterio propio hasta que haya una decisión.

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El motivo va más allá de las consideraciones del abogado general. Se sitúa en la frontal discrepancia con el Supremo, hasta ahora única guía para los jueces de toda España sobre cómo proceder. En diciembre de 2017, aseguró que los préstamos referenciados al IRPH están definidos legalmente, por lo que no corresponde al control de la jurisdicción civil conocer si dichos índices aplican o no la normativa reguladora, sino a la Administración. "Por tanto, el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia, puesto que tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que lo incorpora", indicó entonces.

Lo que pase a lo largo de los próximos meses será así desigual. Pero no una vez se desvele el misterio. A partir de ahí, quedarán resueltas las incógnitas no solo sobre si la sentencia avala esta opinión sino también sobre un asunto clave que el abogado general no desvela: la retroactividad. No así la práctica llevada a cabo por un banco u otro o incluso, dentro de un mismo banco, con un cliente u otro. Corresponderá entonces a los jueces nacionales efectuar una evaluación de la transparencia y verificar si el contrato en discusión "expone de manera transparente el método de cálculo del tipo de interés" de forma que el cliente estuviera en condiciones de valorar, sobre la base de criterios "precisos e inteligibles", las consecuencias económicas de dicho contrato.

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Las demandas presentadas en España y que ya se han fallado rozan las 200. El número de las que vendrán es incalculable, dado que fuentes del sector cifran en cerca de un millón el número de personas que pagan sus hipotecas con este IRPH en lugar de con el euríbor. Según datos recogidos por Asufin, CaixaBank y Banco Santander acaparan cada uno el 24% de las resoluciones, mientras que Kutxabank aglutina el 18%, BBVA y Bankia el 10% cada uno, Catalunya Caixa y Grupo Caja Rural el 4% cada uno y Banco Sabadell el 3%, indica Europa Press.

De los 172 procedimientos, un total de 143 se han dirimido en Primera Instancia, 28 en Audiencia Provincial y uno en el Tribunal Supremo. Además, los datos de Asufin indican que Cataluña es la comunidad autónoma que acumula más sentencias dictadas en esta materia, con un 30%. La siguen País Vasco (22%), Andalucía (13%), Comunidad de Madrid (8%), Castilla y León (7%) y Canarias (5%).