EL POLÍTICO DENUNCIABA "CELERIDAD"

La Fiscalía saca la artillería contra el recurso de Torra: "Es, cuando menos, desafortunado"

El 'president' se enfrenta a una condena por desobediencia, acusación que parte de no haber obedecido a la JEC a la hora de retirar los lazos amarillos de edificios públicos durante la campaña

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)

La Fiscalía Superior de Cataluña ya ha respondido al recurso en el que el 'president' Quim Torra denuncia que se ha procedido a un señalamiento "precipitado" y "acelerado" al sentarle en el banquillo por desobediencia. El Ministerio Público pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la desestimación del mismo, para lo que saca la artillería a la hora de refutar los argumentos del líder independentista: "Todos o la mayoría de ciudadanos que deben comparecer ante un tribunal de Justicia o realizar trámites en procesos de todo tipo no se encuentran ociosos en el sofá de su casa esperando el llamamiento", critica. A lo largo de cinco páginas, el fiscal Pedro Javier Ariche carga con dureza contra la defensa de Torra y asegura que su razonamiento "es, cuando menos, desafortunado".

El presidente de la Generalitat se enfrenta a una condena por desobediencia, acusación que parte de no haber cumplido las resoluciones de la Junta Electoral Central respecto a la polémica suscitada por los lazos amarillos que se mostraban en edificios públicos durante la campaña. La Fiscalía solicita un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por los hechos sucedidos durante las elecciones municipales del 26 de mayo, precisando además en su escrito que la condena que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. El juicio se celebrará a partir del próximo 25 de septiembre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Tras fijarse los días para la celebración del juicio, la defensa de Torra presentó un recurso de reposición contra la medida, asegurando que "la resolución impugnada se ha dictado prescindiendo total y absolutamente de las reglas del procedimiento". Subraya, además, "el hecho público y notorio de que mi patrocinado es el 'president' de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, ocupa la más alta magistratura dentro de Catalunya, con las obligaciones que ello conlleva", un cargo que, según defiende, va acompañado de "unas funciones, unas obligaciones, una agenda y, también, una prerrogativa". Como broche final, apunta a una "falta de imparcialidad del tribunal", argumento que en su propio escrito reconoce que "no es el momento procesal oportuno para cuestionar".

La respuesta del fiscal es tajante: "Los argumentos vertidos en defensa de su interés en modo alguno pueden llegar a prosperar". En el escrito, Ariche pide al TSJC que mantenga el juicio para los días 25 y 26 de septiembre, postura que basa en que Torra no ha concretado ninguna causa de "fuerza mayor" que impida su presencia en el juzgado. "Cuando justamente existe un clamor popular indicativo de que la Justicia es, en la mayoría de casos, excesivamente lenta, habrá que inferir que quien se queja de justamente lo contrario es que no desea ni tiene interés alguno en comparecer ante la misma", denuncia el fiscal. "El tener que desplazarse a realizar trámites ante un órgano jurisdiccional genera siempre alguna incomodidad. No es por ello procedente, en una sociedad igualitaria y democrática, invocar, sin mayor concreción, la existencia de eventuales privilegios".

La causa contra Torra arrancó en marzo a instancias de la Fiscalía General del Estado, cuya petición de condena supondría una retirada temporal del escenario político del actual 'president' de la Generalitat. El líder independentista declaró el 15 de mayo ante el TSJC por esta causa y admitió haber desobedecido, tras lo que el TSJC declaró la competencia de la Sala de lo Civil y Penal para enjuiciar lo ocurrido. Además de la Fiscalía, Vox también ejerce como acusación popular en el procedimiento y solicita para el 'president' una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años.

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