La crisis migratoria de la que nadie habla: en el norte de España y pasto de las mafias

En España hay otras vallas fronterizas que no son las de Ceuta y Melilla. Son vallas que no tratan de evitar la entrada de inmigrantes irregulares sino justo contrario: intentar que no salgan. La primera que se levantó es un muro de hormigón de cuatro metros de altura en el puerto de Bilbao hace un año. Ahora es el turno de Santander, que también está levantando cuatro metros de alambrada porque los inmigrantes de Bilbao, frustrados, se han trasladado a sus calles. El objetivo de las dos ciudades es el mismo: evitar que docenas de albaneses se cuelen en el puerto y embarquen como polizones en los ferris que zarpan rumbo al Reino Unido. Incluso en La Coruña han detectado la extravagante presencia de polizones hace unos días. En España hay una crisis migratoria de la que nadie habla porque para verla hay que mirar hacia el norte.

Desde el desmantelamiento en 2016 de los campamentos de inmigrantes de Calais, en el lado francés del túnel que une el canal de la Mancha, Bilbao y Santander están absorbiendo un flujo constante de personas ansiosas por emigrar a las islas. Bilbao lo tiene bastante controlado gracias al muro (230.000 euros de coste) y al refuerzo policial, pero en Santander andan en cifras de récord: 1.100 asaltos a los ferris en lo que va de año, según datos de la Autoridad Portuaria, 200 asaltos más que en todo el año 2018.

Albania tiene acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea, pero no con Reino Unido. Y ahora que la amenaza del Brexit es más real que nunca, los albaneses se afanan por colarse en ese ferry que les llevarán allí donde familiares, amigos o las mafias que los mueven les han prometido que hay trabajo y futuro.

Acampados esperando su turno

Igual que ocurre con los inmigrantes subsaharianos que aguardan el sueño europeo en campamentos insalubres en Marruecos, los albaneses esperan su sueño británico en los suburbios del norte de España. En Zierbana (Vizcaya) hubo quejas vecinales por la presencia de campamentos en 2018. En Santander no consta clamor vecinal, pero se sabe que las organizaciones delictivas están bien instaladas y con contacto permanente con Reino Unido.

Las mafias alojan a los polizones, obviamente previo pago, en campamentos y pisos muy precarios. Se dividen en grupos de unas 15 personas que "se van estabilizando en Cantabria y Santander ocupando inmuebles e instalaciones en condiciones de inhabitabilidad", según reveló hace unos meses Héctor Moreno, jefe superior de la Policía Nacional en Cantabria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, lo dejó claro el otoño pasado, cuando el puerto experimentó una explosión de inmigrantes procedentes de Bilbao: "La situación es de un intrusismo reiterado, diurno y nocturno. Nos entran saltando la valla, subidos a camiones. Tenemos que proteger el servicio que Britanny Ferries realiza en esta ciudad ahora, son seis escalas todas las semanas del año". También denunció la "completa indefensión" en que se encuentra el puerto.

El presidente del puerto de Santander denunció su "completa indefensión" meses atrás. La cifra de polizones sigue en aumento

González señaló a Britanny Ferries porque más allá de la amenaza migratoria está la amenaza económica, y la citada empresa es uno de los grandes clientes del puerto de Santander. Une la capital de Cantabria con Plymouth y Portsmouth en Reino Unido y Cork en Irlanda con seis escalas semanales, tanto buques de pasajeros como transporte de mercancías. También opera en Bilbao y es la principal perjudicada de este enredo. Según el 'Diario Montañés', varios operadores han advertido a la autoridad portuaria de que abandonarán Santander si el goteo de polizones albaneses no cesa. Hay en juego multitud puestos de trabajo.

"Se han realizado mejoras reales en la seguridad de los puertos del norte de España", confirman a este diario desde la compañía francesa, en referencia a la nueva red de cámaras de infrarrojos del puerto de Santander y al recinto seguro habilitado para las unidades de carga desatendida (remolques) en Bilbao. "Son pasos positivos, pero el norte de España es objetivo por parte del crimen organizado. Se trata de hombres jóvenes, en su mayoría adolescentes que apenas superan los veinte años, y son estos los que intentan acceder a los puertos, a los remolques y a nuestros barcos y de esta manera poder llegar a su destino final".

"El norte de España es objetivo por parte del crimen organizado", avisa la empresa naviera Britanny Ferries

En Santander usan cuerdas y escaleras para sortear la valla, que en algunos puntos todavía no alcanza los cuatro metros. Proteger todo el perímetro portuario ha sido calificado de "prioridad" por la delegación del Gobierno en Cantabria. Las zonas de camiones y remolques no acompañados, autocaravanas y contenedores son los puntos más sensibles. En 2018 se devolvieron a España a 63 polizones, 44 de ellos albaneses y el resto ciudadanos de Oriente Próximo. Por contra, se impidió la entrada de 900 polizones. La cifra de inmigrantes irregulares que alcanzaron con éxito las costas británicas e irlandesas es una incógnita.

Un agujero para las empresas

Los operadores amenazan con marcharse del norte de España rumbo a Francia porque el asunto de los polizones les escuece especialmente. Por un lado, un producto alimentario en cuyo contenedor ha viajado un polizón queda totalmente inservible por cuestiones de seguridad alimentaria. Y aunque no sean alimentos. Si un polizón rompe el precinto de seguridad de un contenedor la mercancía entera se pierde al quebrarse la custodia de mercancías en tránsito. Esto supone una importante pérdida económica para el cliente y un bochorno para el operador, que a la que acumula varias experiencias similares pone el grito en el cielo y amenaza a la autoridad portuaria con marcharse. Ocurrió primero en Bilbao y ocurre ahora en Santander.

Luego está la multa del Reino Unido y el trajín logístico que implica repatriar al polizón no detectado en origen. El total asciende a más de 6.000 euros por persona. El operador ha de pagar unos 2.000 euros como multa más otros 4.000 por el servicio de escolta policial para devolverlo a España, que incluye el pasaje de avión de los agentes y todos los gastos derivados.

Muchos polizones son traídos por las mafias albanesas, que tienen operarios en el norte de España y enlaces por toda Europa. Cobran entre 2.000 y 3.000 euros el trayecto y tratan de meterlos en el puerto de varias maneras, principalmente en furgonetas. Los pasajes más exclusivos alcanzan los 6.000 euros y vienen con el paquete completo: ocultación y soborno a un chófer de camión para que aparque su vehículo en el recinto portuario, se marche por unas horas y no revise la carga cuando regresa a la dársena. Otros polizones con pocos recursos lo intentan por su cuenta, en grupos de tres o cuatro personas. A veces se coordinan varios grupos para desbordar a los agentes policiales. La mayoría son menores de 30 años. Junto a los albaneses se han detectado raramente ciudadanos de Oriente Próximo como Siria e Irak.

Hay gente que lleva meses en Francia esperando que le digan el día y la hora, no solo gente mayor, también niños

Pese al control policial y a la baja tasa de éxito, la presión migratoria va en aumento, presuntamente debido al avance del Brexit y a la desesperación de estas personas varadas en condiciones insalubres. Según fuentes consultadas por el 'Ideal Gallego', "hay gente que lleva meses en Francia esperando que le digan el día y la hora, no solo gente mayor, también niños".

El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, anunció en mayo más dotación de medios materiales y humanos a los puertos más sensibles, entre los que se cuentan, para desconocimiento de muchos, Bilbao y Santander. La Guardia Civil reconoce que "se están actualizando los protocolos" de actuación contra los polizones, es decir, endureciendo el control fronterizo. Actualmente la Guardia Civil cuenta con cerca de 50 efectivos en la zona portuaria de Santander.

"Tenemos una efectividad muy alta. Muy pocos logran entrar en el barco y los que lo consiguen son detectados al llegar a puerto", indican fuentes policiales. En mayo de 2018, Guardia Civil y Policía Nacional crearon la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) para reforzar la lucha contra la inmigración irregular. A finales de año se les unió la Unidad Móvil de Fronteras de la Policía Nacional. La policía de fronteras española mantiene una colaboración estrecha con su contraparte irlandesa, la Garda Síochána.

Todos los vehículos y personas que acceden o desembarcan en los puertos de Santander y Bilbao son chequeados al detalle. En estas labores, además de diferentes medios técnicos, se utilizan perros adiestrados para la detección de personas en catástrofes naturales. También está prevista la adquisición de detectores térmicos próximamente. Los polizones suelen esconderse al fondo de los contenedores y remolques, bajo palés y cajas de mercancía.

La tasa de éxito de la BRIC supera el 90%, según aseguran. Y, sin embargo, los polizones siguen colándose en las dársenas, empujados tal vez por el engaño de las mafias a las que han pagado los ahorros de una vida. Los meses de verano son los más transitados, con fines de semana que alcanzan los 50 intentos. Entidades en defensa de los inmigrantes y partidos políticos como EH Bildu y Podemos han calificado el muro de Bilbao como "muro de la vergüenza". En Santander, los representantes sindicales de los portuarios subrayan que más que llenar el puerto de vallas, lo importante es disponer de una buena dotación policial.