Los editores piden hoy a Celaá una nueva ley y unificar contenidos en los libros

El informe que la Asociación Nacional de Libros de Enseñanza (Anele) presentó la semana pasada —en plena campaña de la ‘vuelta al cole’— sacó a la luz una realidad que cada día preocupa más a la comunidad educativa: las diferencias tan abismales que existen en los contenidos que los alumnos estudian dependiendo de su comunidad autónoma, y los mecanismos —cada vez más políticos— empleados para que los libros de texto digan “lo que quieren y no lo que dice la ciencia”. Los ejemplos denunciados por los editores fueron tan escandalosos que la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, solicitó una reunión inmediata que tendrá lugar este miércoles.

El presidente de Anele, José Moyano, que acudirá al ministerio junto a representantes de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), explica a este diario que su objetivo es reflexionar sobre las conclusiones del informe e intentar implicar a las administraciones para poner fin a una situación que no ayuda a nadie, que en muchas ocasiones es “absurda” y que resulta muy perjudicial para el sector. En realidad, la queja de los editores tiene una parte política importante. “La consecuencia de la falta de acuerdo entre partidos ha llevado a esta situación. Y las desigualdades aumentan cada día más”, explica Moyano a este diario.

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Los editores están decididos a trasladar a Celaá la necesidad de que los políticos empiecen a poner su granito de arena para transformar la diversificación curricular en la que poco a poco han ido sucumbiendo los distintos sistemas autonómicos en un currículo homogéneo que recupere los porcentajes de 65%-55% de contenidos comunes (elegidos por el ministerio dependiendo de las comunidades que tienen lengua propia). “Pero lo que tiene que garantizarse al menos es ese 55% de contenido común y que los estudiantes, independientemente de donde vivan, tengan asegurado un conocimiento y unas referencias comunes”. Insisten en que esos porcentajes no alterarán el hecho de que, en determinadas materias o ámbitos, cada comunidad haga especial hincapié en algunas cuestiones o reconozca lo más cercano y propio de su lugar.

“Hay contenidos mínimos que un ciudadano tiene que conocer de su país, viva donde viva”, repetirán en la reunión con la ministra, con ejemplos en la mano del informe que hace días sonrojó a muchas comunidades autónomas. Fue el caso de Canarias, que quería hacer “desaparecer los ríos” al considerar que en las islas hay ríos de poca importancia. En Cataluña, sin ir más lejos, también habían solicitado que el conde de Barcelona Wilfredo el Velloso —con cuya sangre se dice que el emperador Carlos el Calvo habría pintado las cuatro barras sobre su escudo dorado, dando origen a la 'senyera' catalana— pasara a ser "Wilfredo el Piloso" y que, al mismo tiempo, no se hablara de los Reyes Católicos. Los editores pedían además que dejaran de hacer menciones a la corona catalano-aragonesa, ya que “no figura en ningún texto de la Edad Media, porque directamente no existió”.

Los editores trasladarán a Celaá la urgencia de exigir un “rigor científico” para todos los contenidos, igual que se reclama para las matemáticas. “Los referentes históricos son los que realmente hacen que tengamos una historia compartida y no se pueden alterar de cualquier manera”, insiste Moyano.

Además de una normativa compartida en materia de los contenidos que se estudien, Anele y FGEE pondrán el foco en las verdaderas intenciones del Gobierno para impulsar una nueva ley educativa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez puso encima de la mesa la derogación de la Lomce (conocida como ‘ley Wert’) cuando en febrero aprobó su propio proyecto de Ley de Educación que, sin embargo, pronto se convirtió en papel mojado al disolverse las Cortes y convocar elecciones generales. Entretanto, la comunidad educativa se mantiene a la espera de que se produzcan avances, aunque todo apunta a que el clima de incompatibilidad entre partidos políticos hará difícil llegar al consenso que tanto reclama. Prueba de ello fue el fracaso en el Congreso del pacto nacional educativo (PSOE y Unidas Podemos terminaron levantándose de la mesa).

Los editores pretenden saber si el objetivo del Gobierno, aunque si se confirma la repetición electoral quedará de nuevo en el aire, es hacer “una ley completa” que aborde todas las cuestiones relativas a la educación “o una ley parche, como llevan tiempo haciendo todos”. Moyano considera “esencial” que las distintas formaciones pongan encima de la mesa sus cartas y sea el Ejecutivo el que explique qué planteamientos y qué plazos se dan para poner una nueva normativa estatal en marcha. “Una buena de ley de educación debería hacerse para, al menos, 25 años”, insiste el presidente de los editores.

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P. Esteban

El otro asunto que pretenden aclarar en el ministerio es la apuesta por un sistema común de ayuda a las familias para todas las comunidades que dependa, como ellos proponen, del nivel de renta de cada una. “Si el objetivo es que la educación sirva de ascensor social y de equilibrador de desigualdades, es necesario ayudar más al que lo necesita”. Moyano considera que el modelo de ayuda debe ser directo a las familias y no dejar que los centros manejen en su presupuesto esa partida. “No tiene sentido que en algunas comunidades los libros sean gratis y en otras no”.

En el informe presentado hace unos días, Anele ya daba cuenta de las desigualdades que se producen también en los programas de gratuidad o de ayudas para la adquisición de los libros de texto. “Cada año se producen nuevos planteamientos peculiares en cada comunidad autónoma a espaldas a la comunidad escolar muchas veces, lo que genera contestación en padres, profesores y, además, pone en riesgo al sector del libro (librerías, distribuidores y editoriales)”.

Por ejemplo, la puesta en marcha del programa ‘Releo Plus’ en Castilla y León, cuya normativa ha sido declarada nula por los tribunales en tres ocasiones. Otro caso paradójico, señalan, es la llamada Ley de Gratuidad de los Libros de la Comunidad de Madrid, que ha servido de ejemplo para el desarrollo de las leyes de La Rioja y Murcia y que, para los editores, son normativas que no solo dificultan la adquisición por parte de los alumnos sino que “impiden una mínima planificación de las ediciones” y ponen en peligro al conjunto de la cadena del libro.