"Taza de chocolate con churros a 18 euros...": así desviaba Granados fondos públicos

Una taza de chocolate con churros a precio de oro: 18 euros en la inauguración de unas obras de Metro. Pagado con dinero público. Para engordar los bolsillos de Francisco Granados, el principal imputado del caso Púnica. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón detalla en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, los tejemanejes del exconsejero de Esperanza Aguirre en su etapa como titular primero de Transportes y después en la cartera de Presidencia, Justicia e Interior a la hora de amañar varios contratos públicos. Para Granados, fue una "oportunidad de negocio, que le permitiría enriquecerse con dinero público procedente de las adjudicaciones millonarias", señala el magistrado.

Esa primera oportunidad de negocio Granados la encontró en el 'Plan de ampliación de Metro de Madrid para 2003-2007', que puso en marcha desde su consejería y que contaba con un presupuesto de 4.700 millones de euros. Las obras se realizaron desde una empresa pública, Mintra, de la que Granados era presidente. El juez detalla que el exconsejero concertó con el gerente de Mintra, Jesús Trabada, y el empresario David Marjaliza (ambos imputados) "adjudicar a empresas medianas, que pagarían una comisión por ello, contratos públicos de construcción de infraestructuras ferroviarias, que hasta ese momento venían siendo adjudicados a las grandes y pujantes constructoras españolas". Es decir, trajo nuevos comensales, previo pago, a la mesa de las licitaciones públicas.

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"La investigación ha revelado que los contratos adjudicados a las empresas concertadas experimentaban, durante la ejecución de la obra, un elevado sobrecoste de su precio de licitación, por la existencia de nuevos contratos por modificados y contratos complementarios de la obra inicialmente contratada, que siempre eran adjudicados de forma directa, sin concurso, a aquellas empresas. El precio de estos nuevos contratos llegó en algunos casos a superar el precio del contrato inicial". Se analizan tres contratos: el tramo 1C de Metrosur (que se llevó Begar), el tramo 1A de Metronorte (Obrum-Teconsa-Arias) y la nueva línea a Boadilla de Metro Ligero (Azvi-Elsan-Constructora San José). Las tras obras sumaron 218 millones de euros.

Eso por un lado. Por otro, Granados y Trabada también concertaron que "las grandes constructoras que venían resultando adjudicatarias de los contratos para la construcción de infraestructuras de Metro, como Dragados, FCC o Sacyr, pagasen en las nuevas adjudicaciones un canon por ello, que acordaron encubrir bajo el subterfugio de tener que asumir el coste de la celebración de los eventos por la colocación de la primera piedra de la obra, y posteriormente por la celebración de la inauguración del nuevo tramo de vía".

En esta segunda trama jugó un papel importante la mercantil Waiter Music, administrada por José Luis Huerta (imputado en otras dos piezas del caso, una de ellas la financiación irregular del PP de Madrid), que "a través de Mintra facturaría tales eventos de inauguración a las constructoras, sin intervención alguna de las mismas en la contratación del acto respectivo". Huerta, a través de Waiter Music, confeccionaba facturas con importes sobrevalorados, una en el inicio de la construcción de la obra y una segunda cuando se inauguraba el nuevo trazado.

El objetivo era que las grandes constructoras, como Dragados o FCC, "entregasen, como dádiva por cada contrato adjudicado, una cantidad de dinero que la investigación está demostrando que en algunos casos era proporcional al importe del contrato adjudicado". El subterfugio utilizado por Granados y Trabada para justificar el desvío de esos fondos públicos "era el pago de celebraciones populares por el inicio e inauguración de cada obra". Esta obligación, que se imponía a las constructoras, provocaba que la oferta que las mismas presentaban al concurso público contemplase también, como coste, el compromiso de pago, "lo que a la par encarecía el precio del contrato, con el consiguiente perjuicio para la Administración contratante".

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Waiter se encargaba de esas celebraciones, "limitándose cada empresa adjudicataria de obra pública a atender las facturas, sin haber negociado el precio ni tenido ninguna intervención en la contratación de las celebraciones de los eventos". Las facturas eran confeccionadas por Waiter, recogiendo conceptos que no eran reales o se sobrevaloraban. Posteriormente, eran entregadas a un asesor de Granados que a su vez las remitía a Mintra, que gestionaba el pago con cada constructora. Waiter llegó a facturar a Dragados, OHL, Sacyr, FCC, Acciona y Urbaser un total de 1.095.557 euros.

Las facturas confeccionadas desde Waiter constatan "el abuso cometido y evidencian el uso de conceptos indefinidos e imprecisos, como recurso para que pasase desapercibido el coste fijado por tales servicios, que estaba muy por encima del valor de mercado", señala el juez García-Castellón, que como ejemplo pone el acto de inauguración celebrado el 5 de mayo de 2007 en la ampliación del metro a Coslada. Waiter facturó a Sacyr y Dragados una "chocolatada con churros para 1.500 personas, camareros y menaje", sin identificar el número de camareros o las características del menaje, por 26.800 euros, "lo que fija el precio de una taza de chocolate con churros en 18 euros", señala el magistrado.

La Audiencia Nacional está investigando si "los fondos desviados a través de la mercantil Waiter Music pudieron sufragar actos y eventos de la campaña electoral de 2007, coincidiendo con que el investigado Francisco Granados era el secretario general del PP de Madrid". Los investigadores de la Guardia Civil encontraron en la sede de Waiter un documento bautizado 'Cuenta con Paco Granados', que recogía un listado de atenciones que esta empresa tuvo con el dirigente popular a cambio de ser agraciada con tantos contratos. Entre las dádivas, la celebración de la fiesta de cumpleaños de Granados el 22 de enero de 2008, con un coste de 9.166,98 euros, y una cena el 12 de marzo de 2008 en el restaurante Chirón de Valdemoro por 1.000 euros.

La Audiencia Nacional ha cuantificado las comisiones que pagaron todas las constructoras en 6.684.543,42 euros, que el empresario Marjaliza (amigo de Granados) facturó a través de una empresa tapadera y que luego repartió con Granados y Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villa Mir, socio de ambos y otro de los imputados en el caso. El magistrado señala que a Granados se le acabó el chollo en Transportes cuando "las críticas de sectores empresariales y políticos en el seno de la Comunidad de Madrid, por el protagonismo que estaban tomando las empresas referidas del círculo de los investigados en las contrataciones de este sector, provocaron que Esperanza Aguirre lo cesase de su puesto en dicha Consejería de Transportes a finales de 2004".

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Sin embargo, Aguirre no le apartó del todo, sino que le colocó en otra consejería con más poder, como Presidencia, de la que dependía otra empresa pública, Arpegio, que ha supuesto la apertura de otra pieza en el caso Púnica. De momento, estas dos piezas, las de los contratos de Metro y Arpegio, tiene ya 27 imputados. No serán los únicos. El juez ha accedido a la petición de la Fiscalía y ha imputado a tres técnicos de Mintra y cinco empresarios, entre los que está José Luis Ulibarri, que ya está imputado en otros dos importantes casos de corrupción: Gürtel y Enredadera.