EL PACTO CON Cs OBLIGA A DIMISIONES

Nuevos imputados en Púnica salpican al Gobierno de Ayuso y a su lista electoral

Un alto cargo de Sanidad, una integrante de su candidatura, otro ex alto cargo que cesó la semana pasada... La nueva lista de investigados pone en apuros al Ejecutivo de coalición

Foto: Isabel Díaz Ayuso, este domingo pasado, en Ávila. (EFE)
Isabel Díaz Ayuso, este domingo pasado, en Ávila. (EFE)

El caso Púnica también salpica al nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados en el mismo auto que imputa a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes a varias personas vinculadas a la nueva etapa política que —en palabras de la nueva presidenta regional— el PP quiere abrir en Madrid. Se trata de un alto cargo de la Consejería de Sanidad y un importante miembro de su candidatura electoral (que no ha sido elegida diputada regional tras las elecciones de mayo pero que puede serlo si corre la lista). Un tercer imputado de la Consejería de Medio Ambiente cesó la pasada semana.

La decisión del magistrado pone en un serio aprieto al nuevo Ejecutivo que gobierna en la Comunidad de Madrid, una coalición entre PP y Ciudadanos. El punto 152 del acuerdo firmado entre ambos partidos es claro: "Cesaremos inmediatamente a cualquier miembro del Gobierno o alto cargo de la Comunidad de Madrid que esté siendo investigado por delitos de corrupción política". Este punto obliga por tanto al cese de uno de los imputados, Francisco Lobo Montalbán, que actualmente es secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, un cargo de confianza.

Lobo está imputado en la pieza del caso que investiga la financiación irregular del PP de Madrid y su nombre aparece vinculado a varios contratos públicos licitados por el Gobierno de Aguirre que el juez cree que ayudaron a engordar la caja B de los populares. Lobo fue secretario general técnico de la Consejería de Economía y subdirector de Gestión Económica de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Ejecutivo. El magistrado señala, por ejemplo, que Lobo participó activamente en "la adjudicación de un contrato menor con objeto simulado" que sirvió para desviar fondos públicos.

El juez también cita como investigada a Rosario Jiménez Santiago, que hasta la semana pasada fue secretaria general técnica de la Consejería de Medio Ambiente, otro cargo de confianza. Un portavoz de este departamento asegura que ya no pertenece al organigrama regional. El juez asegura que participó en desviar fondos públicos de la Consejería de Economía en el año 2006 por un importe de 199.991,40 euros. Supervisó con su firma el pago de unas facturas a una de las empresas de la trama, "dando por bien ejecutada la prestación pese a la no realización de todo el trabajo facturado".

Francisco Lobo, hoy secretario general técnico de la Consejería de Sanidad.
Francisco Lobo, hoy secretario general técnico de la Consejería de Sanidad.

Otra imputada es Gador Ongil Cores, una veterana dirigente del PP de Madrid que ha sido diputada regional durante siete legislaturas, la última, la que acabó este año. También fue senadora, consejera de Servicios Sociales con Aguirre, concejala en el Ayuntamiento de Torrelodones y secretaria personal de Adolfo Suárez. El juez la imputa por su relación con Fundescam, la fundación del PP de Madrid que recibió fondos públicos y que ayudó a pagar fraudulentamente gastos electorales de los populares.

Gador Ongil iba en la lista electoral de Ayuso, en el puesto número 47. Aunque no ha sido elegida diputada regional (el PP obtuvo 30 escaños), podría volver a lo largo de la legislatura al Parlamento madrileño si hay bajas o renuncias y la lista corre.

El auto del juez también señala, aunque no imputa, a otro nuevo cargo del Gobierno de Ayuso. Se trata de Pedro Irigoyen Barja, al que la presidenta regional acaba de nombrar director general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia. Irigoyen fue consejero de la polémica Avalmadrid y uno de los expedientados por el Banco de España por "mala praxis bancaria". El magistrado le sitúa en la investigación de "contratos de favor" que varias consejerías de la comunidad adjudicaron a empresas de la trama.

El contrato presuntamente amañado es de 2011, cuando Irigoyen era subdirector general de Planificación y Coordinación de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, organismo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Quien sí aparece imputado en este nuevo auto es otro ex alto cargo del Gobierno de Aguirre, Alejandro Halffter, actualmente secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Halffter ya se hizo famoso gracias al llamado caso espías, que provocó todo un terremoto en el Ejecutivo autonómico.

En unas grabaciones desveladas por el diario 'El Mundo' en febrero de 2015, uno de los guardias civiles imputados en el caso relataba una conversación que había tenido con Halffter, entonces viceconsejero de Presidencia y uno de los hombres de confianza de Francisco Granados, después de que el agente testificara ante el juez. "A mí me dijo Halffter: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas". La frase quedó para la posteridad y reveló que los implicados habían intentado pactar sus declaraciones para no incriminar a Granados. Ahora, el juez de Púnica cree que participó en la "adjudicación concertada de publicidad" desde varias consejerías para ayudar en la financiación irregular del PP madrileño.

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