La Fiscalía critica la respuesta del tribunal de Alemania a la euroorden contra Puigdemont

La Fiscalía está decepcionada con la respuesta que han dado los tribunales europeos a las euroórdenes. En su memoria anual de 2018, denuncia que las decisiones adoptadas por diversos órganos judiciales no han respetado los "ámbitos competenciales", para lo que menciona de forma directa a Alemania por entrar "en un verdadero enjuiciamiento del fondo de la cuestión" al negarse a extraditar a Puigdemont por rebelión. "La sensación ha sido agridulce porque la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la UE no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales", defiende.

En su memoria anual, de casi 1.500 páginas, la Fiscalía subraya "la extraordinaria gravedad de lo sucedido" en el proceso secesionista en Cataluña. A la espera de que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia del 'procés', recuerda que los hechos que se abordan en diversas causas judiciales pueden ser constitutivos de delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, acusación que basa en que el independentismo puso en marcha "una estructura normativa paralela" que "tenía como objetivo último la declaración de independencia y la segregación de una parte del territorio nacional, al margen de toda legalidad".

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Frente a la postura de la Abogacía del Estado, que considera que no hubo rebelión, el Ministerio Público sostiene que los líderes independentistas no dudaron en emplear "la violencia necesaria para doblegar al Estado mediante la promoción de la actuación tumultuaria de la movilización ciudadana", destacando además "el uso de su propio cuerpo policial armado", los Mossos d´Esquadra, a cuya antigua cúpula, entre ellos el ex mayor Josep Lluís Trapero, se juzgará a patir del 20 de enero en la Audiencia Nacional. Respecto a la respuesta que ha dado la Fiscalía al secesionismo, la memoria aplaude "la actuación firme y rigurosa de los miembros del Ministerio Fiscal destinados en ese territorio", así como la celebración de un juicio en el Tribunal Supremo "con todas las garantías para las partes, lo que supone una clara manifestación de la solidez de nuestro Estado de Derecho".

Pero sus buenas palabras no se extienden a la Justicia europea, con la que asegura tener una "sensación agridulce" por no haber respetado en todo momento "el principio de confianza mutua". "Esta confianza puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales, realizando tareas de valoración sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a nuestro juicio, exceden abiertamente de la tarea de control del cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar las decisiones remitidas por las autoridades judiciales o fiscales de los países implicados", recuerda en su memoria.

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Sus palabras parecen hacer referencia a Bélgica, donde se refugian varios de los líderes independentistas fugados, pero también a Alemania, país al que menciona de forma directa tras denegar en octubre de 2018 la entrega de Puigdemont por uno de los dos delitos por los que le reclamaba el Supremo. En aquella resolución, el tribunal de Schleswig-Holstein admitió el encaje de la doble tipificación y explicó que la "alta traición" alemana es equiparable a la "rebelión" española. No obstante, llegó a la conclusión de que no es el caso: en ambas jurisdicciones hace falta que el delito se haya cometido "mediante violencia", y esta violencia está ausente de la actuación del expresidente de la Generalitat, a criterio germano. Sí aceptó la entrega por otro de los delitos por los que se reclamaba al 'expresident', la malversación.

El juez instructor Pablo Llarena optó por dejar sin efecto la OEDE a nivel europeo e internacional y denunció en un auto "falta de compromiso" de este tribunal con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, crítica que ahora se refleja también en la memoria de la Fiscalía. "El Tribunal alemán entró en un verdadero enjuiciamiento del fondo de la cuestión, poniendo así de manifiesto las debilidades del principio de reconocimiento mutuo de decisiones penales dentro de la Unión Europea que, tras el necesario análisis crítico, deberían ser resueltas en próximas reformas del instrumento europeo", denuncia. "Como conclusión debe indicarse que el sistema de la OEDE se ha mostrado deficiente en muchos casos anteriores al que nos ocupa, y este ha sido uno más de los ejemplos susceptibles de esa valoración".