Al Ayuntamiento de Madrid o ERE, oferta del PP a exdirigentes y funcionarios de Génova

En la sede central del Partido Popular empezó este verano el desfile de exdirigentes y funcionarios con puesto fijo en la plantilla con destino a distintas administraciones, primero a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y luego al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad; pero la vuelta de vacaciones se presenta complicada en Génova por las escasas bajas registradas hasta finales de agosto.

En fuentes del PP reconocen los apuros económicos inmediatos en el arranque de curso e insisten en su objetivo de evitar la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) como consecuencia de perder casi la mitad de las subvenciones oficiales con el desastre electoral de los comicios del 28-A.

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Ángel Collado

Los antiguos miembros del aparato que se han quedado sin sitio con la renovación de las listas y del comité ejecutivo, más el personal de todas las secciones que es considerado sobrante reciben desde julio un mensaje parecido: "al grupo municipal o ERE". Algunos asesores, secretarias y periodistas afectados han renunciado ya, y por escrito, a su plaza en Génova para integrarse en el Ayuntamiento recién 'reconquistado' para el PP por José Luis Martínez-Almeida.

Es un trasvase pendiente de cerrar la próxima semana y que será, junto con la posible convocatoria de nuevas elecciones, el dato básico para que la secretaría general se acabe de decidir en septiembre por un severo recorte de plantilla con despidos individuales o con expediente general.

Recorte de subvenciones

Los populares han perdido de entrada 9,3 millones de euros para el mantenimiento ordinario de la organización, los que abona del Ministerio del Interior, y se prepara para reducir su presupuesto en casi un 40%. El otro mensaje que corre por la sede central de Génova es que, con ese recorte de subvenciones, fruto de pasar de los 137 diputados de la anterior legislatura a 66 de la actual, no hay dinero ni para pagar las nóminas de los empleados.

El plan de ajuste es responsabilidad de la secretaría general que dirige Teodoro García Egea y la encargada de hacer las ofertas individuales de salida la gerente, Carmen Navarro. Se trata de una segunda fase de los recortes de plantilla ya aplicados hace dos años por la propia Navarro con un plan de bajas incentivadas al que se apuntaron apenas 25 funcionarios en una primera fase de los más de 400 empleados con nómina en la central de Génova más los gerentes repartidos por provincias.

Entre los dirigentes más veteranos del aparato y con plaza fija en el partido que perdieron el escaño en abril, el primero en aceptar una recolocación fuera de la casa fue el senador Tomás Burgos, reconvertido en asesor del Grupo Popular en el Congreso después de 23 años en la Cámara alta como parlamentario.

La oferta de cambios de destino incluye la renuncia por escrito a la plaza fija o excedencia en la plantilla del partido como paso previo al contrato en el grupo municipal de Madrid (donde hay más sitio) o la promesa de búsqueda posterior de acomodo en la administración autonómica.

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EFE

En las áreas ejecutivas o parlamentarias de la Comunidad de Madrid el margen de reubicación que tiene la dirección nacional del PP es muy pequeña porque ya hay equipos salientes y, además, ahora tienen que hacer sitio para dar entrada a los dirigentes y al personal de confianza de Ciudadanos, según apuntan en fuentes de los populares.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en el primer destino de muchos asesores, secretarias y asistentes de la sede de Génova. Entre los trabajadores de más larga trayectoria en Génova que acaban de aterrizar en ese grupo figura Valle Ordóñez, fija alrededor de Mariano Rajoy en tareas de protocolo, primero en la oposición y después en el Palacio de La Moncloa.

Pero la mayoría de los llamados al despacho de Navarro han rechazado las recolocaciones o han quedado en dar su respuesta a la vuelta de las vacaciones. En medios de la dirección reconocen que la resistencia de los más veteranos a renunciar a sus plazas se ha convertido en un grave obstáculo para evitar un ERE que les podría dar mala imagen, aunque sería la salida más rápida para evitar que la formación dispare su déficit este otoño.

Por encima del rango y la remuneración de los asesores, los exdirigentes con trayectoria más larga en la organización están pendientes de otros puestos ejecutivos o de gestión que se mueven en la órbita de las administraciones autonómica y municipal de Madrid, como las empresas públicas o consorcios dependientes; desde el Ifema al Canal de Isabel II o el Club de Campo.

Los miembros del aparato que se han quedado sin sitio en el Congreso y el Senado, y después fuera del nuevo equipo de Pablo Casado, optan ahora a entrar en ese tipo de cargos, pero son destinos que ya no dependen en exclusiva de la decisión del PP al requerir muchos de ellos del visto bueno de sus socios de Ciudadanos.