Colza, vacas locas, La Mechá: las crisis sanitarias que han acabado en los tribunales
El Código Penal castiga a todo aquel que produzca, adultere, distribuya o comercialice cualquier tipo de alimento que pueda suponer un peligro para quien lo consuma, con pena de prisión
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La crisis sanitaria provocada por el brote de listeriosis a raíz de la carne distribuida por La Mechá ha acabado en los tribunales. La asociación que agrupa a la plataforma de afectados, FACUA, ha presentado esta semana una querella en los juzgados de Sevilla contra la empresa Magrudis SL, fabricante del producto contaminado, por un posible delito contra la salud pública. Es solo el arranque de un procedimiento que será largo y en la que no se puede descartar que se acaben solicitando responsabilidades por la gestión política de la alerta. No es el primer caso alimentario que acaba en los tribunales ni será el último.
El más grave es el caso de la colza. La epidemia se desató en abril de 1981 y provocó miles de muertos y afectados. La causa, el consumo de aceite de colza desnaturalizado con fines industriales y vendido de manera fraudulenta para consumo humano. Las garrafas se vendían a precio bajo en pequeños comercios y mercadillos, teñidas con anilina, una sustancia tóxica decolorante que daba aspecto natural al producto.
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Opinión En marzo de 1987 se iniciaba la macrocausa. Una cuarentena de empresarios relacionados con el envenenamiento masivo. La primera sentencia condenó a penas de hasta 20 años a los trece aceiteros que importaron desde Francia ese aceite para uso industrial, pero la segunda sentencia consideró al Estado responsable civil subsidiario, después de condenar al director de Aduanas. Las indemnizaciones superaron los dos millones de euros.
Ninguna situación posterior puede compararse a esta. Veinte años después del aceite envenenado, otro caso alimentario sembró el temor en España. Terminaba el año 2000 cuando una epidemia hasta entonces sin nombre irrumpía en nuestros hogares. Las vacas locas habían llegado. La primera res infectada se detectó en Carballedo (Lugo). La transmisión de la dolencia del animal a los humanos, un mal conocido como enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, provocó la muerte de cinco personas por esta enfermedad, las últimas en 2008. La batalla legal se mantuvo en Europa con poco éxito para los afectados. El Tribunal de Primera Instancia de la UE rechazó una demanda presentada por 600 ganaderos españoles contra las instituciones comunitarias, para pedirles indemnizaciones por su mala gestión.
El consumo alimentario ha provocado también casos mucho más reducidos. El botulismo, una enfermedad con nombre añejo, provocó una alerta localizada en Cataluña en 2006 después de que nueve bomberos la contrajeran por consumir latas de judías blancas cocidas y bacalao desmigado y desalado que se vendían en toda España en supermercados. Los afectados, denunciaron a la empresa conservera. Otro brote de esta misma enfermedad se localizó en León por el consumo de cecina distribuida por una empresa también condenada posteriormente por la distribución de carne en mal estado.
El 'horsegate'
Sin repercusiones para la salud pero sí sanitarias, se encuentra el caso de la carne de caballo. La Guardia Civil detuvo recientemente en Calpe (Alicante) a Johannes Fasen, un holandés acusado de liderar desde España una red que llevó a cabo la mayor estafa europea ligada al comercio de carne de caballo no apta para el consumo. El líder de una trama conocida como el 'horsegate'. La red descubierta inicialmente en Reino Unido, extendía su actividad en más de una docena de países, donde algunas reconocidas marcas de comida precocinada habrían utilizado esta carne en la elaboración de millones de platos.
España no es ajena al tongo de la carne de caballo la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que condenó en mayo a tres años y nueve meses de prisión por un delito de estafa a un carnicero que camufló carne de caballo entre los lotes de vacuno que vendió a una empresa distribuidora, a la que deberá indemnizar con 932.000 euros.
La mayoría de estos casos acaban en condenas por delitos contra la salud pública. El Código Penal también castiga a todo aquel que produzca, adultere, distribuya o comercialice cualquier tipo de alimento que pueda suponer un peligro para quien lo consuma, con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio de hasta diez años.
La crisis sanitaria provocada por el brote de listeriosis a raíz de la carne distribuida por La Mechá ha acabado en los tribunales. La asociación que agrupa a la plataforma de afectados, FACUA, ha presentado esta semana una querella en los juzgados de Sevilla contra la empresa Magrudis SL, fabricante del producto contaminado, por un posible delito contra la salud pública. Es solo el arranque de un procedimiento que será largo y en la que no se puede descartar que se acaben solicitando responsabilidades por la gestión política de la alerta. No es el primer caso alimentario que acaba en los tribunales ni será el último.